El PP no espera a Bruselas y prepara una reforma legal de la malversación

El anuncio de la semana pasada de la Comisión Europea, asegurando que redactará una directiva para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas, fue una buena noticia para el PP, que rechazó de manera rotunda la reforma de la malversación que aprobó el Gobierno de coalición hace medio año. Esa directiva, de obligado cumplimiento y transposición a los estados miembros, si se llega a completar (hay elecciones europeas a mediados de 2024), obligará, por lo sabido hasta ahora, a endurecer en España las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho, para que sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años.

Los conservadores no quieren esperar a saber qué propondrá realmente la Unión Europea, un largo proceso que ahora empieza por la propuesta de la Comisión, pero que tiene que pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo (donde hacen aportaciones los gobiernos nacionales). Según Borja Sémper, portavoz del PP, hay que arreglar este "desaguisado" de Pedro Sánchez cuanto antes y el grupo parlamentario en el Congreso presentará una iniciativa legal para endurecer la malversación, tipificar de nuevo la convocatoria del delito de referéndum ilegal (eliminado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero) y también la sedición (derogada por este Ejecutivo también en diciembre). "Vamos, lo que decía Sánchez antes de defender a los independentistas", ha dicho Sémper con sorna en referencia al apoyo parlamentario que ERC y EH Bildu ha dado al Gobierno central esta legislatura.

“Nos hará ser mejores y fortalecerá nuestra democracia”, ha dicho en rueda de prensa en la sede del partido. “Le ofrecemos a Sánchez la oportunidad de hacerlo ahora juntos, y si no, lo haremos después solos. Hay que solventar este desaguisado”, ha repetido. En el PP no han querido dar ninguna concreción de las penas que propondrán ni tampoco cuándo presentarán esa proposición de ley.

La ley ahora

El PSOE, con el apoyo de sus socios parlamentarios, ha mantenido en el Código Penal la malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber "ánimo de lucro". La autoridad o funcionario público tiene que apropiarse del patrimonio público.

Además, ha creado dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas", con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años. Y un segundo tipo para "la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado", sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.