La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que desde la cúpula del Ministerio del Interior dirigida en su día por Jorge Fernández Díaz se diseñó una "ilícita operación policial de inteligencia" dirigida a impedir que el material incriminatorio que pudiera conservar el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas llegara a poder de los investigadores de la trama Gürtel. No obstante, y pese a ser el partido el principal beneficiado de estos trabajos, la justicia no ha logrado pruebas con peso suficiente para sentar en el banquillo a ningún dirigente de la formación entonces liderada por Mariano Rajoy más allá del que fuera su ministro del Interior.

La instrucción desarrollada por el juez Manuel García-Castellón - que merece una petición de 15 años de cárcel para el ministro, su número dos Francisco Martínez y el que fuera director operativo de la Policía Eugenio Pino, además de penas de prisión para otras cinco personas, entre ellas el comisario José Manuel Villarejo -ha establecido desde el principio una línea roja entre los que constituían el entramado policial en Interior y el Partido Popular.

De hecho, tanto el instructor como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han rechazado todos los intentos de las acusaciones populares para implicar a cargos del partido como el que fuera director general de la Policía y senador popular Ignacio Cosidó y, especialmente, a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal. La intención parecía ser llegar a demostrar alguna responsabilidad o conocimiento por parte de quien fue en esos años presidente de la formación y presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

De hecho, y coincidiendo con el escrito del fiscal, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo público también el pasado viernes un auto en el que rechazaba el último recurso presentado por la acusación ejercida por Podemos -- al que se habían adherido la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PSOE-- y en el que se pedía la reapertura de esta causa para investigar a Cospedal. Esta resolución supone la confirmación del cierre definitivo de la investigación de Kitchen.

Menciones a Rajoy y el PP

No obstante, el nombre de Rajoy y el del presidente del PP en Andalucía y exvicepresidente del Gobierno Javier Arenas aparecen tres veces en el escrito firmado por los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas. Se les cita por los supuestos audios de conversaciones grabadas que los encausados creían que el tesorero del PP guardaba en el estudio de pintura y restauración de su esposa, en el número 32 de la madrileña calle General Díez Porlier donde el hombre de confianza de Villarejo y comisario Enrique García Castaño se introdujo sin autorización para tratar de conseguirlos. También por la supuesta custodia de estas grabaciones en dispositivos informáticos encriptados que el propio extesorero habría tratado de destruir una vez entró en prisión.

Por su parte, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal solo es mencionada una vez cuando dice que nombró al encausado Andrés Manuel Gómez Gordo, inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, director general de Documentación y Análisis de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha en la época en que fue su presidenta. El Partido Popular es mencionado expresamente un total de 25 veces en todo el escrito, según el análisis del escrito realizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Incursión en Díaz Porlier

En todo caso, el objetivo del operativo de beneficiar al PP y sus dirigentes aparece mencionado de forma reiterativa a lo largo de las 25 páginas de escrito de la Fiscalía. Así, al relatar la entrada en el estudio de Rosalía Iglesias, se dice expresamente que la información facilitada por Sergio Ríos, el chófer del matrimonio que había sido captado por los agentes, les permitió conocer que Bárcenas había traslado a dicho lugar "documentación mercantil, financiera y contable que podía resultar incriminatoria para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en los hechos objeto de investigación" en Gürtel.

Entre estos efectos, los archivos de audio correspondientes a conversaciones de Rajoy y Arenas que el extesorero sugería que había grabado. No obstante, Anticorrupción concluye sobre este particular que no consta que García Castaño lograra hacerse con ningún tipo de documentación en dicho lugar.

En otros momentos del relato sí se habla de obtención de material, como los mensajes de texto y correos electrónicos volcados de dos teléfonos móviles y una tableta que Bárcenas tenía en su domicilio y fueron entregados por Ríos a los miembros del operativo. 

También se citan, entre el material sustraído por el chófer, las anotaciones manuscritas que Bárcenas había hecho en sus agendas sobre citas con terceros o sobre cifras dinerarias, con facturas emitidas al Partido Popular por diferentes conceptos, datos de contratos celebrados por la formación relativos a servicios aéreos, cuadros de contabilidad elaborados por Luis Bárcenas, justificantes de pagos y transferencias e incluso con un presupuesto para una campaña electoral del Partido Popular.

La "nube" de Bárcenas

Finalmente, el escrito señala que el propio ministro del Interior y otros de los encausados tuvieron conocimiento de que Luis Bárcenas, ya estando en prisión en Soto del Real (Madrid) a finales de 2013, contactó con un interno con conocimientos de informática "al que llegó a encargar el borrado de archivos de audio con conversaciones que decía haber mantenido con Mariano Rajoy (...) y con Javier Arenas (...) relativas a fondos manejados por el Partido Popular de procedencia ilícita", que habían sido almacenados en lo que se conoce popularmente como 'la nube'.

No consta que este preso cumpliera su encargo, pero lo que sí ha evidenciado la investigación es que los procesados "controlaron todos los movimientos del interno" hasta bien entrado marzo de 2014, que era el momento en el que se pactó que se tendría que proceder al borrado de dichos archivos.