Carlos Lesmes ha sido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo que más tiempo ha ostentado este cargo en nuestra democracia, casi nueve años. Este lunes formalizará su dimisión tras un final de mandato agónico al frente de un órgano dividido y degradado por la clase política y muy especialmente por los dirigentes del PP, que han estado aplazando la renovación que correspondía por mandato Constitucional, y que fueron precisamente quienes le colocaron en el cargo.

Madrileño, de 64 años, procede de una familia de origen extremeño de fuertes convicciones cristianas, más vinculada a la medicina que al mundo del derecho. Tras aprobar las oposiciones a juez y fiscal, llegó a ejercer como responsable del Ministerio Público en el Tribunal Constitucional -el órgano al que aspiraba a regresar como magistrado- entre 1992 y 1993, pero su especialidad es el contencioso-administrativo, que ha ejercido en altas instancias como la Audiencia Nacional -presidió la Sala especializada en este ámbito- y en el Tribunal Supremo desde 2010. De hecho, es el lugar al que regresará una vez ha concluido su etapa en el Consejo.

Pero su perfil más criticado, sobre todo desde sectores de la izquierda, es el político, pues Lesmes ejerció cargos de responsabilidad en Gobiernos de José María Aznar. Entre 1996 y 2000 fue director general de Objeción de Conciencia, mientras que durante la segunda legislatura popular ejerció como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. 

Desde allí pasó a ocupar sus responsabilidades judiciales en la Audiencia Nacional y el Supremo. Su llegada al alto tribunal no fue, sin embargo, pacífica, ya que su designación por el propio CGPJ fue impugnada por María Asunción Salvo, presidenta suspendida de la Sección Sexta de la Audiencia Nacional, que no estaba de acuerdo con las razones para que se eligiera a Lesmes y a otros tres magistrados entre todos los que optaban al cargo. 

En la sentencia dictada sobre su nombramiento por el Tribunal Supremo, de la que informó en su día Europa Press, se quitaba importancia al hecho de que hubiera ejercido como Director General de Objeción de Conciencia y posteriormente del departamento de Relaciones con la Administración de Justicia durante el gobierno de José María Aznar. 

"De las actuaciones se desprende que ha sido su bagaje profesional el que ha llevado a su nombramiento", destacó el Supremo entonces, añadiendo que la recurrente no ofreció los datos que permitan señalar que el CGPJ actuó con respecto a Lesmes "por motivos distintos de la elección del aspirante más cualificado por mérito y capacidad". Durante su paso por el alto Tribunal destacó su ponencia de la sentencia que en marzo de 2011 ilegalizó Sortu -formación de la izquierda abertzale-, una decisión que fue anulada por el Tribunal Constitucional un año más tarde. 

El 13 de diciembre de 2013, tomó posesión en la cúspide de la carrera, como presidente del Consejo y, por ende, del Tribunal Supremo, con el voto de 16 de los actuales vocales de este órgano. Se impuso a la también magistrada de la Sala Tercera del alto tribunal, Pilar Teso, cuyo nombre siempre aparece en las quinielas como aspirante al cargo, también de cara a la próxima renovación. Durante el acto formal celebrado en el alto tribunal, eligió como padrinos al entonces magistrado más antiguo, Aurelio Desdentado; y el más moderno, José Juan Suay.

Poder absoluto

A diferencia de los predecesores en el cargo, y también de los que le sustituirán en el mismo, Lesmes ha acumulado durante su mandato un poder que algunos han criticado por ser cercano a lo "absoluto", al presidir un órgano cuyos miembros no son todos de dedicación exclusiva tras una reforma legal impulsada durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia que ya ha sido revocada. Dicha reforma, según sus detractores, construyó un CGPJ excesivamente "presidencialista".

Únicamente tienen esta dedicación de carácter particular los siete miembros de la Comisión Permanente del Consejo -en anteriores órganos este núcleo clave lo constituían únicamente cinco personas-, y es Lesmes quien decide quien forma parte del mismo. A lo largo de estos nueve años se han residenciado en la citada Comisión asuntos de gran relevancia que en anteriores mandatos solían verse en Pleno, y no todos los vocales han formado parte de ella.

De los momentos más críticos de su mandato, incluso antes de que se evidenciara que el retraso en la renovación estaba muy lejos de solucionarse en unos meses, están las reacciones que con carácter institucional se dieron frente a determinadas manifestaciones de los socios de Gobierno, especialmente cuando la vicepresidencia estuvo ocupada por Pablo Iglesias.

Llamadas de atención a Iglesias

Así, el 15 de enero de 2020, tan solo dos días después de que Iglesias tomara posesión en el de su cargo, el Consejo aprobó una nada común declaración institucional pidiéndole "prudencia" en sus manifestaciones y le instó a evitar el uso político de la Justicia. Respondía así a unas declaraciones en una entrevista radiofónica en las que el entonces vicepresidente afirmó que resoluciones de los tribunales europeos en relación con el procés independentista en Cataluña habían dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo cual suponía una "humillación para el Estado".

Estas llamadas de atención se repitieron en otras ocasiones, y no habían sido las primeras que salían de un órgano presidido por Lesmes. En abril de 2108, este órgano pidió mesura al entonces ministro popular de Justicia Rafael Catalá, después de que éste dijera también en una entrevista que el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo Martínez, tenía algún "problema singular" y "todos lo saben".

Frente a lo que parecía una sintonía con aquellos que le eligieron como presidente del tercer poder del estado, Lesmes ha adoptado en los últimos tiempos una posición eminentemente institucional que parece haberle alejado del Partido Popular. En fuentes del Consejo, algunos señalan que el origen de alejamiento puede encontrarse en el verano de 2017, cuando se produjo la declaración del expresidente Mariano Rajoy en el primer juicio de la trama Gürtel, que no pudo evitar, y ha venido acrecentándose en relación con la programación de los debates sobre informes de ley y, últimamente, por un posicionamiento muy crítico con las posturas de la formación liderada por Pablo Casado y hoy por Alberto Núñez Feijóo contrarias a llegar a un acuerdo para renovar el órgano. 

Esta postura de defensa de la institución ha venido cristalizando en los cuatro últimos discursos de Lesmes ante el Rey con ocasión de la apertura del año judicial, los que han correspondido con la institución ya fuera de mandato. En el último, donde el enfado por la actual parálisis ha sido más evidente -sobre todo por las consecuencias en un Tribunal Supremo en mínimos, que puede acumular una veintena de vacantes si hasta final de año no se han producido nombramientos- fue cuando adelantó su posible renuncia, como una decisión "que no gusta" frente a la situación de bloqueo institucional "insostenible".

El final ha coincidido, además, con un Consejo sin duda fracturado, limitado en sus funciones desde marzo de 2021, con dos miembros menos -por un fallecimiento y una jubilación de vocales que el Parlamento ha rechazado sustituir- y con un sector conservador, que es el mayoritario, posicionado en una situación de "rebeldía" frente a la última reforma propiciada por el Gobierno para lograr la renovación que corresponde en el Tribunal Constitucional. Todo ello ha hecho que Lesmes de por perdido su retiro deseado en este órgano, donde aspiraba al puesto que queda vacante tras la renuncia del magistrado Alfredo Montoya, de la cuota del PP en el Senado.