Pedro Sánchez sacó pecho. “Después de 30 años de militancia, pocas veces he visto tanta unidad en el PSOE como ahora”, dijo el pasado 20 de septiembre en Nueva York. La afirmación del presidente del Gobierno tiene bastante de cierto, sobre todo a la luz de su primera etapa al frente del partido, cuando fue forzado a dimitir como secretario general y luego recuperó el puesto en unas primarias fratricidas frente a Susana Díaz y Patxi López. Pero en los últimos meses el enfrentamiento ha vuelto al corazón del partido, cada vez con mayor intensidad. Hay denuncias cruzadas, bajas y recelos de todo tipo de la mano de un proyecto rodeado de polémica desde que echó a andar: la ‘ley trans’.
La norma, que viene del Ministerio de Igualdad, dirigido por Unidas Podemos, permitirá entre otras cosas el cambio de sexo registral sin un informe médico ni dos años de hormonación, como se exige ahora. El paso lo podrán dar todos los mayores de 16 años, pero quienes tengan entre 14 y 16 tendrán la capacitad de presentar la solicitud asistidos por sus representantes legales y a partir de los 12 estarán autorizados a cambiar de nombre.
El Gobierno de coalición dio este verano su visto bueno definitivo al texto, que ahora se encuentra en el Congreso. La dirección del PSOE, a través de su secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez, defiende el proyecto porque amplía y reconoce derechos a un colectivo muy maltratado. Gran parte de las principales referentes históricas del feminismo socialista, en cambio, la atacan con virulencia, al considerar que niega el sexo como realidad biológica y categoría jurídica, algo que supondrá un retroceso en la igualdad de las mujeres. Y ambos sectores se están matando entre sí.
No es esta la típica batalla interna por ver quién manda, una de esas tan habituales en el PSOE. Aquí hay una profunda diferencia ideológica, dentro de un conflicto que tiene un componente generacional, con los dirigentes más jóvenes apoyando la norma y los más veteranos criticándola, y que también podría traer consigo consecuencias en las urnas. El próximo mayo habrá elecciones autonómicas y municipales. A finales del año que viene, en principio, se celebrarán las generales. Con el PSOE por detrás del PP en todas las encuestas, salvo en las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los socialistas que cargan contra la ‘ley trans’ aseguran que esta ya les está haciendo perder apoyo entre las mujeres.
El voto con el PP
El último estallido tuvo lugar este martes. Carla Antonelli, primera diputada trans de la democracia, cargo que ya no ocupa, anunció que se daba de baja del partido “ante la nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la ley”.
Antonelli se refería a la decisión que acababa de tomar el grupo socialista en el Congreso, que votó junto al PP y retrasó la tramitación de la norma. Unidas Podemos había puesto como fecha límite para cerrar las enmiendas el 19 de octubre, este mismo miércoles, y la decisión del PSOE provocó malestar en las filas moradas, con la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, acusando al socio mayoritario en el Ejecutivo de poner palos a la aprobación del proyecto. Pero eso es algo común dentro de la coalición, que ha vivido disputas parecidas a cuenta de la ley de vivienda o la reforma laboral.
Lo que no es normal es lo que está ocurriendo en el PSOE. Hay ahora mismo ante la Comisión de Ética y Garantías del partido dos escritos que piden purgas por las posiciones en torno a la norma. Uno, escrito por partidarios del proyecto y adelantado por ‘República’, reclama al organismo que tome medidas (entre las que se encuentran la suspensión de militancia y la inhabilitación para cargo público) contra figuras como Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado; Ángeles Álvarez, exdiputada, y Carmen Calvo, exvicepresidenta primera del Gobierno.
Ya fuera de la Moncloa y distanciada de Sánchez, Calvo se ha convertido en una de las principales voces críticas con la ‘ley trans’. El proyecto, declaró a finales de septiembre en ‘El Mundo’, “puede destrozar la legislación de igualdad” española. “El debate empieza ahora”, insistió. Aquello tuvo algo de amenaza, porque Calvo es la presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara baja, encargada de la tramitación de la norma, y como tal tiene margen de maniobra para torpedear la ley. Lo cual hace que todo sea aún más complejo e interesante.
El segundo escrito llegado a la Comisión de Garantías defiende todo lo contrario: expedientar a Gutiérrez, el secretario socialista de Políticas LGTBI, a quien las firmantes acusan de “misoginia”. A raíz de un encuentro anual en Valencia llamado Feminario, donde participaron Calvo y Valcárcel y en el que se escucharon contundentes cargas contra la futura ley, Gutiérrez tuiteó: “Estas personas no representan la posición del PSOE, se representan a sí mismas. [La secretaría] lamenta que este tipo de espacios de debate sean tan poco plurales”.
Fuentes de la dirección socialista anticipan que todo quedará en nada, que no se tomarán medidas ni hacia un lado ni hacia otro, pero la mera existencia de estas denuncias cruzadas supone entrar en una dimensión desconocida dentro del PSOE de los últimos tiempos.
El desfase
Los partidarios de la ley acusan a los críticos de estar desfasados y “no comprender” la importancia de ampliar derechos a los trans. Aseguran que todo es una “guerra de poder”, al haber perdido el feminismo tradicional cuotas de influencia en el PSOE. “Dentro de unos años, todos nos llevaremos las manos a la cabeza cuando repasemos las posiciones de algunas compañeras”, anticipa un diputado.
En el otro bando insisten en que lo que está aquí en juego “son los derechos de las mujeres y la protección de la infancia y la adolescencia”. Cuando se le pregunta por qué cree que Sánchez dio su visto bueno a la norma en el Consejo de Ministros, una histórica dirigente contesta: “Por la influencia de George Soros”. Y es aquí, en un extrañísimo giro, donde se junta la extrema derecha y parte del socialismo en torno a un fantasma común: el conocido magnate, defensor de la causa trans y habitual blanco de los ataques de Vox. Otra relevante socialista recuerda que no hay límite temporal a la ampliación de los plazos de enmienda, y que por lo tanto la ‘ley trans’ podría acabar durmiendo en un cajón. “Si no conseguimos que se alargue la tramitación ‘sine die’, esto acabará muy mal”, concluye.
