Tribunales
Conde-Pumpido anuncia un plan de choque para poner al día el Constitucional
Quiere que en seis meses el alto tribunal esté al día, incluso habiendo resuelto asuntos tan antiguos como el del aborto | La magistrada Díez anuncia que se abstendrá del recurso contra leyes catalanas que salvaban el 25% de castellano
Ángeles Vázquez
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quiere poner fin a la imagen de lentitud que arrastra el máximo garante de la carta magna, con recursos, como el presentado contra la actual ley del aborto sin resolver en 12 años. Para ello ha encargado la elaboración de un plan de choque para poner al día, en seis meses, la tramitación de los recursos de amparo.
El plan se confeccionará por un equipo de trabajo integrado por el secretario general del tribunal, Andrés Gutiérrez, el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, y el letrado adscrito al presidente Ignacio Sánchez Yllera. Su realización fue acordada el miércoles en una reunión de trabajo celebrada en el despacho del presidente con todos los letrados coordinadores de las diversas especialidades que funcionan en el Tribunal (Civil, Penal, Social, Contencioso-administrativo y Parlamentario).
Más letrados
Para colaborar en esta puesta al día, el pleno gubernativo celebrado el pasado miércoles acordó la contratación de ocho nuevos letrados colaboradores, cuya convocatoria ya ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado, y se anunció que la ponencia para resolver el recurso presentado en su día por 50 diputados del PP contra la vigente ley del aborto irá al próximo pleno, que está previsto para la semana del 7 de febrero.
En esta línea, en el pleno en el que se produjo la asignación de ponencias a los cuatro nuevos magistrado también se acordó que la resolución del recurso contra la ley de eutanasia se prevea para el pleno siguiente, que se celebrará dos semanas después.
Por su parte, la magistrada Laura Díez ha decidido comunicar a Conde-Pumpido que se abstendrá de participar en la deliberación de los recursos del PP y Cs contra las leyes catalanas contra las que se intentaba evitar cumplir con el 25% de castellano en las escuelas, que decretó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El motivo es que ella participó como asesora en el desarrollo de esas leyes. Su decisión debe ser avalada por el pleno.
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