La Fiscalía de Madrid ha relevado a la fiscal adscrita al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que hasta la pasada semana llevaba el denominado Caso Cuarteles por presunta corrupción en las obras realizadas por un empresario canario -también mencionado en la trama Mediador- en 13 comandancias de la Guardia Civil de toda España. El asunto, que afecta a un total 193 obras por las que las empresas investigadas facturaron 3,3 millones de euros, ha pasado a la sección especializada en Asuntos Económicos, han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes del caso.

De este modo, a partir de ahora será la fiscal Virna María Alonso Fernández, decana de la Sección de Asuntos Económicos de la Fiscalía de Madrid quien se ocupe ahora del caso, en el que se investigan presuntos delitos de corrupción económica como son la falsedad documental y la malversación.

El 17 de abril

También será la fiscal especializada la que acuda el próximo 17 de abril a la nueva declaración como investigado de uno de los cuatro imputados hasta el momento en esta causa. Se trata del teniente coronel y ex responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila Carlos Alonso, quien será interrogado sobre su presunta responsabilidad en la adjudicación y pago de las obras realizadas en 26 acuartelamientos de esta provincia por parte del empresario de Lanzarote Ángel Ramón Tejera de León, conocido con el alias de 'Mon'.

Hasta ahora, su antecesora en el cargo ha estado presente en el resto de diligencias, como por ejemplo en la comparecencia del segundo mando imputado, el teniente general Carlos Vázquez Jarava. Este alto oficial declaró en el juzgado madrileño a finales de abril, tras aceptar la instructora la causa procedente del de Instrucción número 2 de Ávila tras ser apuntada su presunta responsabilidad y ampliarse las sospechas sobre su influencia en las obras adjudicadas -con sobrecostes, y algunas ni llegadas a realizar- en otras comandancias españolas.

Papel de la Fiscalía

Durante esta etapa, la fiscal inicial ha apoyado mediante informes las escasas diligencias practicadas por la jueza Isabel Durántez en este asunto, que parece haberse reactivado tras su difusión por los medios de comunicación. Así, el pasado 16 de enero la Fiscalía el caso emitió un informe en el que mostraba su conformidad con el hecho de que la realización de estos controles corresponda finalmente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. La jueza dio su visto bueno a esta diligencia diez días después.

Por otro lado, la Fiscalía impugnó el recurso presentado por el teniente coronel Alonso, actualmente número dos de la Comandancia de Madrid- en el que éste solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones. La Audiencia de Madrid acogió este criterio y el pasado 20 de febrero comportamientos sospechosos al alto mando de la Guardia Civil cuando estaba al frente de la Comandancia de Ávila que justifican mantenerle como investigado junto a su superior Vázquez Jarava, el empresario Tejera de León y una cuarta persona, un trabajador a cuenta ajena contratado por este último. 

Entre las conductas que los magistrados consideran, con el apoyo de la Fiscalía, que pueden suponer delito por parte de este oficial está "la inmediatez entre la presentación de algunas de las facturas, su visado y su presentación al cobro", así como la "discordancia entre los trabajos realizados y el contenido" de estos documentos.