Empieza a aumentar la distancia entre política y ciudadanía cuando el discurso va por un lado y la realidad por otro. El Congreso de los Diputados se ha convertido demasiadas veces en la representación fiel de esa distancia. Con frecuencia la Cámara Baja se prodiga en debates repletos de retórica rimbombante, en la que palabras como “consenso”, “acuerdo”, “diálogo” y “entendimiento” resuenan a menudo.
Hace dos años y cuatro meses sucedió algo así. A finales de julio de 2020 el pleno del Congreso vivió un debate muy importante por el factor emocional y por el trasfondo político. El país aún estaba conmocionado por un virus entonces sin vacuna. Una ola de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras sanitarios recorrió España, aquellos aplausos en los balcones. La clase política entendió que el contexto necesitaba un mensaje de concordia.
Pedro Sánchez y Pablo Casado, (hablamos de hace dos años, el PP aún no se había devorado a sí mismo) acordaron la creación de una subcomisión parlamentaria dedicada a la reconstrucción económica y social del país. Se trataba de construir una sociedad nueva sobre la base de una serie de propuestas políticas. Se trataba de trazar una hoja de ruta nítida, para lo que el consenso era fundamental. Recordar, llegados a este punto, que unos días antes el presidente del Gobierno había planteado un sucedáneo de “Los Pactos de la Moncloa” de 1977.
La subcomisión se creó en mayo de 2020. Albergó cuatro grupos de trabajo (salud pública, economía, sociedad y Unión Europea). Las formaciones políticas trabajaron con denuedo en la redacción de cuatro dictámenes. El sanitario, que es el que nos ocupa, necesitó diez sesiones, más de 30 comparecencias y la negociación de 326 enmiendas. El 7 de julio lo aprobó la subcomisión; el 22 de julio, el pleno.
El consenso fue rotundo: 255 votos a favor, entre ellos los del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Compromís, Teruel Existe… Los 88 votos en contra provinieron de Vox, ERC, Junts, PDeCAT, PNV, EH Bildu. Las 3 abstenciones, de Más País-Verdes Equo y de Coalición Canaria.
El documento es lo más parecido que hay en política a un gran pacto de Estado por la Sanidad. Estaban más que satisfechos los diputados que los grupos que lo respaldaron. Adriana Lastra, por aquel entonces la portavoz del PSOE, proclamó: “Es el momento de que pasemos del agradecimiento a los hechos, a la acción política”.
Añadió esto: “Hoy, más que nunca en estos cuarenta años, necesitamos estar a la altura de un momento que nos exige dar lo mejor de nosotros mismos, porque es lo que estamos pidiendo a la sociedad entera”.
Realidad de dos años y cuatro meses después
Este lunes comenzó la huelga indefinida de los más de 4.200 médicos de Familia y de los 720 pediatras de Atención Primaria que hay en la Comunidad de Madrid, convocada por el sindicato AMYTS. Para los convocantes, el seguimiento ha sido “histórico”; la Consejería de Sanidad lo ha cifrado en el 31%.
Los motivos de la huelga son, tal y como ha explicitado el sindicato, la sobrecarga de trabajo, la demora que sufren los pacientes para tener una cita a pesar de que a lo largo de una sola jornada son atendidos, de media, unos 50 ó 60; la falta de facultativos (piden la contratación de 800 profesionales); y la cantidad de bajas que no se cubren (un 20%, indica AMYTS).
Ante esta situación, hace unas semanas, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) pidió la firma de un Pacto de Estado por la sanidad pública debido al “potencial impacto devastador” que puede generar en el sistema el colapso de la Atención Primaria, que se percibe tremendamente desgastada al cabo de estos casi tres años de pandemia. No se prevé un otoño sencillo al preverse una incidencia muy alta de la gripe y otros virus respiratorios.
La crisis de la atención primaria no es un problema exclusivo de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido el fin de la huelga precisamente porque las urgencias pediátricas empiezan a saturarse por los casos de gripe y bronquiolitis. Cree SEMES que la sobrecarga se ha traducido en un 20% más de pacientes, llegando al 30% en algunas comunidades autónomas. El futuro no se ve, por ahora, nada halagüeño.
La percepción social retrata la realidad de la sanidad española en 2022. El sindicato de enfermería, SATSE, presentó recientemente una encuesta al respecto. Los resultados llaman la atención. Casi un 48% de los ciudadanos considera que la atención sanitaria ha empeorado tras la pandemia. Más del 86%, además, afirma que los compromisos de los gobiernos y los partidos políticas no se están cumpliendo. Si la inversión en atención primaria de 172 millones anunciada por el Gobierno en septiembre se está notando, es un extremo por el momento desconocido.
