Política

El PP acusa a Sánchez de centralista y agita la bandera autonomista en su batalla fiscal

La dirección nacional centra su argumento en el debate político de las competencias y exige al Gobierno "respetar el sistema actual" y no interferir en la capacidad de las autonomías

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / EP

Paloma Esteban

Mientras las autonomías gobernadas por el PP deciden si llevar a la justicia o no el nuevo impuesto que gravará a las grandes fortunas a partir de 2023 y que neutraliza la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio aplicada en Andalucía y la Comunidad de Madrid (Murcia también lo está estudiando), el mensaje político de Génova ha ido tomando cuerpo y la crítica se expresa ahora como un “centralismo” y una “armonización encubierta” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Más allá del impacto económico del paquete fiscal y el objetivo de los conservadores de conseguir una bajada del IVA en la cesta de los alimentos, el partido de Alberto Núñez Feijóo reprocha con dureza “la invasión de competencias” que conlleva la tasa anunciada por la ministra de Hacienda.

Fue uno de los argumentos que rápidamente se apresuraron a lanzar la semana pasada los consejeros de las distintas comunidades autónomas, pero la dirección nacional apuntala el recado a Moncloa y asegura que “ya está claro que se invadieron competencias de hecho y habrá que ver si de Derecho”, zanjó el responsable económico, Juan Bravo, tras reunir a su equipo al completo en la sede de Génova este lunes.

No hubo comité de dirección porque Feijóo se encontraba en Extremadura, participando en el

(Sánchez declinó acudir). Y en su lugar el cuartel general de los populares reunió al equipo económico nacional al completo y a los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades. También participaron “personas externas” con las que el PP está elaborando sus propuestas y a los que consulta a menudo. Como publicó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, son varios exministros y empresarios de primer nivel a los que el PP está implicado en sus documentos de trabajo aunque evita revelar la identidad de todos ellos.

Bravo fue menos taxativo a la hora de asegurar si las comunidades presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto. Siempre ha sido más prudente que otros compañeros de partido, pero este lunes fuentes de máximo nivel reconocían que “hay que esperar a ver cómo figura en el texto legal la tasa”. Todo ello después de que María Jesús Montero se mostrara contundente en una entrevista con este periódico, en la que afirmó que no podría ser declarado inconstitucional porque el Ejecutivo ha trabajado minuciosamente la fórmula. 

Los consejeros autonómicos de Madrid y Andalucía, y también la propia Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, dejan pocas dudas al respecto. Todos los dirigentes autonómicos han elevado el tono dejando claro que defenderán sus márgenes competenciales “usando todas las herramientas necesarias”.

La impresión, sin embargo, es que la dirección nacional busca llevar el debate al terreno político. “Nos parece que evidentemente es invasivo con las competencias autonómicas. Luego, finalmente, veremos la redacción”, dijo Bravo, manteniendo en suspense la acción legal, pero mostrándose muy crítico con la acción gubernamental: “Esto es muy sencillo. Establecimos un sistema y tenemos que respetarlo. Tenemos que ser respetuosos cada uno en su ámbito, las competencias del Estado y a las autonomías, las suyas”, insistió en varias ocasiones el responsable económico en rueda de prensa, afeando a la ministra que a “ella no le gusta que entren en sus competencias”.

En el PP dejan claro que a su juicio el nuevo impuesto de Montero implica una armonización fiscal encubierta, y se preguntan si realmente actuaría “de la misma manera” para frenar actuaciones de otros gobiernos autonómicos como el de Cataluña. “Que se aclare el Gobierno. No se puede actuar contra la acción de los gobiernos autonómicos”.

A por las clases medias

Al relato político, el PP marca su objetivo social mirando a las clases medias que según su crítica “son las grandes olvidadas” del plan fiscal del Gobierno. Por eso Feijóo ha dado orden de seguir insistiendo en la exigencia de bajar el IVA a los alimentos básicos de la compra del 10% al 4%, afectando a productos como carne, pescado o conservas, además de algunos sin gluten y lactosa. “O se baja el IRPF o se baja el IVA, que al final los que más se benefician son esas clases medias”, siguen reflexionando en Génova.

El hecho de que la rebaja al impuesto de la renta se quede en los 21.000 euros (frente, por ejemplo, a lo aprobado por Ximo Puig, que afecta a rentas de hasta 60.000 euros) implica “un abandono total” al grueso de la población española. 

Distancia con Liz Truss

Y mientras el PP sigue defendiendo la bajada de impuestos a las clases medias y, al mismo tiempo, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, en el Reino Unido el debate ha dado un giro total después de que la primera ministra haya reculado en la bajada de impuestos que iba a hacer a las rentas más altas.

La amenaza de que los propios diputados 'tories' se rebelaran contra el plan fiscal de la Liz Truss e incluso pudieran votar en contra recortar el tramo más alto del impuesto, desde el 45% al 40%, dio un vuelco al paquete fiscal. No habrá tal rebaja. Juan Bravo marcó distancias con el caso de Londres, afirmando que “se trata de una situación muy concreta que hay que estudiar”, y se escudó en que las principales críticas al plan de Truss (impulsadas desde la bancada conservadora) se referían especialmente a que no hubiera un plan concreto de ahorro en gasto público.