El Consell valenciano exige al Consejo de Estado que pare el plan del Tajo por "ilegal" al modificarse unilateralmente por el Gobierno

El Consell valenciano ha presentado este martes alegaciones al Consejo de Estado reclamando que emita un informe desfavorable sobre el plan del Tajo por defectos que pueden determinar su nulidad de pleno derecho. En concreto, en relación a la disposición que se ha retirado y que, según la Generalitat, elimina la posibilidad de revisar a la baja el aumento del caudal ecológico en 2025. La Abogacía de la Generalitat acredita que, con la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica, “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”

La Generalitat considera en su informe que no se ajusta a la legalidad el hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua, por lo que exige que se introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena sobre la fijación de los caudales ecológicos porque la nueva redacción adolece de “falta de criterio y rigor técnico”. En concreto la posibilidad de revisar a la baja el aumento del caudal ecológico del Tajo en 2025 si se hubiera logrado mejorar la calidad del agua con la subida actual y mejorando la depuración en Madrid.

El Consell solicita a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura.

"Otros están en el problema, nosotros estamos en la solución. Otros quieren abusar, como lo hicieron en el pasado"

Ximo Puig

— Presidente de la Generalitat

La petición del Consell se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se acreditan “defectos acaecidos en la tramitación del proyecto”, que podrían ser “determinantes de la nulidad de pleno derecho” del proceso. Tal como se describe en el informe del organismo jurídico del Consell, la controversia tiene su origen en el cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio, según los letrados de Ximo Puig. El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, y ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.

Sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua. El nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura.

Ese texto modificado de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Abogacía de la Generalitat entiende que “no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación” y que, por tanto, podría haberse producido “una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo”, subraya el Consell.

Por lo tanto, la Abogacía de la Generalitat sostiene que se ha “tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma” y que durante el proceso “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia”, principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.

Tras esas consideraciones, el Consell, a través de la Abogacía General de la Generalitat, solicita que el proyecto de real decreto sobre planes hidrológicos rescate e introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre y que resulta fundamental para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Además, la Abogacía de la Generalitat llama la atención en su informe jurídico sobre el hecho de que el nuevo texto del Ministerio hable de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo, tal como sí contempla la versión original suprimida a última hora por el Ministerio.

En consecuencia, la introducción de ese programa de seguimiento al que se alude en la redacción modificada de la adicional novena, tal como subraya la Abogacía de la Generalitat, “ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica e inútil”, de manera que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado adolece de “falta de criterio y rigor técnico”.

Tras alertar de que la nueva redacción “cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona”, señala que es indispensable recuperar la versión inicial de la disposición novena “para conseguir la seguridad hídrica, dado que la propia instrucción de Planificación Hidrológica considera la necesidad de un análisis previo a la fijación de los caudales ecológicos en el plan”.

Cinco mil manifestantes

La movilización agrícola mañana en Madrid será «masiva». Una protesta que los regantes esperan que sea "histórica" y para la que se han dado los últimos retoques este lunes y martes en las comunidades que emplean agua del Trasvase Tajo-Segura. Se espera la presencia de 5.000 personas, la cifra de la última protesta en Madrid en mayo de 2021. Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante mostrará en Madrid, una vez más, su disconformidad a la hoja de ruta que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez para liquidar el acueducto Tajo-Segura, a través del aumento gradual de los caudales ecológicos en los próximos cinco años que contempla el nuevo Plan del Tajo, comprometiendo muy seriamente, no solo la mayor producción hortofrutícola de Europa, sino el futuro de otros sectores como el turístico y el empresarial de la provincia de Alicante por la incertidumbre que generará la no disponibilidad de agua de calidad a un precio asequible, escenario al que nos abocará la desalación. 

Una vez más, desde ASAJA Alicante nos reiteramos en pedir el “cese” de la mano ejecutora de toda esta trama hídrica, la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera que, aparte de condenar el futuro de la provincia con decisiones unilaterales que no responden a ningún criterio técnico ni medioambiental, miente sin pudor hablando sobre la elaboración de un nuevo decreto para afrontar el precio del agua desalada, algo que está taxativamente prohibido por Europa, ya que la UE no permite subvencionar actividades competitivas. 

"No hay opción a la subvención del agua desalada porque Europa así lo prohíbe expresamente, queremos el trasvase"

José Vicente Andreu

— Presidente Asaja-Alicante

“La Directiva Marco del Agua de 2000 establece el principio de recuperación de costes para el sector del agua. Solo de forma justificada por razones de carácter social o ambiental se puede financiar actividades del ciclo del agua como, por ejemplo, con un decreto de sequía. Por tanto, fuera de este, que finalizó finales del 2022 y que amparaba las ayudas estatales al agua desalada, no hay opción a la subvención porque Europa así lo prohíbe expresamente.

Así las cosas, según Asaja, una ministra que es capaz de diseñar "un plan macabro que acaba de un plumazo con las posibilidades y la prosperidad no solo del sector agrícola alicantino, sino del turístico y empresarial de la provincia y del Levante; que miente cuando dice que va a volver a subvencionar el agua desalada; y que durante todo su mandato ha demostrado ser incapaz de legislar por el bien común de su país, no habiendo trabajado en el reparto justo, técnicamente avalado por expertos y solidario del agua de los ríos españoles, no merece estar en el cargo que ostenta porque no ha cumplido con su función”, subraya el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu. 

ASAJA Alicante incide en que el agua desalada no puede centrar el discurso y las propuestas políticas porque no es una alternativa real al agua del trasvase por el perjuicio medioambiental que supone, su precio y la hipoteca energética a la que somete a los municipios que tendrán que nutrirse de ella. Y es que, aunque se subvencionase, consideramos que la actividad económica que se desarrolla en el campo con la producción de frutas y hortalizas frescas que se cultivan en el Levante no puede depender de las ayudas del Gobierno de turno.

“España regala más de 5.000 hm3 al año a Portugal, mientras nosotros, mendigamos 400 hm3 para nuestro territorio, siendo parte del mismo país”.

Ramón Espinosa

— Director Técnico de Asaja-Alicante

“No queremos agua para siempre a 1,3 €/m3. En España hay agua suficiente para mantener la superficie agraria útil en plena producción. No tenemos un problema de escasez de agua, tenemos un problema de gobernanza del recurso y de radicalismo político con una ministra que ha convertido este asunto en un problema político y territorial”, asevera Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA Alicante, que recuerda que “en España tenemos suscrito con Portugal el Convenio de Albufeira, por el cual el Tajo debe trasvasar a Portugal 2.000 hectómetros cúbicos y en los últimos años se viene transfiriendo al territorio luso la friolera cifra de 7.000 hectómetros/año, es decir, les estamos “regalando” más de 5.000 hectómetros al año. Mientras nosotros, mendigando 400 hectómetros para nuestro territorio, siendo parte del mismo país”.

Por todo ello, desde ASAJA Alicante queremos hacer especial hincapié en la importancia de la asistencia masiva mañana a Madrid de todos los sectores productivos de la provincia, puesto que “este tema no solo compete a agricultores y regantes, todos los ciudadanos alicantinos y del Levante deben saber cómo les va a afectar las decisiones que se están tomando desde Transición Ecológica. La realidad es que nos van a quitar un agua sostenible y ecológicamente respetuosa, por una solución antinatura, con un coste económico y energético inasumible ni por el agricultor ni por el ciudadano. Nos va el futuro en ello.”, remarca el presidente de ASAJA Alicante.

Puig en Frankfurt

A la misma hora de la concentración de mañana, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, estará en una feria textil en Alemania. Puig, no obstante, subraya su "compromiso efectivo" con los regantes de la provincia de Alicante, a pesar de que este miércoles no asista a la manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura, y aboga por "sumar todos los recursos necesarios" para un trasvase que considera "irrenunciable".

"Desde siempre estoy defendiendo los intereses de los regantes y de todos los valencianos, esté donde esté y haga lo que haga", ha subrayado Puig, quien ha añadido que el día de la manifestación estará trabajando con los empresarios del textil en la feria de Frankfurt, pero ha asegurado que los regantes saben de su "compromiso efectivo".

"Otros están en el problema, nosotros estamos en la solución. Otros quieren abusar, como lo hicieron en el pasado, de guerras estériles que no trajeron nada de agua. Lo único que quieren es dividir, enfrentar y no solucionar nada. Ellos no son la solución, nosotros buscamos que haya agua para siempre, que eso es lo que se merecen los regantes de Alicante", ha zanjado Puig.