El veto del Partido Popular a elegir vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hayan desempeñado "cargos públicos o políticos" en "los últimos meses o años" marca la negociación para acabar con el bloqueo en la que ambas partes reconocen avances.

Desde que la semana pasada se retomó el diálogo, el PP ha insistido en pactar antes de los nombres una serie de criterios que garanticen la despolitización, y este jueves su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha verbalizado desde Bruselas sus condiciones.

"Aquellas personas que tienen cargos públicos o políticos o que hayan tenido en los últimos meses o años no cumplirían los requisitos que estamos pactando con el Gobierno", ha afirmado ante los periodistas a su llegada a la cumbre del Partido Popular Europeo.

Las palabras de Feijóo y los requisitos que fija el PP -que en su documento de julio pedía que no sean vocales quienes hayan tenido cargos en política en los cinco años anteriores- han cobrado especial relevancia después de que Unidas Podemos haya aludido a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, como una de sus favoritas para el Consejo.

Rosell no sería una opción viable si la negociación cumple los requisitos del PP, aunque los morados están abiertos a que sean otros los magistrados que ocupen su asiento en el CGPJ, según han apuntado a Efe fuentes de la formación.

En las últimas horas se ha conocido que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no solo negocia con el interlocutor del PP, el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, sino que también lo hace con Enrique Santiago para negociar los candidatos de la formación morada.

El PP asume por su parte que Bolaños representa al conjunto del Gobierno de coalición.

Está abierta además la posibilidad de que el PNV cuente también con un vocal de su cuerda, un escenario que en el PP no confirman, pero al que tampoco cierran la puerta.

En público todos los actores piden prudencia para no impedir que fructifique el acuerdo.

"Seamos discretos"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que cada día se avanza "un poco más", aunque todavía no está el acuerdo definitivo. "Seamos discretos, palabras pocas, trabajo mucho, y sigamos avanzando poco a poco como lo estamos haciendo en los últimos días", ha agregado".

Además, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ve "positivo" que "haya esas manos tendidas" y la "disposición a poder llegar a un acuerdo", y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha emplazado a resolver "de forma inminente" la "anomalía" de cuatro años de bloqueo.

Feijóo por su parte ha reiterado que el acuerdo es "posible si el Gobierno lo quiere" y acepta la "despolitización", una exigencia que pasa también por pedir al nuevo Consejo General del Poder Judicial una propuesta para reformar la ley y "dar más peso a jueces y magistrados en la elección de jueces y magistrado".

Para los populares es clave, y así lo señalan diferentes fuentes, que quede claro que éste no ha sido un intercambio de cromos más y que es la última vez que el Consejo se renueva con el actual sistema. Sobre el estado de las negociaciones, Génova se remite a lo dicho ayer cuando apuntaron a que avanzaban y que esperaban un acuerdo "más pronto que tarde".

Feijóo no abordó este miércoles en su reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la situación del CGPJ, según el dirigente porque "probablemente" la política alemana "sabe" su "posición", que ve coincidente con la de Bruselas.

"Renovar, sí, pero despolitizando el Consejo. Renovar sí, pero de forma simultánea el Consejo y el Tribunal Constitucional. Renovar sí, pero con el compromiso de una nueva legislación para que jueces y magistrados tengan mayor peso en el próximo Consejo", ha explicado.

Desde Madrid, una de sus principales activos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los populares que sigan "siendo firmes a la hora de exigir la despolitización". Le "preocupa" que el CGPJ "se llene de Tezanos disfrazados de jueces" y no quiere como vocal a "nadie con carné ni cercanos a un puesto político".

Mientras prosiguen las negociaciones, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido por su parte de que "los peligros acechan a las democracias cuando la justicia, cuando las instituciones, se quieren utilizar como arma de confrontación".