El artículo 73.1 de la Constitución establece que los periodos parlamentarios ordinarios son dos: el que va de septiembre a diciembre y el que va de febrero a junio. Por tanto, en enero, julio y agosto la actividad parlamentaria se suspende.

Esto no quiere decir que no haya. Puede haberla, pero dependerá de una serie de requisitos. El reglamento del Congreso los enumera, en concreto el artículo 61. Así, el segundo punto de dicho precepto indica que fuera de los períodos ordinarios de sesiones (tanto del pleno como de las comisiones), “la Cámara sólo podrá celebrar sesiones extraordinarios a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso”. Puntualiza acto seguido que en la petición ha de figurar el orden del día que se plantea debatir.

El tercer punto del artículo 61 entrega a la Presidencia del Congreso la potestad de convocar la sesión extraordinaria siempre que la soliciten los actores citados.

Pues lo que ha hecho el Gobierno, por un lado, y una mayoría absoluta de diputados, por otro, es justamente lo que marca el artículo 72 de la Constitución y el 61 del reglamento del Congreso. 

Así, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, ha solicitado a Meritxell Batet que permita habilitar enero para trabajar la ley de vivienda y la ley para la eficiencia organizativa del servicio público de justicia. En ambos casos, plantea la reunión de “los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación” de sendos proyectos legislativos, según consta en los escritos a los que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ello incluye la convocatoria de las ponencias que creen las comisiones competentes, que son la de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y la de Justicia, respectivamente. También las de las propias comisiones, con el fin de alumbrar los dictámenes, y las del pleno, con el objetivo de avalar definitivamente las normas y enviarlas al Senado.

En otras palabras: que el Gobierno quiere intentar la aprobación de la ley de vivienda antes de que acabe enero. Y quiere también aprobar esa nueva regulación sobre la eficiencia del servicio de Justicia, en cuya redacción aparece un asunto controvertido. 

El PSOE, en septiembre, anunció que registraría una enmienda para cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, exactamente el procedimiento de desalojo de inmuebles “okupados”. En 48 horas estarían fuera los “okupantes”, aunque con una serie de garantías sociales si estas personas vivieran situaciones de exclusión o vulnerabilidad. Por esta razón, movilizaba a la Fiscalía y a los servicios sociales correspondientes de la administración autonómica o del entramado municipal. La enmienda gustó al PP y a formaciones como al PDeCAT, que se sorprendieron, no obstante. No se la esperaban porque es sabido en el Congreso que la gestión de la ‘okupación’ está muy condicionada por Unidas Podemos. La formación “morada”, como era de esperar, reaccionó airada poco después de conocer el anuncio socialista.

Tal y como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los de Pablo Echenique decidieron que si ese punto del PSOE entraba en la articulación de la ley, seguramente se desmarcarían del apoyo y casi con toda seguridad intentarían entorpecer la ley de vivienda. Según dijeron fuentes de la dirección parlamentaria, la enmienda ‘antiokupa’ de los socialistas afecta a una de las líneas maestras de la confluencia. Unidas Podemos, para que se entienda, no puede permitirse una renuncia tan estridente.

Ahora bien, desde mediados de noviembre, cuando el Gobierno y sus aliados parlamentarios enfilaron la recta final de la negociación de los presupuestos, las conversaciones sobre la empantanada ley de vivienda no han cesado. Más de un año y medio lleva el proyecto arrinconado, atascado, paralizado

Aunque las fuentes consultadas insisten en no desvelar qué aspectos han facilitado los avances, aseguran que las claves se localizan en tres lugares de la ley: por una parte, los topes a los alquileres; por otra parte, la acotación semántica de los ‘grandes tenedores’ y qué exigir a estos para que no suban los precios aunque el mercado empuje a ello; y por último, la delimitación competencial entre administraciones general y administraciones autonómicas.

La articulación de medidas de contención de las subidas de los alquileres en el reciente decreto-ley del Gobierno es vista como un aliciente para la negociación. Además, tal y como matiza una fuente, si el Gobierno ha pedido a la presidenta del Congreso que habilite sesiones de ponencia, comisión y pleno es porque lo ve más claro que oscuro. 

El panorama sobre una ley esperada por numerosos ciudadanos se ha despejado, por tanto, aunque las fuentes reiteran que la prudencia tiene que seguir dominando los tiempos. Más dudas persisten en la otra ley. La enmienda ‘antiokupa’ desagrada a Unidas Podemos y el PSOE, como ha hecho con la tramitación del proyecto de bienestar animal, durante la que no ha cedido con su enmienda sobre los animales de caza, no tiene previsto retirarla, ni mucho menos. Una fuente da con la razón: la presión del PSC, ahora que se acerca el ciclo electoral municipal, es tremenda. En Cataluña, la disputa entre los socialistas catalanes y los candidatos/as de ERC va a ser encarnizada.

191 firmas para derogar la ‘ley mordaza’

Otro proyecto que el PSOE desea impulsar en enero es el que deroga la llamadaley mordaza. Justo antes del parón navideño, la ponencia de la Comisión de Interior que lleva meses estudiando el texto se volvió a reunir para constatar los avances, entre ellos la progresividad de las penas, de forma que la cuantía de la sanción no sea la misma si el infractor es de clase social baja o de alto poder adquisitivo, y la regulación de procesos de arbitraje. El uso de material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales, cuya plasmación se había enmarañado por cómo perfilar el empleo de pelotas de goma, parece que se va acordando.

Esta es la tercera ley que el Gobierno quiere trabajar en enero. No ha pedido la habilitación de los órganos parlamentarios directamente, sino que lo han hecho PSOE, Unidas Podemos y los demás grupos que sobrepasan la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Lo que se solicita es la convocatoria de ponencias y comisiones, aunque no de sesiones plenarias, como señala el documento al que ha accedido este medio.

Y lo solicitan 191 diputados, ni más ni menos. Son los del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PDeCAT, BNG, Más País, Compromís, Ciudadanos, PNV y EH Bildu. Este listado de partidos es un síntoma claro de que la negociación va por muy buen camino y que casi seguro la derogación de la ‘ley mordaza’, promesa emblemática del Gobierno y de sus aliados progresistas, será una realidad a primeros de 2023. Las prisas legislativas del Gobierno, antes de que llegue la estación electoral, que todo lo impregna, no se detienen.