La Fiscalía de Menores ha devuelto a la Conselleria de Igualdad valenciana el expediente de protección abierto al hijo de la joven que sufrió abusos por parte del monitor del Centro Niño Jesús, Luis Ramírez Icardi, exmarido de la exconsellera Mónica Oltra y condenado a cinco años de cárcel por estos hechos. La sentencia no es firme y está pendiente de un recurso de casación ante el Supremo que aún no ha sido admitido a trámite. La Fiscalía de Menores comunica a la Conselleria de Igualdad que deberá informar "periódicamente" de la situación del menor, sobre el que los servicios sociales de una mancomunidad de la Ribera Alta, donde residía la joven tutelada por la Generalitat que ya es mayor de edad, al detectar una "situación de riesgo" (alertada por informes de Sanidad y de la Guardia Civil) por la falta de medios económicos de la joven y su actual pareja, que acaban de tener un segundo hijo, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos.

La Fiscalía de Menores también ha comunicado a la Conselleria de Igualdad que no corresponde al Ministerio Público realizar ninguna valoración o adoptar medidas de protección sobre los menores, ya que la administración competente en este asunto es la autonómica, a través de la dirección general de Infancia y Juventud que depende de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ahora dirige Aitana Mas, tras la dimisión de Mónica Oltra el pasado 21 de junio.

Igualdad decidió no intervenir en este expediente de protección del menor de la joven extutelada debido a la situación judicial de los principales responsables del área de Infancia y Juventud de la conselleria. Doce funcionarios y directivos de Igualdad, más la exconsellera Mónica Oltra y otras dos trabajadoras del Centro Niño Jesús donde se cometieron los abusos están investigados en la causa del Juzgado de Instrucción 15. Una causa que investiga desde junio de 2021 el tratamiento que recibió la menor que sufrió los abusos por el monitor Luis Ramírez Icardi desde que verbalizó los hechos hasta que se denunció en Fiscalía de Menores y se pudo juzgar al monitor.

Así que será la Conselleria de Igualdad, junto a los servicios sociales del municipio donde reside la joven, los que deberán iniciar el Plan de Intervención Familiar que permita tanto a la joven como a su actual pareja, poder mejorar las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran. Los dos jóvenes han sido tutelados por la Generalitat mientras eran menores de edad por lo que podrían acogerse a diversas ayudas de la Administración. Según ha podido saber Levante-EMV, la joven solicitó la renta valenciana de inclusión en un municipio de l'Horta Sud, pero no completó la información necesaria. Una tramitación que se reintentó por la vía extraordinaria en 2022, pero que tampoco se completó porque las donaciones que recibe superan el máximo que permite la normativa de la renta valenciana de inclusión. La joven también denunció este miércoles haber sido sometida a una analítica tras dar a luz en el Hospital La Fe, presuntamente para detectar un posible consumo de estupefacientes, en el que la joven dio negativo, según confirmaron fuentes de su defensa.