Código Penal
El Gobierno se enroca en que no habrá rebajas de pena a los condenados por malversación
Moncloa no contempla que con la reforma de la malversación, tramitada junto a la sedición a petición de ERC, ocurra igual que con el ´si es sí' y haya reducciones de condenas
Marisol Hernández
El Gobierno no contempla que la reforma de los delitos de sedición y malversación provoque una rebaja de posibles condenas, como ha sucedido con los delincuentes sexuales por la aplicación de esta ley. Una consecuencia que el Ejecutivo nunca consideró, a pesar de que es un principio básico de la justicia la aplicación retroactiva de las leyes cuando son más beneficiosas para el reo. En estos momentos el Ejecutivo sigue esperando a que el Tribunal Supremo unifique doctrina y evite las reducciones de pena, algo que, por el momento, en sus primeros pronunciamientos, no está sucediendo.
Con la misma confianza que tenía sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí afronta ahora la entrada en vigor de la modificación del delito de malversación este jueves, en el que ahora se distingue en la existencia o no de lucro y contempla nuevos supuestos como el enriquecimiento ilícito de cargos públicos, solo que, en este caso, a raíz de este precedente, se introdujo una enmienda en la exposición de motivos recomendando que no haya una rebaja automática. Pero esta decisión queda exclusivamente en manos de los jueces.
En vísperas de que entre en vigor ya se están produciendo en los juzgados peticiones de revisión de acusaciones para acomodarse a la nueva legislación, hecha a medida de los implicados y condenados del procés, el Gobierno insiste en espantar este asunto. Esta es la actitud que mantuvo este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que, sin querer profundizar en las posibles consecuencias de este cambio en el Código Penal, defendió que no se ha despenalizado ningún tipo de corrupción, sino que se ha diferenciado entre "quien roba dinero público" del que hace una "desviación irregular" del presupuesto. Esta última casuística es la que beneficia a los cargos de la Generalitat involucrados en el desafío separatista.
"Lo que el Gobierno persigue con esta reforma es penar todo tipo de corrupción. A quienes se lo llevan (el dinero) para sí y los que se enriquecen a costa de su desempeño público y que, hasta ahora, salían de rositas". "Este es un Gobierno", reiteró, que ha luchado, lucha y luchará contra la corrupción".
Pero, aunque el Ejecutivo espera que no se repita la polémica del sí es sí, son los jueces quienes deben aplicar la ley y no hay garantías de qué sucederá. De hecho, hay ministros que admiten en privado que habrá rebaja de penas a procesados o condenados en casos muy mediáticos. Desde Moncloa se reconoce sólo que podría ajustarse la petición de condenas en algunos que estén aún pendientes de juicio. "Ningún ladrón va a salir de la cárcel", zanjan desde el Ejecutivo.
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