“Algunos se quedaron con la película de ‘Los santos inocentes’ y esa imagen es muy anticuada. En mi pueblo hay un coto social de caza. Un terreno de 1.000 hectáreas cedido por la Junta de Andalucía donde se organiza caza mayor y menor para todos los bolsillos. En un pueblo de menos de mil habitantes tenemos un 43% de terreno forestal para caza mayor y 70 cazadores en el mismo pueblo”. Lo cuenta el alcalde de Chiclana de Segura (Jaén), Santiago Rodríguez, socialista y cazador, que desde pequeño salía con su padre a poner cepos y que defiende que durante años todo el pueblo encontraba el momento para salir con un perrillo o dos a cazar liebres o conejos, porque además cuando había hambre era un modo de sustento. Hoy la realidad es otra. La caza es una actividad económica que actúa como motor de muchos pueblos y que evita la despoblación. “Es fundamental para asentar la población al territorio y genera miles de jornales”, defiende el regidor. “En Castilla-La Mancha hay muchos pueblos que habrían desaparecido sin la caza de la perdiz”.
Los cazadores se rebelaron contra la ley de bienestar animal de Podemos y los alcaldes socialistas hicieron la suficiente presión como para que su partido se apresurara, el pasado septiembre, a mover ficha y sacar la actividad cinegética de la norma. En mayo más de 2.700 alcaldes socialistas se juegan la reelección en toda España y en el medio rural muchos dieron la voz de alarma. La fractura del PSOE con el campo, de la mano de su alianza con Unidas Podemos en Madrid, comenzaba a ser insalvable. La gran manifestación que encendió las alarmas con más de 200.000 personas en Madrid el pasado marzo puso al PSOE a trabajar. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, fue uno de los grandes aliados de los socialistas preocupados por la brecha que el partido estaba abriendo con el que, durante décadas de democracia española, ha sido su medio natural, los pueblos.
Una brecha insalvable
“En Andalucía, el PSOE siempre ha apoyado la caza”, recuerda el alcalde de Chiclana de Segura. “Puedo decir con orgullo que entre los más de 100.000 miembros de la Federación Andaluza de Caza hay muchos concejales y alcaldes socialistas porque esto no tiene siglas ni ideologías. No es elitista. Claro que hay monterías carísimas, pero igual que hay gente que conduce coches de 200.000 euros y la mayoría va en utilitarios”, defiende el presidente de la Federación, José María Mancheño, que no oculta su temor a un nuevo viraje del PSOE con la ley. “Es verdad que hubo una autoenmienda y se excluyeron los animales auxiliares de caza. Garantizan que van a cumplir con el sector pero tememos que haya presiones o tensiones con Podemos, porque está también la ley ‘trans’. Tenemos incertidumbre y miedo porque puede haber variaciones que no controlamos. Pueden usar la ley como moneda de cambio para otras cosas”, avisa Mancheño. Si le norma hubiera salido adelante como salió del Consejo de Ministros es firme: “Sin exagerar, supondría la prohibición del 90% de la caza que hay en este país”. La ley acumula más de 5.800 enmiendas. Podemos siente que han boicoteado su texto.
Un informe de Deloitte financiado por la Fundación Artemisan, organización que se opone frontalmente a la ley, sostiene que la caza genera en España un total de 186.758 empleos, directos e indirectos, y tiene un impacto de 6.400 millones en el PIB. A esos datos económicos se aferran también los alcaldes para defender la actividad cinegética como motor económico de muchos municipios. “Más allá de lo económico hemos presentado credenciales científicas y medioambientales de sobra en el Congreso para demostrar lo importante que es nuestra actividad para la conservación del medio ambiente, la prevención de enfermedades como la peste porcina africana o la tuberculosis, para el control de poblaciones”, defiende Mancheño. El presidente de la Federación de Caza enfatiza que durante estos meses de sequía son los cazadores los que están saliendo a dar de comer grano y poner bebedores a muchos animales. “Y nos criminalizan. Es no saber de qué se habla”, zanja.
Ni izquierdas ni derechas
“Que hay desalmados que cuelguen los galgos cuando ya no les sirven, pues que se les castigue duramente. Esos qué son, el 1% de los cazadores, con toda la dureza, que se tomen medidas. Pero hay que saber que los cazadores somos gente que protege al medio ambiente, que disfrutamos del campo más que nadie. Soy cazador de toda la vida y alcalde de mi pueblo desde 2007”, precisa el regidor socialista de Chiclana de Segura. En Andalucía hay 100.000 federados y 1.400 sociedades de cazadores repartidas por toda la comunidad. Si solo fueran de derechas, el PSOE no sería lo que ha sido en el medio rural andaluz, defienden los contrarios a la ley.
El diputado por Jaén y miembro de la ejecutiva federal Juan Francisco Serrano, en la cocina de las negociaciones en el Congreso, asegura que lo que está ocurriendo con la ley de bienestar animal es fruto del trabajo durante “dos años” de los socialistas y alega que no supieron el contenido completo de la norma hasta que se aprobó en Consejo de Ministros. De ahí, enmienda urgente para derogar, suprimiendo el artículo 25, todo lo referido a la caza. “Tenemos que entender todos que esta ley solo puede redactarse desde el diálogo con todos en un país diverso que incluye muchas comunidades autónomas con realidades distintas, con una mirada amplia, sin miopía”, sostiene Serrano. El PSOE se abrió al diálogo con el sector cinegético y ha prometido que toda la actividad quedará supeditada al plan nacional que depende del Ministerio de Planas y fuera de la norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra (Podemos). “No es solo Andalucía, es Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, Navarra, Cantabria, Aragón...”, advierte.
El mensaje del PSOE es nítido, Serrano asegura que o se modifica “el espíritu” de la ley para incluir lo acordado con el sector cinegético o la actividad quedará fuera de la norma. “Hay que reconducir el debate. Ni los perros de caza ni los de guarda o pastoreo o los animales federados pueden tratarse igual que los animales de compañía. “El PSOE quiere una ley pero sin criminalizar la caza ni polarizar el debate”, advierte, deslizando que habrá más prórrogas en el trámite de comparecencias en el que se encuentra la norma. Si el debate de la ‘ley trans’ ha abierto una grave brecha en el movimiento feminista del partido, la ley animal abrió un abismo entre el PSOE y sus alcaldes del medio rural. Una grieta por la que se puede dilapidar un caudal de apoyos inimaginable, avisan quienes están en la trastienda de esta norma. El discurso parece firme aunque los regidores no pierden de vista lo que está ocurriendo. Hasta el punto de que deslizan que esto puede costar más votos que la reforma de la sedición.
