Memoria Histórica

Un cambio de opinión de los Primo de Rivera propicia la exhumación de José Antonio

Se impuso dentro de la familia de Primo de Rivera la opinión de que su antecesor ha de estar enterrado en un cementerio católico, como el propio político expresó en su testamento

Tumba de José Antonio Primo de Rivera en la basílica del Valle de los Caídos.

Tumba de José Antonio Primo de Rivera en la basílica del Valle de los Caídos. / JOSÉ LUIS ROCA

Juan José Fernández

Una parte de la familia Primo de Rivera estuvo de acuerdo con que los restos de José Antonio, fundador de la Falange, permanecieran en el recinto fúnebre de Cuelgamuros aun no estando en una tumba preeminente y a la vista, sino tan anónimamente como los demás restos de fusilados y muertos en batallas de la Guerra Civil que yacen allí.

Así lo pensó también el Gobierno en una primera fase de elaboración del proyecto de resignificación del Valle de los Caídos, confirman a este diario fuentes cercanas a aquellos trabajos. Finalmente se impuso dentro de la familia la opinión de que su antecesor ha de estar enterrado en un cementerio católico, como el propio político expresó en su testamento. Y el Ejecutivo ha concedido este lunes, el día de la semana en que los monumentos de Patrimonio Nacional están cerrados al público, para llevar a cabo la exhumación.

La aprobación de la actual ley de Memoria Democrática, que evoluciona de la Ley de Memoria Histórica tejida bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, movió a los Primo de Rivera a anticiparse con su exhumación privada a la que hubiera sido una exhumación estatal de oficio antes del final de legislatura, pues el texto legal proscribe que ningún cuerpo tenga en Cuelgamuros lugar preeminente sobre los demás, y eso ha llevado finalmente al acto funerario de este lunes.

En 2011, el Gobierno Zapatero no tenía canal directo de comunicación con los Primo de Rivera. El socialista guipuzcoano Ramón Jáuregui era ministro de la Presidencia en la época y dirigía el proyecto de resignificación del monumento de Cuelgamuros, como hoy su sucesor Félix Bolaños dirige la política de Memoria del Ejecutivo. Jáuregui recuerda que hubo "un mensaje de la familia trasladado indirectamente al Gobierno", y añade: "No sé quién lo hizo . Sé que llegó a la comisión de expertos que yo creé". Se refiere al grupo de especialistas que reunió en Moncloa para elaborar un primer informe sobre la viabilidad de transformar el monumento del Valle de los Caídos.

La familia Primo de Rivera no confirma este extremo, pues guarda silencio total acerca de este histórico nuevo traslado de los restos. En aquel momento aún no se había inclinado el Ejecutivo por una desacralización del cementerio que, en definitiva, es el Valle de los Caídos. También estaba vivo Miguel Primo de Rivera y Urquijo, exalcalde de Jerez, uno de los promotores de la Transición, senador por nominación del rey Juan Carlos y cabeza de la familia Primo de Rivera.

Hoy el Primo de Rivera situado en la cúspide de la familia es Fernando, bróker madrileño de fondos de inversión y exejecutivo de Chase Manhattan Bank. Parte de los títulos nobiliarios que posee, los concedidos por la dictadura como el ducado de Primo de Rivera, le han sido retirados en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Acto privado

La exhumación de este lunes tiene un fondo de didáctica política similar a la de la exhumación de los restos de Francisco Franco, el 24 de octubre de 2019, pero en su forma es un acto totalmente distinto. El traslado del cuerpo del dictador fue una expulsión decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez, y como acto público y volitivo del Ejecutivo se organizó incluso una retransmisión televisiva. La exhumación de hoy es una decisión familiar de los Primo de Rivera, y como acto privado Gobierno solo la comenta como "un paso más en la resignificación del recinto", como dijo Bolaños el pasado viernes.

Todo el protocolo y el relato hertziano del traslado de los restos de Franco quedó a cargo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y del director del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, con la entonces ministra de Justicia y notaria mayor del reino, Dolores Delgado, como cariátide en Cuelgamuros.

También estuvo en el Valle aquel día el actual ministro de la Presidencia. En esta ocasión el Gobierno no da detalles de la exhumación "por razones de seguridad como por la propia intimidad de la familia", como dijo la pasada semana Bolaños nada más llegar a Barcelona.

Sí ha trascendido que la familia ha aceptado que el traslado tuviera lugar el mismo día en que se cumplen 120 años del nacimiento de José Antonio. Como ya adelantó este diario, los restos van a una tumba propiedad de los Primo de Rivera en el cementerio Sacramental de San Isidro, uno de los más monumentales de Europa.

José Antonio Primo de Rivera fue juzgado por las autoridades de la II República en un proceso en el que el reo mismo fue su propio abogado. Condenado a muerte por el delito de rebelión, fue fusilado el 20 de noviembre de 1936. Sus restos han cambiado de lugar ya cuatro veces.

Lista de espera

La salida del cadáver de José Antonio Primo de Rivera de su tumba al pie del altar de la basílica del Valle de los Caídos es ya parte del relato político de esta legislatura, mientras en las criptas laterales del mismo templo excavado en la roca de Cuelgamuros esperan exhumación los restos de 118 víctimas de la Guerra Civil y la represión, reclamados por sus familiares.

Desde que la familia Primo de Rivera anunció su intención de llevarse el cuerpo de José Antonio hasta que se consuma la exhumación no han pasado cinco meses. El letrado madrileño Eduardo Ranz, abogado de parte de los reclamantes, ve dos velocidades en materia de política mortuoria en el monumento que dirige Patrimonio Nacional bajo dependencia directa de Presidencia del Gobierno. "Como demócrata, sin duda está muy bien ver que se exhuma al fundador del partido único de la dictadura, al general golpista Queipo de Llano o al propio dictador, pero esto también genera una discriminación a las víctimas, que también tienen una sentencia que autoriza, u ordena, exhumar a sus familiares, quienes perdieron la vida por pensar diferente".

Se refiere Ranz al fallo que le concedió un juzgado de San Lorenzo de El Escorial (la localidad madrileña en cuyo término está Cuelgamuros) en mayo de 2016, autorizando, en aplicación de un derecho a adecuado enterramiento vigente desde 2019, a los familiares de los hermanos anarquistas aragoneses Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás a recuperar sus restos. Los hermanos Lapeña habían sido asesinados en 1936 y arrojados sus cuerpos a una fosa común en Calatayud.

En 1959, las autoridades franquistas, sin dar cuenta a la familia, se llevaron los restos para inhumarlos bajo la Cruz de los Caídos. En aquel año, próxima ya la inauguración del gran monumento del nacionalcatolicismo, los gobernadores civiles de Franco habían recibido orden de aportar desde toda España osamentas con las que llenar las criptas de la basílica.

La sentencia de los Lapeña, un hito judicial, va a cumplir siete años de retraso en su ejecución. Para Ranz "solo cabe concluir que en el Valle a quienes se exhuma es a los políticos. Falta es enfoque, pero desde las víctimas".

En diciembre pasado, la familia Primo de Rivera ya inició los trámites para la exhumación del único cuerpo en una tumba individual en el Valle de los Caídos tras la retirada de los restos del dictador Francisco Franco. En el mismo mes, el Gobierno también reanudó los trabajos para exhumar los restos de 118 víctimas de la Guerra Civil a petición de sus familiares, dal acabar la paralización que impusieron unas medidas cautelares impuestas por un juzgado de Madrid.

Cerca de 34.000 cuerpos yacen en la que es la mayor fosa común de España. Los custodia una comunidad benedictina encabezada por un monje, Santiago Cantera, que antes de llevar el hábito fue candidato de Falange en unas elecciones locales. La congregación será también desalojada del recinto cuando avancen los planes de resignificación del Gobierno.