Moreno señala a PSOE e IU como responsables del expediente de las villas frente a Doñana

La macrourbanización proyectada en Trebujena (Cádiz) con vistas panorámicas a Doñana se coló en la sesión de control del Parlamento andaluz mostrando a un presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, visiblemente indignado con lo que calificó de "cinismo" de la izquierda con este asunto y devolviendo al tejado de la oposición el problema generado con este proyecto. Moreno afeó a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), que no sacara en esta ocasión a relucir el asunto de Doñana, con el que la izquierda lleva semanas haciendo una frontal oposición al Gobierno andaluz a cuenta de la proposición de ley del regadío que tramitan PP y Vox. IU eludió mencionar el último gran desarrollo urbanístico que ha elevado de nuevo el enfrentamiento entre Junta y Gobierno, la construcción de un 'resort' de lujo con 300 villas, un campo de golf y un hotel en una marisma desecada del Guadalquivir, como también lo esquivó el líder del PSOE-A, Juan Espadas.

El proyecto se lanzó desde el ayuntamiento de Trebujena, que gobierna Izquierda Unida, y donde todos los concejales son de la izquierda, con seis concejales del PSOE y siete de IU. “Díganle a su alcalde que frene el proyecto de Trebujena pero claro para eso tienen que devolver el dinero que ya ha aceptado del constructor y promotor”, subrayó Moreno, “díganle a su ayuntamiento que lo paren y devuelvan el dinero”, insistió reprochando a IU su “cinismo” y recordando que el proyecto se inició, allá por 2003, por el ayuntamiento “con la autorización y el impulso del gobierno socialista de esa época”. “Hoy hablar de medio ambiente no le interesa”, ironizó, “porque el promotor es su propio partido”, reprochó a la portavoz de IU.

Pero no fue el único dato que el presidente andaluz llevaba poniendo en práctica la teoría de que la mejor defensa es un buen ataque. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el visto bueno de la Junta de Andalucía al proyecto es “una locura” y un trámite “absurdo”, dejando claro que el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dirá que el terreno es inundable, son unas marismas desecadas de especial protección.

Moreno aseguró en el Parlamento andaluz que la tramitación en la Junta de Andalucía, que el pasado abril dio su declaración ambiental favorable, comenzó con un gobierno socialista. En concreto en 2009 se admitió a trámite la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística PGOU) de Trebujena para permitir la construcción de 300 fincas en esos terrenos y el consejero entonces de Vivienda y Ordenación del Territorio era Juan Espadas, actual secretario general del PSOE andaluz. En la memoria medioambiental de la Junta sobre ese proyecto figura que en 2009 se abrió “un plazo de alegaciones” para tramitar el cambio urbanístico y entonces el consejero era Espadas. Ese mismo informe de un gobierno socialista decía “que las condiciones ambientales se presuponen de nula o muy baja significatividad”.

Bajo lupa de la Fiscalía

La Fiscalía de Medio Ambiente también vigila de cerca todo el procedimiento administrativo que rodea esta polémica propuesta, que suma ya veinte años de antigüedad. Según ha podido confirmar El Periódico de España, fuentes del ministerio público aseguran que existe abierto un expediente administrativo que se ordenó en 2019 y que ha requerido toda la información sobre este proyecto al ayuntamiento de Trebujena por ubicarse en un zona de especial protección medioambiental. La Fiscalía ha ido requiriendo toda la documentación sobre los distintos cambios operados en el PGOU municipal, que eleva un 255% la edificabilidad en el municipio con la construcción de este gran complejo de villas de lujo, hoteles y campo de golf.

La puesta en marcha del macroproyecto turístico ya ha generado ingresos para el Ayuntamiento de Trebujena. En el convenio que se firmó con el primer promotor de la urbanización, el belga Bernard Devos, la empresa se comprometía a abonar 5.598.427 euros cuando se aprobara la modificación del PGOU para pasar los terrenos de suelo rústico a urbanizable. En 2012 se firmó un nuevo convenio que redujo la compensación a 3,3 millones, al reducirse, por intervención de la Junta de Andalucía, de 750 a 300 las casas previstas. El Ayuntamiento ya ha recibido 1,8 millones de euros y podrá recibir el resto, 1,5 millones, cuando se apruebe la modificación definitiva del PGOU, señalan fuentes próximas al consistorio. El presupuesto total del municipio es de 7,1 millones de euros.

Dos promotores y dos alcaldes

La modificación del PGOU, con la macrourbanización pactada, se inició en el pleno municipal en 2007. Después la crisis del ladrillo paró todo el plan. En 2019, con nuevos promotores, Costa Guadalquivir SL, al frente, el ayuntamiento promovió otra modificación del plan general para incluir esas 300 viviendas, lo que supone aumentar los suelos urbanizables del municipio en un 255 %, sin tener en cuenta las más de 800 alegaciones que habían presentado las organizaciones ecologistas.

El Gobierno andaluz señala que este proyecto entró en la Junta cuando gobernaba el PSOE y que "hasta hace cuatro meses" el alcalde de IU pedía su tramitación. El pasado 12 de abril, la delegación territorial de Cádiz emitió una Declaración Ambiental Estratégica favorable. La Junta asegura que "hay cinco informe técnicos favorables” y alegan que “no era posible seguir dilatando la tramitación” tras haber solicitado en tres ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que se pronunciara sobre los suelos donde se ubica la urbanización.

El actual alcalde del municipio, Ramón Galán (IU), tomó el bastón de mando hace un año, aunque ya formaba parte del equipo de gobierno. Ahora se opone al proyecto urbanístico aunque la Junta de Andalucía ha aportado documentación que señala que “hace solo cuatro meses” el ayuntamiento seguía requiriendo a la Junta que informara sobre la declaración ambiental. Su antecesor en el cargo, Jorge Rodríguez, también de IU, sí apoyó durante años el faraónico desarrollo urbanístico y ahora preside el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, responsable de abastecer de agua a 15 municipios con 800.000 habitantes. Tres alcaldes de IU han pasado por el ayuntamiento desde 2003.