Isabel Díaz Ayuso se presenta este lunes en el debate del estado de la región libre de los peligros que la acechaban en su primer y único debate al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, allá en 2020. Y segura también, gracias a las encuestas que prevén una reedición de su actual poder en la región, de que sus anuncios pueden tener más peso que cualquier otra lectura política de la oposición. Aunque todo eso no quita para que siga a la espera de saber si Vox le permitirá tener unos presupuestos generales que le faculten para implementar todas las medidas que supongan un incremento de gasto.

Promesas en salud

Entre las principales iniciativas que tiene previsto anunciar durante su intervención de este lunes, se encuentra la implantación del modelo de carrera profesional para el personal sanitario temporal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La interinidad, los cierres de servicios de Urgencias, la escasa retribución salarial en comparación con otras comunidades y las plantillas insuficientes de centros de atención primaria y hospitalaria han perseguido a la presidenta desde que comenzó su primera legislatura, pues el problema se agravó especialmente con la pandemia pero venía ya de lejos. Ahora Ayuso afirma que va a negociar esta medida con la mesa sectorial para que pueda ser implantada en el último trimestre de este año, lo que permitirá, a juicio del Gobierno, mejorar las retribuciones a un colectivo concreto del SERMAS, el personal estatutario temporal. Más de estos 22.000 profesionales podrían ver sus nóminas premiadas con un incremento del salario con máximos de hasta 14.600 euros al año. Esto supondría, según la información facilitada por Sol, un coste anual de 85 millones de euros.

Sindicatos y personal sanitario llevan meses reclamando terminar con la temporalidad del personal sanitario e incrementar las plantillas para ofrecer un servicio que en estos momentos cojea especialmente en la atención primaria. Los anuncios se han repetido en los últimos meses y la Comunidad aprobó finalmente el pasado mes de diciembre una ley que prometía reducir el problema con la incorporación de 32.000 profesionales en los dos años siguientes, principalmente, favoreciendo los contratos fijos a través también de nuevas ofertas de empleo público. Ahora, el anuncio de la implantación del modelo de carrera profesional pretende garantizar a los profesionales que se rigen por un régimen estatuario (similar al de los funcionarios públicos) la posibilidad de seguir mejorando sus condiciones salariales en función de sus capacidades y objetivos cumplidos.

Mejoras en educación

Ayuso también anunciará hoy un incremento retributivo para el personal docente de la región. A partir del 1 de enero de 2023 los profesores de Secundaria y Bachillerato de centros públicos y concertados verán cómo su nómina aumenta en 90 euros al mes y los de Primaria, 75 euros. Desde la Comunidad informan de que esta medida, que supondrá un aumento anual de entre 1.260 y 1.050 euros y beneficiará a alrededor de 86.000 profesionales, será adicional a cualquier otra mejora que se apruebe en los presupuestos generales del estado.

Además, esta iniciativa irá acompañada de una inversión de 20 millones que servirán para incentivar la productividad del profesorado, ya que se destinará a complementos salariales para aquellos docentes que desarrollen proyectos "para enriquecer la oferta educativa de la región y la atención al alumnado". La pandemia trajo también consigo nuevas necesidades en los centros educativos y, frente a las críticas recibidas por la oposición y los representantes sindicales del sector, en Sol ponen énfasis en el esfuerzo que se hace desde la consejería de Enrique Ossorio y la incorporación de 1.266 nuevos profesionales durante este curso escolar para continuar atenuando las necesidades que el covid produjo en una parte del alumnado.

Ayudas fiscales para el bolsillo

Junto a las medidas que favorecen a profesionales del sector público, el equipo de Ayuso ha buscado también otras medidas para el resto de los ciudadanos. Así, la presidenta anunciará el adelanto de una medida ya anunciada antes del verano: la deflactación del IRPF autonómico.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, propuso esta medida la primavera pasada al presidente del Gobierno para hacer frente a la crisis, pero Pedro Sánchez la rechazó. Así que la respuesta fue que los populares la pondrían en marcha a través de las comunidades que gobiernan dentro del margen que estas tienen para tocar el IRPF. Ayuso anunció su aplicación en mayo de este año y estaba previsto que entrara en vigor en enero de 2023, pero la presidenta quiere adelantar el efecto de esta medida y será aprobada en el tercer trimestre de este mismo año para su aplicación inmediata.

En su día ya se explicó que se buscaban dos efectos. Por un lado, si una persona a la que le subieran el salario como consecuencia de la inflación veía cómo esto producía que subía un escalón en el tramo impositivo, la deflactación facilita que se mantenga en el mismo tramo y, en consecuencia, el incremento del sueldo se note en el bolsillo y no en el pago de impuestos. Es lo que Ayuso llamó en su día "una subida de impuestos encubierta" y eso es lo que se pretende evitar. Por eso, apunta la información facilitada por Sol, la medida se va a aplicar también "al mínimo personal y familiar, que es la parte de la renta por la que no se tributa al destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares. De esta manera, se elevará el tope de este tramo para que las familias no acaben pagando una cuota superior a la de su capacidad económica".

Por otro lado, el razonamiento que siguen en el equipo popular es que si no hay subida de salario, los trabajadores verán que esta deflactación puede favorecer la declaración de la renta del año siguiente porque interpretan que "constituye una bajada de impuestos porque pagaría un tipo medio efectivo menor", según explicaron en mayo.

Lo que se concretará es el cómo, que entonces no se aclaró: "se tomará como referencia el incremento medio de los sueldos en la Comunidad de Madrid, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que son los rendimientos de trabajo los que están ligados a la tributación por IRPF. En concreto, se establecerá el dato del segundo trimestre de 2022, que se publicará el próximo 16 de septiembre". Es decir, justo al día siguiente del debate del estado de la región.

Sin grandes presiones

Estas medidas se anuncian en una sesión en la que la presidenta no sentirá la presión de las deprimentes cifras de contagiados y fallecidos de la pandemia, que se multiplicaban sin solución aparente en septiembre de 2020, fecha en la que tuvo lugar el primer debate de Ayuso como presidenta. Tampoco sentirá hoy el control del que era vicepresidente de su Gobierno en aquel debate, Ignacio Aguado, que amenazaba 'sotto voce' con una moción de censura que la borraría del mapa político. Lo que sí tiene igual que entonces es la incertidumbre de si Vox le permitirá sacar adelante sus presupuestos a final de este año. Pero aquel era su primer año en el gobierno y los de entonces los primeros presupuestos que marcarían el paso de la legislatura, con Ciudadanos y Vox intentando marcar la dirección de la misma. Hoy estamos a escasos meses de una nueva cita electoral, Ayuso podría permitirse prorrogar los existentes si no se llegara a un acuerdo y Vox, aunque sigue siendo clave para sacarlos adelante, tiene políticamente menos fuerza que entonces para presionar.

Un 'Gran Hermano' para las inversiones regionales

Ayuso también anunciará hoy un nuevo Programa Regional de Inversiones (PIR), que se materializará en un decreto con 25 medidas que reformen este proyecto que afecta a los 178 municipios de la Comunidad. El objetivo es modernizar este programa agilizando la tramitación de los proyectos y mejorando la gestión del presupuesto (mil millones hasta 2026), así como dar prioridad a aquellos que favorezcan la eficiencia energética.

Para ello se estrenará un nuevo sistema de tramitación exprés de los proyectos presentados por los municipios, que tiene por objeto reducir los plazos de licitación a solo 15 días para los proyectos y a uno o dos meses en el caso de las obras. Además, todas las inversiones del PIR se gestionarán a partir de su entrada en vigor por el procedimiento de urgencia porque se considerarán de excepcional interés general.

Para esta agilización, entre otras cosas, la consejería del ramo creará una Oficina de Asistencia Técnica de Proyectos, que pretende ser una especie de gran hermano que vigile, controle y reconduzca los distintos proyectos puestos en marcha. La idea es que sirva principalmente para vigilar los plazos de ejecución y evitar así incrementos en los presupuestos de las obras, al tiempo que se garantizan los tiempos prometidos. Para conseguirlo, esta Oficina, para el que tendrá que licitarse primero un contrato de asistencia técnica que permita reclutar al personal que vaya a encargarse de este trabajo, elaborará informes mensuales sobre el estado detallado de los trabajos de cada municipio. Pero más allá de su función controladora, la Oficina también pretende ser una herramienta de asesoramiento para los ayuntamientos de la Región.

Según los datos que maneja la Comunidad, el PIR tendrá sobre la mesa mil nuevas actas de proyectos relativos a inversiones de eficiencia energética, accesibilidad e instalaciones deportivas, culturales y sociales.