De Alonso 'El Pocero' al 'alférez' Tejera de León: estos son los implicados en el 'Caso Cuarteles'

“El honor es mi divisa” es el lema del Instituto Armado. La frase decora todos los cuarteles de España y, en algunos casos, está inscrita en las paredes del llamado cuarto de puertas. Estas salas amplias, que suelen estar a las entradas de los acuartelamientos, eran precisamente una de las estancias que las empresas del imputado Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, solían pintar con más asiduidad dentro del entramado de corrupción que ha descubierto Asuntos Internos de la Guardia Civil y que ha supuesto un aldabonazo -precisamente- contra ese honor del que hace gala el Cuerpo. 

En el caso, instruido en el juzgado número dos de Madrid, se investigan presuntas irregularidades en obras de reforma y reparación en edificios del Instituto armado en 13 comandancias españolas, cuyos contratos habrían sido concedidos a un grupo concreto de empresas, todas relacionadas con Mon. El importe total concedido a las

 ascendería a más de 3,3 millones de euros por unas obras que en algunos casos no se llegaron a ejecutar del todo y, en otros, se presentaban facturas que estaban infladas. 

El 'caso Cuarteles', que ya ha provocado un primer cese en la Guardia Civil, corre en paralelo al 'caso Mediador', si bien ambas causas se unen tangencialmente en algunos puntos, sobre todo en sus inicios. Estos son sus implicados:   

El general Espinoda, el enlace

El general de división Francisco Espinosa Navas (Sevilla, 1956) es el único imputado dentro del 'caso Mediador', donde se investiga un entramado de posibles comisiones y sobornos para obtener favores y contratos públicos en Canarias, que se encuentra actualmente en prisión preventiva. En la causa están imputados, entre otros, un ex diputado del PSOE, Juan Antonio Fuentes Curbelo, conocido en la trama como Tito Berni. 

Espinosa fue durante años coronel jefe de Comandancia en Las Palmas, lo que le permitió desarrollar una red de contactos en las islas que luego le habrían valido para llevar a cabo las extorsiones, según estiman los investigadores. Su papel, de acuerdo a la jueza, era “esencial” en el grupo criminal ya que transmitía “confianza” a los empresarios de las islas para conseguir “propósitos ilícitos”. A muchos de ellos los recibía en su despacho de la Comandancia General de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno (Madrid). 

Los investigadores encontraron 60.000 euros de efectivo en su casa cuya procedencia el general, que en el momento de ser detenido llevaba ya más de un año en la reserva, no supo explicar en su declaración judicial. La trama, que llegaba a llamar a Espinosa como “papá”, cobraba una tasa de 5.000 euros por esos presuntos favores. 

En la última etapa de su carrera, Espinosa fue director del proyecto europeo GAR-Si Sahel de seguridad de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) que está liderado por la Guardia Civil y busca luchar contra el yihadismo. La investigación estima que pudo influir en que una determinada empresa propiedad de uno de los investigados, José Antonio Suárez (Asesoramiento y Servicio de Drones), consiguieran jugosos contratos. 

Así sorteaban la ley Jarava y 'Mon' para las adjudicaciones irregulares de obras en cuarteles de la Guardia Civil

Espinosa, según constató la investigación de Asuntos Internos, fue quien presentó al teniente general Pedro Vázquez Jarava, ahora en la reserva y que se encuentra imputado en el caso cuarteles, a un amigo canario dueño de una empresa de albañilería, Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, con el que Jarava también terminó trabando amistad y al que habría encargado multitud de contratos para reformar cuarteles en toda España. Unos contratos que juzgados de tres comunidades autónomas diferentes están investigando en la actualidad. 

El muñidor Vázquez Jarava

Nacido en la localidad de Villamartín (Cádiz) en 1954, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, actualmente en la reserva, es uno de los principales encausados por el Caso cuarteles. La investigación interna de la Guardia Civil le atribuye cinco delitos -cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación-, si bien la titular del juzgado de instrucción número 2 considera por ahora que solo le podría imputar falsedad documental. 

Durante su larga trayectoria, Vázquez Jarava ocupó numerosos cargos y estuvo en varios destinos, entre los que destacan la Comandancia de Madrid, el Escuadrón de Caballería, la jefatura de Asuntos Económicos y la Subdirección General de Personal y Apoyo, desde donde ordenó contratar con las empresas de Mon, tal y como atestigua el informe de Asuntos Internos y han declarado varios testigos, adelantado incluso dinero para las obras y provocando reformas que ni siquiera habían sido solicitadas por el personal de los acuartelamientos. 

En total, las empresas de Mon habrían obtenido contratos por valor de 3,3 millones de euros en 15 Unidades de la Guardia Civil. Hasta cuatro comandancias de la Guardia Civil (Badajoz, Castellón, Ávila y La Coruña) señalaron que fue el teniente general quien recomendó que se acotara a empresas “concretas” las obras de reforma. 

Los ascensos de Jarava en el Cuerpo, donde ha obtenido numerosas condecoraciones, como la Gran Cruz o la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, se produjeron en la época de los ministros de Interior del PP Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Diaz. 

La jueza que instruye el caso le atribuye los delitos de cohecho y falsedad documental. Según ha podido saber este diario, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Justicia también han investigado el patrimonio y los movimientos bancarios de Jarava en busca de indicios de sus supuestas irregularidades. 

El alférez Tejera de León

Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, es el empresario canario de la trama, cuyas empresas, Angrasurcor, Solocorcho o CanaryCork, se habrían llevado pingues beneficios de sus cerca de 200 contratos para reformar los cuarteles de la Guardia Civil. En algunos cuarteles era conocido como el “alférez”, porque siempre iba acompañado por oficiales y se paseaba por los acuartelamientos como si fuera uno más.Mon obtuvo contratos de cantidades que pasaban indetectables al radar fiscalizador -por debajo de 50.000 euros- en 13 comandancias distintas de la península desde el año 2013 a 2019 pese a que sus firmas radicaban en Canarias. La excusa usada desde la Subdirección General de Apoyo dirigida por Jarava para que sus empresas fueran elegidas es que usaba un tipo de pintura e impermeabilización especial que podría durar más tiempo. Se da la circunstancia, sin embargo, de que a veces los trabajadores que iban a hacer la obra no llevaban ni la pintura.

La Guardia Civil adjudicó 'a dedo' 24 contratos por un millón tras el nombramiento del general Jarava

El nombre de ‘Mon’ ya aparecía en el caso Mediador, en el que, sin embargo, no está imputado, aunque se le sitúa en una cena en noviembre de 2020 en Canarias con varios de los investigados, donde presumió de que tenía 16 casas frente al mar y que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero había mostrado interés por comprar la más grande.

La Fiscalía le pide 

 y una multa de 488.000 euros por un delito contra contra la Hacienda pública al considerar que dedujo como gastos ciertas cantidades que no estaban justificadas de forma suficiente, en concreto más de 170.000 euros. Al igual que él también está imputado su colaborador, S. G., el empresario valenciano que tiene una empresa de pinturas en Almoradí y colaboraba puntualmente con Mon.  

Alonso, 'el pocero'

Hasta que el teniente coronel Carlos Alonso llegó a la Comandancia de Ávila en mayo de 2015 los agentes se tenían que pagar de su propio dinero las copias de las llaves del acuartelamiento. Con su llegada todo cambio en la comandancia, a la que Alonso iba y venía todos los días desde Madrid, donde tenía su residencia habitual. Cogía el coche oficial -sin el chófer, eso sí- y se desplazaba de una provincia a otra, a apenas 70 minutos de distancia. Dicen los que coincidieron con él que con su llegada se reactivaron tanto las obras en los cuarteles que se le conocía como “El Pocero”. 

“Consiguió que de repente se abriera el grifo”, comentan fuentes del Cuerpo, que recuerdan cómo Alonso llegó a contratar un campo de tiro privado al sur de la provincia para realizar las prácticas de tiro -hasta entonces se hacían a campo abierto- o cómo se realizaron desfiles fuera de la comandancia a los que acudía hasta el obispo, algo que no era habitual.  

Durante los dos años y siete meses -hasta noviembre de 2017- que estuvo al frente de la Comandancia, el constructor investigado en el caso Cuarteles consiguió 27 contratos por valor de 170.000 euros por obras que, en algunos casos, o bien no se realizaron o estaban inconclusas en el momento en que se pagó por ellas. Actualmente a Alonso se le imputa un delito de falsedad documental, por haber validado presuntamente facturas falsas para justificar pagos no realizados. En su declaración judicial, Alonso se lavó las manos y responsabilizó a Jarava de haber dado la orden de contratar con Mon.

Tras el periodo en Ávila y los dos años como jefe de una unidad operativa necesarios para ascender a general, Alonso volvió a la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, donde tiene destino en Operaciones, aunque no dirige la Unidad como se podía esperar de su cargo. Por ahora, el Ministerio del Interior le mantiene en su puesto a la espera de lo que determine la instrucción. De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, las pesquisas tanto de sus cuentas como las de su esposa descartan que exista un enriquecimiento ilícito por los hechos acaecidos.  

Tienda, el primer cesado

El jefe de la Comandancia de Tenerife José María Tienda ha sido la primera víctima en el Cuerpo del caso cuarteles pese a no estar imputado. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, le apartó de su puesto de mando el miércoles por la noche por falta de confianza. 

De 193 concesiones de obras investigadas como irregulares en toda España por la sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil, Tenerife acumula 47, con un valor total de 927.499 euros. 

Fuentes de la Benemérita indican a este diario que no solo ha pesado la investigación que está realizando Asuntos Internos sobre las obras supuestamente irregulares sino que también se habían valorado el impacto que sobre "la operatividad de la comandancia" están teniendo las revelaciones que La Provincia, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y otros diarios de Prensa Ibérica están haciendo acerca del caso.

"Un jefe de comandancia debe ejercer el mando y liderazgo y ser ejemplo para sus subordinados y para la sociedad a la que sirve", explicaron a los medios del grupo Prensa Ibérica fuentes de la Guardia civil, que pusieron énfasis en la relación personal que mantenía Tienda con Mon desde hace años.