El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin deshojar la margarita de quiénes serán los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC)que les corresponde designar porque el sector conservador del órgano -que había aceptado reanudar las conversaciones sobre este asunto-, sigue pidiendo "tiempo" para elegir a su candidato. Este es el resultado de la reunión que mantuvieron en la tarde de este jueves los interlocutores de ambos grupos que, aunque esperan mantener un contacto permanente, no volverán a reunirse hasta el próximo 16 de noviembre, según señalan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes del sector progresista.

Los vocales de este sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya tienen candidato para el Tribunal Constitucional (TC), el magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Supremo José Manuel Bandrés, y buscaban haber avanzado ya este jueves en las conversaciones con los conservadores para designar al segundo magistrado que les corresponde por ley, que debería ser propuesto por esta parte. De momento, los vocales designados en su día a propuesta del PP no ponen candidatos sobre la mesa y, con respecto a Bandrés, han anunciado a sus compañeros que consultarán esta propuesta con el resto de integrantes de su grupo.

La denominada 'comisión negociadora' se reunió a las 16.00 horas y no se esperaban grandes avances, ya que fuentes del sector conservador previamente habían apuntado su inicial disconformidad con el candidato de los progresistas. En pricipio, el objetivo es lograr un acuerdo con la mirada puesta en el día 10, cuando se podría convocar un pleno extraordinario para realizar los nombramientos, pero el último encuentro parece descartar totalmente esta posibilidad.

En la noche del miércoles el sector 'rebelde', que hasta el momento había bloqueado la posibilidad de un consenso, mostró tras una reunión de un total de nueve vocales su voluntad de de negociar . No obstante, también acordaron que el cambio de escenario producido tras la voladura del pacto entre el PSOE y el PP para renovarles, pese a estar a punto de cumplir cuatro años en funciones, les obliga a exigir que se les devuelvan las competencias para los nombramientos restantes.

Pedir informes

Con respecto a la situación del Supremo, lograron incluir en el orden del día de la Comisión Permanente que se celebró por la mañana un acuerdo por el que el CGPJ pedirá informes al Tribunal Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia sobre vacantes y refuerzos, respectivamente, porque los presidentes de estos cuyo mandato ha caducado continúan en funciones. Más adelante se solicitará también al Tribunal Militar Central, señalaron a este diario fuentes jurídicas.

Esta posición hace que algunos vocales del sector progresista duden de las intenciones reales de sus compañeros del grupo mayoritario. "Creo que su intención manifestada desde el pleno del 8 de noviembre, no ha cambiado. No están por hacer los nombramientos y, menos, antes de que lo haga el Gobierno", lamenta uno de ellos. 

El cambio de actitud se demostraría si este jueves ya se ponen nombres sobre la mesa, lo que aún no se ha producido por que aún deben encontrar candidatos. "En los próximos días se llevarán a cabo los contactos para determinar los candidatos posibles que los nueve vocales del grupo consideren más adecuados y que expresen su disponibilidad a participar en el proceso de selección", se limitaban a anunciar tras una reunión que mantuvieron en la noche del miércoles.

Bandrés, fundador de JJPD

El candidato de los progresistas, Bandrés, obtuvo el apoyo casi unánime del grupo frente al otro candidato que se barajaba, Pablo Lucas; en este punto su hermano Enrique, vocal del CGPJ, se abstuvo en la deliberación. Bandrés, miembro fundador de Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD), es un magistrado del Supremo desde 2003 con alta consideración en la carrera. Doctor en Derecho y académico de la Academia Aragonesa de Legislación y Jurisprudencia, ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona entre 1988 y 1999.

El hecho de que se reactiven las negociaciones supone, en todo caso, un avance. Hasta este momento, el sector conservador se venía atrincherando en una posición contraria a llegar al consenso necesario para designar a los magistrados del Constitucional desde que el pasado julio el Gobierno reformara la ley para permitir estos nombramientos concretos. 

Los vocales no entienden las prisas del Gobierno por el Tribunal Constitucional -la renovación permitirá un órgano de mayoría progresista- y que se siga perjudicando al Tribunal Supremo -que ya suma 17 vacantes, entre fallecimientos y jubilaciones- y donde no se puede cubrir ninguno de estos puestos desde que en marzo de 2021 se prohibiera al Consejo realizar nombramientos en la cúpula judicial mientras su órgano de gobierno se encuentre en funciones.