A principios de agosto se cumplirán cuatro meses del encuentro que mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa cuando el dirigente gallego se hizo con el poder del partido conservador. Todo hacía pensar que las relaciones de las dos grandes fuerzas políticas podría dar un giro. En el tono se vieron avances. Pero en el contenido todo ha resultado ser un espejismo. De los once pactos que el presidente del Gobierno planteó al líder de la oposición no ha habido apenas avances. Y en el PP no esconden el fuerte malestar por la escasa comunicación que Moncloa mantiene con ellos, sin informarles de asuntos de Estado como la política exterior.
Sin duda, la negociación fallida para renovar el Consejo General del Poder Judicial (y las vacantes pendientes del Tribunal Constitucional) ha terminado haciendo saltar por los aires la relación, que en este momento parece dinamitada. A la falta de confianza mutua se suma el arranque del próximo curso político en forma de precampaña, que hace aún más difícil retomar el diálogo. Unas elecciones en las que los dos partidos se lo juegan todo mirando a las generales.
El clima entre PP y PSOE, contra todo pronóstico tras la salida de Pablo Casado, sigue igual de enrarecido. Desde la llegada de Feijóo en el Gobierno pusieron en circulación el argumentario de que el dirigente gallego no es más "moderado" que su predecesor. Eso que al principio se interpretó como un flanco de ataque contra él empieza ahora a asumirse con bastante convicción en el Ejecutivo, que pone en duda incluso que se haya bajado el nivel de insulto.
La realidad es que ambos han sido incapaces de acercarse en asuntos que parecían relativamente sencillos. Uno es el cambio en el artículo 49 de la Constitución para quitar la palabra “disminuido” al hacer referencia a las personas con discapacidad. Es una cuestión en la que los dos coinciden (el propio Sánchez se lo planteó a Feijóo en Moncloa). Pero el líder del PP hizo una oferta pública en junio de reforma exprés sin obtener respuesta. El jefe del Ejecutivo, de hecho, reprochó al gallego en su único duelo en el Senado “seguir vetando esa reforma”. Algo que le sentó muy mal a Feijóo, tildándolo de “falso” y despertando más recelos entre ambos dirigentes.
La versión de Moncloa sobre el estado de la situación es que el PP "no quiere pactar nada" y que sus ofrecimientos no son reales. La prueba, dicen, es el desencuentro en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que al principio parecía posible.
Las negociaciones saltaron por los aires, según fuentes del Ejecutivo, porque Génova daba largas. Primero Feijóo pidió a Sánchez tiempo para situarse, después una pausa hasta que pasaran las elecciones en Andalucía y, finalmente, un error de comunicación reventó las opciones de pacto. Génova pensaba proponer una reunión al Gobierno tras el 19-J, pero unos días antes se descolgaron con que enviarían una propuesta en un mes cuando en realidad iba a ser este mes de julio.
A partir de ahí el Ejecutivo impulsó una modificación legislativa —una reforma de su propia reforma anterior— para levantar el veto a los nombramientos del CGPJ cuando se encuentra en funciones y permitir que designe su cuota en la actualización de un tercio del Tribunal Constitucional.
La relación entre Bolaños y Pons, tocada
Con esa decisión se han roto todos los puentes y han quedado muy en entredicho las posibilidades de entendimiento entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicepresidente de Institucional del PP, Esteban González Pons, que son los negociadores designados por sus jefes. En Moncloa existe incluso la impresión de que era más fácil el diálogo con el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, con quien Bolaños mantenía además una buena relación personal frente a González Pons, al que apenas conoce.
Además de la falta de conexión en las relaciones, en Moncloa critican "las continuas exageraciones de Feijóo sobre la situación económica" que sólo intentan "distorsionar la realidad", la "utilización de las víctimas del terrorismo" en el debate del estado de la nación y en la reunión para "hacerse la foto" que "forzó" con algunas asociaciones y que, en los últimos días, ni siquiera haya mantenido silencio sobre los cambios en el PSOE. "Nosotros, tanto el Gobierno como el partido fuimos muy respetuosos con la crisis del PP y ellos han cruzado todas las líneas", aseguran sobre las recientes declaraciones de Feijóo en las que acusaba a Sánchez de "tener un enorme talento para buscar culpables y cesarlos" a raíz de la remodelación del PSOE de esta semana.
Sin acuerdos ni avances
Los otros grandes pactos mollares, relativos a economía, energía y política exterior, tampoco han dado visos de prosperar. Más bien, al contrario. Las posiciones están cada vez más lejos. El PP votó en contra del primer decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania aunque mantuvo viva la negociación con el Gobierno hasta el último momento. En el segundo decreto, los conservadores decidieron abstenerse por la bajada del IVA a la luz y las ayudas directas a las familias y autónomos más vulnerables. Pero lo hicieron con fuertes críticas y oponiéndose por completo a otras muchas medidas incluidas.
El debate energético y el exterior aparecen ahora más mezclados que nunca y, probablemente, son los puntos de mayor discrepancia. El Gobierno ha pedido en muchas ocasiones al PP su apoyo o, como mínimo, el cese de sus críticas públicas ante las crisis abiertas con Marruecos y Argelia. Moncloa entiende que Feijóo está faltando a su palabra de hombre de Estado y que no mide las consecuencias de su postura para España.
Y el PP, en cambio, acumula molestias por la falta de información en asuntos de tanta relevancia y por los movimientos del ministro José Manuel Albares, sobre todo en lo que respecta a Argelia. Ni compartieron las formas en el giro sobre el Sáhara para acercarse a Marruecos ni comprenden el conflicto abierto con Argel en un momento clave por la relación que España tiene en materia energética.
Otro de los pactos que Sánchez puso encima de la mesa miraba directamente a la gestión de los fondos europeos, donde el Gobierno también cree que el PP se ha pasado en el nivel de crítica. Lo cierto es que Feijóo aprovechó uno de sus encuentros en Rotterdam con la familia conservadora europea para “comprender” las dudas que genera “la opacidad” de la gestión española.
Los escasos acuerdos que han visto la luz miran a la eliminación del voto rogado (la reforma de la Ley del Régimen Electoral General pasó al Senado para rematar su tramitación), y a la seguridad nacional. El PP apoyó la ley impulsada por el Gobierno en el Congreso (salvando la votación porque los socios habituales dieron la espalda), pero fuentes del grupo parlamentario aseguran que “no ha habido tampoco avances en ese sentido”, tildando de “maquillaje” la “supuesta voluntad pactista” del Ejecutivo. Recientemente el PP también apoyó el aumento de presencia militar en Rota, un compromiso firmado con EEUU en el marco de la cumbre de la OTAN.
