La jueza cita a declarar al hermano de Sánchez y a Gallardo el próximo 9 de enero como investigados

La jueza Beatriz Biedma ha citado el próximo 9 de enero en calidad de investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, para que declare en la causa que se instruye contra él por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su responsabilidad Opera Joven y por su cargo como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música en la Diputación de Badajoz. También cita al mismo tiempo a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura.

 Según el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense, "en el presente momento procesal, y una vez practicadas las diligencias de investigación tendentes a determinar la procedencia de la continuación de la presente instrucción", el músico debe ser citado como imputado "a los efectos de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra los mismos, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión".

En un auto dictado este miércoles, 27 de noviembre la jueza cita a declarar a Sánchez y a Gallardo además de a otras siete personas, todos ellos responsables de la Diputación de Badajoz, en el marco del proceso que se sigue contra el hermano del presidente del Gobierno por prevaricación, malversación o tráfico de influencias, entre otros. Entre los citados se encuentran Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Félix González, Emilia Parejo y Francisco Martos.

La investigación también incluye testigos y peritos, como son los responsables de los conservatorios de Badajoz y técnicos de la Agencia Tributaria, quienes deberán esclarecer aspectos relacionados con las presuntas irregularidades denunciadas.

La decisión de llamar a declarar a nueve personas en calidad de investigado se produce después de que la jueza haya recibido el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras entrar en la Diputación de Badajoz y requisar una serie de correos electrónicos relativos al caso que se investiga.