El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de la instrucción del caso 3%, tomará declaración entre el próximo 5 y 7 de julio como investigado al exgerente de TV3 y administrador de Triacom Oriol Carbó.

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que esos días el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 escuchará también como investigados al exdirector de Meteocat Oriol Puig y al administrador de Hispart, Juan Manuel Parra.

Estas nuevas declaraciones acordadas por el instructor llegan después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase un escrito fechado este mismo jueves solicitando estas diligencias y describiendo el "entramado de financiación ilegal de CDC a través de la facturación falsa".

Respecto de Carbó y Puig, según explica el fiscal José Grinda, la ejecución del requerimiento judicial relativo a Meteocat --el Servei Meteorològic de Catalunya-- desveló que la cantidad obtenida por la productora Triacom de dicho servicio autonómico respondió a un fraude orquestado por ambos.

"Según se desprende de la documentación obtenida del Meteocat, y recoge el informe policial aportado con el Oficio de 27 de abril de 2022, se produjo un proceso de licitación fraudulento y un cobro de 'Triacom' de 70.800 euros (con fecha final de 3 de febrero de 2016) pese a no existir trabajo ni servicio alguno que lo justificara", señala el fiscal en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Diseño e implementación de la campaña de CDC

En relación a Parra, Anticorrupción apunta que desde el comienzo de esta pieza se ha acreditado que Hispart prestó servicios a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) consistentes en diseñar e implementar la campaña de comunicación para el partido correspondiente a la campaña electoral de las elecciones de 2010, generando una deuda de aproximadamente 750.000 euros.

En su escrito, la Fiscalía señala que consta cómo el exgerente de CDC Germá Gordó se dirigió a Carbó "y le dio instrucciones para que abonara a Parra la deuda" que el partido "había contraído con él" y con Hispart por la organización y producción de dicha campaña electoral.

La cantidad total abonada por Triacom a Hispart por cuenta y en beneficio de CDC, afirma el fiscal, ascendió aproximadamente a 750.000 euros. "Para ello, Carbó y Parra se pusieron de acuerdo en simular de manera completa unos documentos destinados expresa y directamente a la actividad económica", añade.

En este contexto, Anticorrupción explica que la conversación cuya grabación aportó al procedimiento el propio Parra revela que este investigado era consciente del carácter ficticio de las facturas que giraba contra Triacom.

"Ese carácter ficticio era, según se ha dicho, de carácter absoluto. Es decir, no solo se faltaba a la realidad en la descripción del concepto, sino que se originaban unos documentos que incluían a una empresa absolutamente ajena a la realidad subyacente de los pagos pretendidos", apostilla la Fiscalía.

En un oficio policial, continúa, se acredita que las sociedades Audio Visuales Exit, S. L., Hispart, S. L. y Estereo Rent, todas ellas propiedad de Juan Manuel Parra, recibieron diversas cantidades de Triacom.

En conclusión, el Ministerio Público aduce que los "pagos realizados a Parra y sus empresas por Triacom son parte de un entramado de financiación ilegal de CDC a través de facturación falsa, debiendo investigarse si, además de esas tres sociedades, Juan Manuel Parra recibió otras cantidades de Triacom".

La pieza Triacom

La pieza Triacom es una de las líneas de investigación de la causa donde el juez Pedraz intenta dilucidar si altos cargos de CDC, en connivencia con funcionarios y empresarios, "pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta".

Para ello, conforme al relato judicial, "alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC".

El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata, apuntó en 2019 que Triacom podía estar implicada en la presunta financiación ilegal de CDC aunque con una operativa distinta. Su "singularidad" radicaría en que, en vez de hacer donaciones a las fundaciones, pagaría deudas contraídas por el partido catalán con otras empresas justificándolo mediante facturas falsas.

En concreto, detalló que habría saldado una deuda contraída con CDC con la mercantil Hispart, especializada en producción audiovisual, por la campaña electoral de 2010. La cantidad abonada por Triacom por este concepto habría sido de unos 750.000 euros.

De la Mata advirtió entonces de que Triacom también se habría usado para pagar gastos particulares de personas ligadas directa o indirectamente a CDC, entre las que mencionó al ex presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé o la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol.