Tres jueces en vez de uno para controlar al CNI, la propuesta que examina el Congreso

Tres jueces, en vez de uno, para controlar previamente las acciones del Centro Nacional de inteligencia. Es la principal propuesta que este martes somete el PNV a la a la toma en consideración del Congreso, con una proposición de ley prevista para el inicio de un intenso pleno.

La propuesta de cambio de la Ley del CNI y de la Ley Reguladora del Control Judicial Previo del CNI es el resultado del choque entre el Gobierno y la oposición en mayo pasado al trascender ruidosamente -y curiosamente de forma casi simultánea- la doble dimensión del caso Pegasus: el espionaje con ese sistema de escucha del que fueron objeto dirigentes y activistas independentistas catalanes y el asalto sufrido por los móviles del presidente del Gobierno y los ministros de Interior, Defensa y Agricultura.

El CNI acaba el año de su vigésimo aniversario convertido de nuevo en materia de debate político. La proposición de Ley que vuelve a llevar al servicio secreto a la Cámara Baja trae en su articulado tres propuestas de cambio que inciden en la forma de controlarlo y en la forma de nombrar a su jefe.

Jueces por unanimidad

La principal reforma propuesta por los nacionalistas vascos supondría que en vez de ser un juez del Tribunal Supremo -actualmente el magistrado Pablo Lucas-, sea un órgano judicial colegiado el que conozca y autorice con anterioridad a su ejecución las actuaciones del CNI que pudieran afectar a derechos fundamentales.

Blindando aún más ese control judicial, esa comisión de magistrados no podría autorizar acciones de espionaje si no fuera por unanimidad, según la proposición del PNV, expresada en un periodo máximo de 72 horas. 

Ese refuerzo de la vigilancia sobre el servicio secreto no tiene el apoyo de los funcionarios implicados. Fuentes de la seguridad del Estado lo rechazan de plano por considerar “excesiva judicialización” la propuesta. De hecho, recuerdan, el CNI es el único servicio secreto del mundo con control judicial previo.

Pueden someterse a un examen judicial posterior las acciones de servicios de inteligencia en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, por la denuncia de un ciudadano que se acredite como perjudicado. Ese mismo examen en un tribunal resulta en la práctica casi imposible en Francia o Israel, con dos de los más herméticos servicios de espionaje de estados democráticos.

Ya en mayo pasado, cuando surgió la discusión, diversos jueces del Supremo dejaron caer en diversos medios también su oposición a la idea, con el argumento de que entorpecería actuaciones urgentes.

Qué saber

El PNV quiere que los jueces que controlen el CNI sepan no solo a quién se va a espiar, por qué y durante cuánto tiempo, sino también con qué medios. Su proposición de Ley prevé que las misiones del CNI sean controladas por jueces también después de su realización. La única excepción que contempla son las fuentes de información.

Y no solo los jueces sabrían si el CNI dispone, por ejemplo, de Pegasus. La propuesta sobre la que se posicionan este martes los grupos parlamentarios contempla también que los diputados de la llamada Comisión de Secretos Oficiales puedan saber no solo qué hace el CNI, sino con qué herramientas. Ese detalle no lo pudo contar la directora saliente, Paz Esteban, ni la actual en sus comparecencias ante la comisión controladora del Congreso, amparadas ante los diputados por la ley de secretos oficiales.

Actualmente, es ilegal para la secretaria de Estado directora del centro, Esperanza Casteleiro, desvelar las herramientas con que trabajan sus agentes. La Ley reguladora del CNI clasifica como secretos, y por tanto de difusión prohibida, los medios, las fuentes de información, la estructura interna y las instalaciones.

Casteleiro fue la mano derecha de la ministra Margarita Robles en Defensa, y fue la ministra quien la puso al frente del organismo de espionaje tras iniciarse la crisis de Pegasus. La propuesta del PNV eleva el rango político del nombramiento, sosteniendo que sea el presidente del Gobierno, y no el titular de Defensa, quien nombre al jefe del CNI.

Examen a la seguridad del Estado

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, es el encargado de exponer la proposición. No ha habido negociaciones previas para este punto inicial del orden del día en el pleno del Congreso, dicen fuentes nacionalistas vascas, aunque sí se espera un nuevo alineamiento a la derecha y la izquierda ante esta propuesta, con Esquerra aprovechando la oportunidad para marcar posición en el atril. 

El PNV se ha destacado en esta legislatura y el final de la anterior por introducir en el debate parlamentario tres pilares de la política de seguridad del Estado, sean o no heredadas de la etapa de gobiernos del PP. Y las tres tienen detrás la arquitectura del diputado Mikel Legarda, que fue letrado de los servicios centrales del Gobierno Vasco, y del profesor de Derecho y portavoz Aitor Esteban. Ambos juristas salieron de las aulas jesuitas de Deusto.

En enero de 2017, Legarda presentó la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada Ley Mordaza, que aún hoy se tramita. Ya antes, en 2016, había iniciado su campaña contra la Ley de Secretos Oficiales. Su toma en consideración fue aceptada en la Cámara Baja, pero su tramitación acabó enterrada.

Teniendo en cuenta ese precedente, el camino de la propuesta sobre las normas del CNI se prevé incierto.