El Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Oficina de Calidad Normativa tenían de plazo hasta finales de junio para pronunciarse sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto: el Gobierno solicitó el procedimiento de urgencia para su tramitación. Casi dos meses después de haber vencido el plazo para emitir sus informes preceptivos, el Ejecutivo no ha recibido sus dictámenes y ha decidido dejar de esperar y aprobar en Consejo de Ministros el proyecto el próximo martes.
La tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se prevé intensa (con un más que esperable debate de enmiendas a la totalidad de la derecha) y la legislatura hace ya meses que superó su ecuador, el Ejecutivo no puede permitirse el lujo de desperdiciar ni un minuto para poner en marcha su agenda legislativa.
La ley de Gobierno permite continuar el procedimiento legislativo aun cuando falten informes preceptivos (es el caso del anteproyecto de ley trans y LGTBI, que fue a segunda vuelta sin el pronunciamiento del Consejo Fiscal). Sin embargo, esto" sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciban". Y esta es la vía por la que ha optado el Ejecutivo para que la reforma del aborto llegue cuanto antes al Congreso de los Diputados, pues no quería repetir lo que sucedió con la ley trans, que tardó meses en volver a la mesa del Consejo de Ministros esperando los informes.
Los órganos consultivos recibieron el texto del anteproyecto el 13 de junio y disponían de 15 días para su estudio y pronunciamiento. Sólo el Consejo Económico y Social cumplió su tarea en plazo, aunque lamentando que fuera tan reducido para analizar una ley de semejante profundidad.
Fuentes del Ministerio de Igualdad lamentan que el CGPJ haya "vuelto a incumplir la ley y los plazos establecidos", algo que también han hecho el Consejo Fiscal y la Oficina de Calidad Normativa. Este proyecto no necesita informe preceptivo del Consejo de Estado -precisan desde el departamento de Irene Montero, pues "no es una ley que se dicte en cumplimiento de un convenio o tratado internacional".
El otoño parlamentario de 2022 va a ser intenso en materia de igualdad: la tramitación del proyecto de reforma de la ley del aborto coincidirá en el tiempo con la negociación de la ley trans y LGTBI y la proposición de ley contra el proxenetismo. Todas ellas requerirán debate y negociación con los socios parlamentarios.
El anteproyecto de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo permitirá que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno, regulará la objeción de conciencia de los médicos para garantizar este derecho en la sanidad pública, incluirá una incapacidad temporal para reglas dolorosas y acabará con los sobres y los tres días de reflexión antes de un aborto.
