Querellas

El Supremo rechaza una querella contra Sánchez y Junqueras por la mesa de diálogo

Alega que no hay asomo del delito que atribuye a los líderes políticos más allá de la crítica que realiza a su gestión

Representantes del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña, en un encuentro Moncloa.

Representantes del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña, en un encuentro Moncloa. / David Castro

Ángeles Vázquez

Presentar querellas no debe resultar muy caro, porque si no, resulta difícil entender por qué lo hace Vox, teniendo en cuenta que todas corren la misma suerte: el rechazo. En esta ocasión, el partido de ultra derecha atribuía nada menos que un delito de conspiración para la rebelión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus ministros y los 'consellers' que participaron en la Mesa de diálogo sobre Cataluña, así como el presidente de ERCOriol Junqueras, y portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza admitirla a trámite porque en la iniciativa de Vox “no existe base alguna, mínimamente sólida, más allá de los repetidos procesos de intención que se prodigan en el relato de la querella, que permita considerar, siquiera en los referidos términos indiciarios o prima facie que resultan propios de este momento procesal, que los querellados conspiren para cometer un delito de rebelión (que consistiría en un alzamiento violento y público para lograr la independencia de Catalunya), o se encuentren en cualquier fase orientada a la preparación del mismo”.

Crítica a una política

Más bien, añade el auto de inadmisión, “la querella constituye, en su conjunto, una impugnación o crítica completa a la línea política seguida por el Gobierno de España, con relación al 'procés'", que la propia Sala Segunda condenó en su sentencia del 14 de octubre de 2019.

El auto, del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y de los magistrados Andrés Palomo, Ana Ferrer, Javier Hernández y Leopoldo Puente, como ponente, explica que Vox extiende su critica al entendimiento que el Gobierno defiende en el marco de la organización territorial del Estado, que es una "crítica, plenamente legítima en el plano político, como legítima es también la posición contraria".

Añade que "será en el ámbito político y, en último y soberano término en el propio de la contienda electoral, donde deberá ventilarse”, pero no en un proceso penal como el que quiere iniciar Vox al no existir ni un indicio mínimo de delito.