El pasado 9 de febrero, el Congreso aprobó la ley de bienestar animal y la reforma del Código Penal para endurecer el maltrato a los animales, que es otra ley. Varios diputados y diputadas de los grupos que forman el Gobierno, cuando vieron los paneles electrónicos, resoplaron. La primera salió con 174 votos a favor, mientras que la segunda recibió 178 apoyos, dos por encima de la mayoría absoluta que necesita en tanto que ley orgánica. Costó mucho llegar a ambas cifras.

El Congreso envió los textos de los proyectos legislativos al Senado, en donde la configuración de mayorías es diferente. Para empezar, Unidas Podemos no tiene representación. El eje en el que se sostiene el Gobierno aquí lo forma el grupo de ERC y EH Bildu, que van juntos en la Cámara Alta. La alianza entre el grupo socialista y el de los independentistas catalanes y vascos crea una base de 129 senadores, lo que es un alivio, porque la mayoría absoluta está en 133.

Para tramitar la ley de bienestar animal y la reforma del Código Penal conviene reparar en esos 129 senadores. Primero porque en el Congreso ERC y EH Bildu votaron a favor de las dos normas, lo que da a entender que mantendrán posición, a no ser que los independentistas quieran cobrarse una hipotética jugarreta política en otro trámite. Ahora bien, que esto asegure la travesía tranquila de dos normas que han sido y son un quebradero de cabeza para el Gobierno es aún una quimera. Se avecina una semana interesante.

La urgencia

La Comisión de Derechos Sociales se va a reunir el jueves para despachar de una tacada la ley de bienestar y la ley orgánica que reforma el Código Penal. A las 10.30 horas se reunirá para analizar el informe del primer proyecto; a las 10.45 hará lo propio con el informe del segundo. A las 12.00 debate y votación de los dos textos con el fin de convertirlos en dictámenes y elevarlos al pleno de la semana que viene.

Los pasos de las leyes del Gobierno por las comisiones correspondientes del Senado empiezan a ser hilarantes. En un día, o por ser más preciso, en una mañana o en una tarde, pum, informe y dictamen. Puede hacerse porque el Gobierno pide trámite de urgencia, y eso concentra los plazos en apenas 20 días. El malestar lo airea la oposición, a la que le gustaría más tiempo para negociar cambios. 

Al desaire constante en el que vive el PP se unen episodios esporádicos de enfado de formaciones próximas al Ejecutivo, ideológicamente hablando. Por ejemplo, la Izquierda Confederal agrupa a varias siglas de raigambre territorial (la valenciana Compromís, la navarra Geroa Bai, la Agrupación Socialista de La Gomera, la mallorquina Més y Más Madrid) y es francamente complicado que cualquiera de estas organizaciones deje su sello en alguna norma.

Influye en la rapidez del viaje de las leyes por las comisiones que muchas negociaciones, en vez de cerrarse completamente en este ámbito, se postergan total o parcialmente al pleno. Se alarga una semana el tiempo de la transacción, lo que da algo de oxígeno político, sin duda, aunque a cambio se estiran las sesiones plenarias hasta la eternidad gracias a votaciones que no acaban nunca.

Tiene pinta de que va a suceder algo así con la ley de bienestar animal y con la reforma del Código Penal porque, preguntadas dos fuentes de la Comisión de Derechos Sociales por la existencia de conversaciones al respecto, la respuesta es el silencio y la nada. Un senador señala a este medio que no es ni mucho menos habitual que la dirección socialista apure tanto. “No sé si es que lo tienen tan claro con estas normas y dan por hecho que las aprueban sin cambios”, agrega.

El punto a favor de la ley orgánica

Un poco de matemáticas, que en el Senado tienen su ‘gracia’. Efectivamente al Gobierno debe tranquilizar que a los 113 senadores socialistas se unan, en estas dos leyes, los de ERC y EH Bildu, 16 escaños en total. Pero de aquí a confiarse…

El PP, que está en contra, tiene 104 escaños. El PNV, otro en contra, 10. Si no han cambiado de posición respecto a lo que votaron en el Congreso, hay que añadir en esta lista de formaciones del “no” a Coalición Canaria (1), Más Madrid (1), PRC (1), Ciudadanos (1), Vox (3) e incluso a UPN (1), aunque en la Cámara Baja sus dos diputados se borraron del partido. En total, 122. Ni siquiera empatan con la alianza de PSOE-ERC-EH Bildu.

En el grupo de las abstenciones, siempre y cuando no hayan virado, residirían Junts (5), Teruel Existe (2) y Compromís (1), si bien el partido valenciano votó a favor de la reforma del Código Penal en el Congreso. Una tragedia para el Gobierno sería que pasaran todos al voto en contra. Quedarían en el limbo los senadores de Agrupación Socialista de La Gomera (1), Geroa Bai (1), Més (1), PAR (1) y los dos independientes que ingresaron en el Mixto. Si estos, por lo que fuera, se desplazaran también al ‘no’, más que tragedia para el Ejecutivo, sería una catástrofe. No hay un solo indicio de ello por el momento.

Se da una particularidad reglamentaria que sosiega los ánimos. La Constitución consagra la aprobación por mayoría absoluta de las leyes orgánicas, y la que reforma el Código Penal lo es, pero este requisito de consenso atañe solamente al Congreso. El Senado, lo que hace, es plantear vetos y enmiendas

Los primeros pretenden devolver el texto a la Cámara Baja tal cual llegaron, y para que prosperen sí que es preceptiva la mayoría absoluta del Senado. Las segundas persiguen modificaciones parciales, para lo que basta la mayoría simple. Dada la aritmética del Senado, un veto es prácticamente inviable, pero las enmiendas no. Las enmiendas, de hecho, son perfectamente viables. No son pocas las semanas en las que los senadores logran cambios en los contenidos legislativos. Los proyectos regresan, por tanto, al Congreso y el pleno decide si acepta las modificaciones o las rechaza. 

6 vetos; 525 enmiendas

Hasta el 23 de febrero tuvieron de plazo los grupos para registrar vetos y enmiendas. Hay seis peticiones de devolución de los proyectos: cuatro afectan a la ley de bienestar animal y los firman el PP, el PNV y el Mixto (2); y dos buscan neutralizar la reforma del Código Penal, del grupo popular y del Mixto también. No es extraño que los nacionalistas vascos hayan pedido vetar. Lo hicieron en el Congreso, en donde no se movieron del voto en contra en ningún momento.

A pesar de la contracción de los plazos, los grupos se han explayado en el registro. Han presentado un sinfín. 525 en total. A la de la reforma del Código Penal se han presentado 76, distribuidas así: 2 del PP, 18 de ERC y EH Bildu, 14 del grupo nacionalista (Junts y CC), 41 de la Izquierda Confederal y 1 del grupo democrático.

A la ley de bienestar animal han llegado 449: 8 del PSOE, 112 del PP, 38 de ERC y EH Bildu, 28 del PNV, 35 del grupo nacionalista, 110 de la izquierda confederal, 17 del grupo democrático y 101 del Mixto.

De lo que se trata en el Senado, lo que interesa al PSOE, es ir rechazando todas las enmiendas, excepto, quizá, alguna propia (los socialistas han registrado ocho). Para ello, necesita que votación a votación, y va a haber un montón, funcione la mayoría que ha articulado en la Cámara Alta, sujetada principalmente en la pinza con ERC-EH Bildu. Necesita esa mayoría bien engrasada, en definitiva, y que no se produzcan uniones indeseadas, como aquella que tocó una palabra de la ley del sólo sí es sí debido a una muy poco habitual entente entre PP, Junts, etcétera. No es un reto menor.

Si sucediera, quedará el visto bueno del Congreso, el visto bueno final, pero tal y como están avanzando la ley de bienestar animal y la reforma del Código Penal, quizá convenga al PSOE y a Unidas Podemos que las leyes salgan cuanto antes del Parlamento. Las fricciones entre los socios de la coalición no han faltado. Si no es la controversia por los perros de caza, que enfrentó a PSOE y a Unidas Podemos en el Congreso, es por la susceptibilidad del resto de los grupos asiduamente aliados del Ejecutivo. En el Congreso hubo hasta agonía. Mejor no descartar nada en el Senado.