Llop defiende en el Congreso su política con los letrados tras tres semanas de huelga en los juzgados

Tras tres semanas de huelga de los letrados de la administración de justicia en los juzgados de toda España, lo que según este colectivo ha supuesto ya la suspensión de un total de 146.000 vistas y juicios -19.000 solo en la Comunidad de Madrid-, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha referido por primera vez a este asunto en el Congreso de los Diputados. Allí ha defendido su política con este colectivo, al que se ha referido como el cuerpo de funcionarios que ha tenido un mayor incremento salarial en los últimos tiempos.

Así lo ha manifestado durante una interpelación en la cámara baja a propuesta del diputado del PP Luis Santamaría, solo un día antes de que se produzca la primera reunión entre Justicia y el comité de huelga con representantes de las tres organizaciones de los antiguos secretarios judiciales que secundan los paros.

Este colectivo, que integran 4.200 funcionarios en toda España, son los depositarios de la fe judicial y su intervención es clave en multitud de trámites que sin su firma no pueden salir adelante, como son la notificación de las sentencias o la gestión de las cuentas judiciales, desde las que se realizan pagos tan importantes como los de alimentos, multas y depósitos . Reclaman una adecuación salarial que según esta parte cumple ya 14 años de retraso desde que en 2009 una reforma legal incrementó las tareas de las que son responsables. 

Situación salarial según Llop

La realidad salarial de estos funcionarios es muy diferente desde el punto de vista del Ministerio, que ya al principio de los paros calificó esta movilización de "política". Así, durante su intervención parlamentaria Llop recordado el incremento retributivo del 5,26% en el salario anual de los LAJ (206 euros al mes por nómina) en relación con sus nuevas funciones.

"Es uno de los cuerpos que mayor subida retributiva ha tenido en esta legislatura", ha apuntado la titular de Justicia, al tiempo que ha recordado que se ha aumentado a su vez el pago por las entradas y registros (de 30 a 110 euros), además del incremento que corresponde a los funcionarios.

Así las cosas, la ministra ha subrayado que "el debate retributivo no puede ser honesto omitiendo las subidas importantes". Pero ha incidido en que "aún habiendo realizado todas estas medidas" están "abiertos al diálogo", al tratarse el de los letrados de "un cuerpo indispensable" para la Administración de Justicia.

Acusa al PP de "instrumentalizar" el conflicto

Llop ha asegurado que le parece una "casualidad" que el PP presente una interpelación urgente sobre el conflicto con los letrados un día antes de la reunión. "Están instrumentalizando la huelga en su propio beneficio partidista", ha apuntado al tiempo que ha incidido en que le han interpelado este miércoles al Congreso para sacar "rédito político".

"Ya no es únicamente que esta interpelación sea totalmente oportunista por su parte. Es que la realidad es tozuda. Cuando ustedes estaban en el Gobierno no se hizo nada con el colectivo de los LAJ", ha aseverado.

La titular de Justicia ha señalado también al dirigente 'popular' que "si verdaderamente respaldan la huelga, diga cuál es su verdadera opinión sobre la cláusula de enganche" que reclaman los letrados. Así, ha preguntado si el PP está a favor de que los LAJ cobren un 85% de lo que cobra un juez. "¿Están de acuerdo o no? Sean sinceros con los jueces y magistrados y con ustedes mismos", ha preguntado.

Por su parte, Santamaría ha afeado a la ministra que aún no se haya reunido con las asociaciones convocantes cuando la huelga empezó el pasado 24 de enero. "Solucione ya los problemas laborales de su Ministerio", le ha espetado para luego añadir: "esa es su responsabilidad".

Cláusula de enganche

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha reiterado este miércoles su rechazo a la denominada 'cláusula de enganche' reivindicada en su huelga por los letrados de la administración de justicia. Esta reivindicación de los letrados no puede a su juicio ser ser aceptada por el Estado "porque no son jueces ni fiscales y, por lo tanto, no pueden cobrar lo que cobran jueces y fiscales", ha afirmado.

Preguntado por este asunto durante un acto en Talavera de la Reina (Toledo), el secretario de Justicia ha defendido la disposición del Gobierno para negociar. "A lo largo de 2022 nos hemos reunido en 35 ocasiones en las que nos han presentado once reivindicaciones, de las que hemos aceptado diez", ha explicado según informa Europa Press