El Presupuesto andaluz de 2023 pasó su primer trámite en el Parlamento andaluz con los votos del PP, sobrados por su mayoría absoluta, y como precalentamiento al recurso que la Junta ya ultima al Tribunal Constitucional contra el impuesto a los ricos que este jueves tiene previsto aprobar en el Congreso el Gobierno de Pedro Sánchez. Vox coqueteó con el PP con el argumento de que lo importante es desalojar al presidente del Gobierno y unió sus votos a los populares, pese a que el pasado año el mismo partido de Santiago Abascal votó en contra de las últimas cuentas y provocó el adelanto electoral en Andalucía.

La confrontación con Madrid se comió un debate andaluz en el que el PSOE no ocultó su asombro porque la consejera de Economía, Carolina España, ejerciera de “oposición de la oposición”, con un duro discurso contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y referencias constantes a Madrid o la sentencia de los ERE. El bloque de la izquierda enmendó las cuentas a la totalidad sin éxito. 45.603 millones de euros, 5.199,6 millones más que en el presupuesto prorrogado de 2021, para afrontar un año incierto con amenaza de recesión y la inflación, afectando a los bolsillos de los ciudadanos.

El debate fue bronco pero sin pasarse. Hubo hasta consejeros del Gobierno, como el de Justicia o el de Industria que se sintonizaron el partido de España en el Mundial de fútbol en el ordenador. Cazados por el PSOE fueron objeto de duras críticas.

Pugna fiscal

El Gobierno andaluz arremetió contra el impuesto a las grandes fortunas que anulará los efectos de la supresión de Patrimonio y la rebaja de impuestos que defienden los presupuestos andaluces y que abandera Juan Manuel Moreno, siguiendo la estela de Madrid y abriendo la puerta a que el resto de comunidades del PP se sumara a su ofensiva fiscal a la baja.

La respuesta del Gobierno de España fue el anuncio de un impuesto a los ricos, que se tramitará en el Congreso como una enmienda más en la proposición de ley que crea el gravamen a las energéticas y la banca. Una ley de nuevos impuestos que Madrid ya ha anunciado, como Andalucía, que llevará al Constitucional por invadir competencias. El recurso ya está “ultimado a falta de algunos flecos” por los servicios jurídicos de Andalucía.

La consejera andaluza de Hacienda sostuvo que con ese impuesto hay “riesgo de doble tributación”, “solapamiento” y supone “un ataque brutal a la autonomía financiera”. “Han puesto ese impuesto por un ataque de soberbia de la ministra”, en alusión a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y pretende “cortar las alas” del Gobierno de Andalucía. El PP está convencido de que ese impuesto, como enmienda a un proyecto de ley, es “una chapuza técnica” y que se paralizará en el Constitucional. La consejera andaluza confrontó con el PSOE aludiendo a los 1.821 folios de la sentencia de los ERE y con Por Andalucía, que integra a Podemos, con un punto y final a su réplica: “No le voy a hablar del cupón que han sacado con la ley del sí es sí”.

Ricos y pobres

El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, lamentó que la única apuesta del Gobierno andaluz sea un “hacienda neoliberal sin políticas económicas clara”, alegando que aunque “desde Palacio no lo vean”, se está agravando la brecha interna por rentas en Andalucía. Espadas defendió que son “históricos” los fondos que manda el Gobierno, 5.500 millones de euros más frente a los 6.500 millones menos que recortó Mariano Rajoy en la crisis de 2008. El PSOE mostró preocupación por el bajo índice de ejecución de fondos europeos en Andalucía, que situó en el 23,6% del total. “Tienen un modelo solo para los ricos”, lamentó Espadas, que defendió que todas las medidas desplegadas en Andalucía de ayuda a las familias las ha puesto sobre la mesa el Gobierno de la nación.

Uno de los grandes asuntos sobre la mesa fue la sanidad pública. La izquierda lamentó el aumento de derivaciones a la privada. “Este Presupuesto sitúa a la sanidad andaluza en la antesala de la crisis sanitaria de Madrid”, advirtió Espadas. El 26 de noviembre las mareas blancas han convocado protestas en defensa de la sanidad pública y este miércoles médicos y enfermeros salieron a las puertas de los centros de salud reclamando auxilio para la atención primaria. El Gobierno andaluz defendió que destina 13.837,5 millones a la sanidad, una cifra histórica, un 40,6% más que en el Presupuesto de 2018.

“Reeditan fórmulas fiscales tan clasistas como fracasadas”, lamentó la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto. La consejera Carolina España defendió que Patrimonio es “un impuesto obsoleto que ahuyenta la inversión y el ahorro, recordando que lo suprimió José Luis Rodríguez Zapatero. La supresión de Patrimonio supone 95 millones de euros de ingresos propios y afecta a algo más de 20.000 contribuyentes. “A quien le va a venir bien es a la alcaldesa de Marbella, que hemos sabido que tiene 12 millones de euros de patrimonio”, sostuvo Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía. “No se puede pedir dinero con una mano ‘agujerea’, no puede pedir dinero al Estado cuando está eliminando impuestos propios”, lamentó la diputada no adscrita.