El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán dictó las resoluciones que le han valido una condena de seis años de cárcel -por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos- en el caso de los ERE "conociendo todas las irregularidades que se estaban produciendo" con anterioridad de su llegada al cargo como Consejero de Economía. Este es uno de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo en la sentencia de 1.205 páginas dada a conocer este miércoles que da firmeza a las condenas impuestas en el mayor caso de corrupción en el que se ha visto inmerso el PSOE.
Con esta afirmación, el Supremo contesta a las alegaciones realizadas por la defensa del ex alto cargo, que argumentó que los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial de Sevilla entre los años 2000 a 2004 le eran ajenos a Griñán porque en dicha etapa no ostentaba cargo alguno en la Junta de Andalucía, debiendo quedar limitada su responsabilidad a su participación en la aprobación de los anteproyectos de presupuestos y en la modificaciones presupuestarias.
El alto tribunal adelantó el pasado 26 de julio el fallo de su sentencia confirmado en sus aspectos esenciales la dictada hace más de dos años, y condena a una veintena de responsables socialistas por permitir durante una década la concesión de ayudas sin control a determinadas empresas andaluzas en crisis. Dos de las magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, consideran que tanto el expresidente como otros cuatro implicados debieron ser absueltos del delito de malversación.
Argumentos discrepantes
Consideran las discrepantes que la sentencia supone “un arriesgado salto en el vacío”, pues atribuye a los cinco acusados que eran ajenos a la Consejería de Empleo, entre ellos a Griñán, “un dolo eventual de difícil encaje en el delito de malversación, con respecto a un resultado fraudulento producido por terceros”.
Asimismo, las magistradas defienden que no se pueden asimilar los delitos de malversación y prevaricación, y recuerdan que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente otorgadas también se habrían dado en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
