La familia de José Antonio Primo de Rivera ha pedido la exhumación de sus restos mortales del Valle de los Caídos antes de que se convierta en un cementerio civil, como establece la Ley de Memoria Democrática y, en aplicación de ese texto legal, los restos del fundador de la Falange pasen a un lugar no destacado o preeminente en el recinto monumental de Cuelgamuros.

El cabeza de la familia, Fernando Primo de Rivera y Oriol, ha firmado un comunicado hecho público en la tarde de este lunes, en el que confirma que ya han enviado la solicitud a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, -encargada de la policía mortuoria regional- y al abad del valle de los caídos, el fraile benedictino Santiago Cantera, quien en 1993, antes de tomar los hábitos, fue candidato de Falange Española a un escaño en el Congreso.

Dado que la Ley de Memoria, que recientemente ha pasado su último trámite en el Senado, califica de cementerio civil al recinto en el que están depositados 34.000 cadáveres de los dos bandos de la Guerra Civil, la familia Primo de Rivera "se considera obligada a cumplir la voluntad de nuestro tío -, dice su comunicado- y llevar a cabo la exhumación y correspondiente inhumación de sus restos mortales en un cementerio sagrado de acuerdo con el rito católico".

El Ministerio de Presidencia, cuyo titular es Félix Bolaños, ha contestado a la nota emitiendo otro comunicado, en el que "agradece la predisposición de su familia para proceder a la exhumación y cumplir con la Ley de Memoria Democrática".

A un cementerio católico

Una tumba en el cementerio Sacramental de San Isidro de Madrid es el primer destino para los restos que ha pensado la familia de José Antonio Primo de Rivera, que fue condenado a muerte y fusilado en la prisión de Alicante el 20 de noviembre de 1936.

En ese cementerio, el más monumental de Madrid, con valiosas lápidas y esculturas de los siglos XIX y XX, descansan varios miembros de la familia, entre ellos la hermana del político, Pilar Primo de Rivera, que mandó la Sección Femenina de la Falange y fue figura destacada del primer franquismo. En el camposanto de San Isidro, donde los Primo de Rivera poseen varias tumbas, estuvo también enterrado el general Miguel Primo de Rivera, dictador bajo el reinado de Alfonso XIII e iniciador de la saga.

La familia ha iniciado trámites también con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que mantiene paralizadas por un detalle burocrático urbanístico las sentencias -falladas hace seis años- que permiten los procesos de exhumación de restos solicitados por 100 familias de diversos puntos de España. En su comunicado, el ministerio de Presidencia asegura que trabaja para que esas familias "puedan darles la sepultura que desean".

El objetivo de la familia Primo de Rivera, dicen a su vez, es evitar una "exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles" y que el proceso permanezca "dentro de la estricta intimidad familiar".

Quieren los Primo de Rivera cumplir, según expresan en la nota, "la voluntad manifestada en su testamento" por José Antonio, en el que establece este deseo: "Ser enterrado conforme al rito de la Religión Católica, Apostólica, Romana que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz".

Buscando sitio preeminente

Aludiendo sin citarla a una de las disposiciones de la nueva Ley de Memoria, el comunicado dice: "Jose Antonio seguirá manteniendo el sitio preeminente que le corresponde en la memoria de muchos españoles y no podrá ser objeto de más humillaciones". Actualmente, la tumba de José Antonio está a los pies del altar de la basílica del Valle de los Caídos. El Gobierno considera a Primo de Rivera víctima de la Guerra Civil -y así lo reitera en su comunicado el ministerio de Bolaños-, por tanto no susceptible del mismo trato legal que se le dio a los restos de Franco, y planeaba reubicar los restos en una cripta de la basílica excavada en la roca, junto a otros muertos de la contienda y "sin posición preeminente".

Pero Moncloa no había mantenido conversaciones con la familia Primo de Rivera, admiten fuentes del Gobierno. La familia tampoco había designado interlocutor.

El 28 de septiembre de 2020, el Ejecutivo tuvo su última interacción con los Primo de Rivera: el Boletín Oficial del Estado publicó el permiso para la emisión de una Real Carta de Sucesión en el ducado de Primo de Rivera en favor de Fernando, sobrino-nieto de José Antonio y actual jefe de la familia, tras el fallecimiento de su padre, Miguel Primo de Rivera y Urquijo. Se trata de un título que lleva aparejada la Grandeza de España, pero fue instituido por Franco, y por tanto se extingue con la nueva Ley de Memoria Democrática junto con otros títulos y distinciones honoríficas.

Fernando Primo de Rivera es un broker con despacho en Madrid, ex ejecutivo de Chase Manhattan Bank y uno de los apoderados de la firma Renta 4, para la que gestiona varios fondos de inversión. En el comunicado dado a conocer este lunes, reivindica a su padre en la Transición. Su participación en la Ley para la Reforma Política "fue la llave hacia la democracia que hoy gozamos", dice la nota.