El juez del Supremo subraya la intervención "activa" de Cerdán en una donación a la fundación de Ábalos para vincularle con Servinabar

La declaración en el Tribunal Supremo de Antxon Alonso, dueño de Servinabar -la empresa que obtuvo adjudicaciones de obra pública en Navarra y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- no ha convencido al instructor de la causa, Leopoldo Puente, que desconfía de la versión de ambos. El juez afirma tener indicios de que el exdirigente socialista participó "activamente" por cuenta de esta sociedad en una donación de 4.500 euros realizada a Fiadelso, la fundación para ayuda al desarrollo del exministro José Luis Ábalos, y apunta al hecho de que ésta se produjera en 2018, dos años después de la fecha que aparece en el contrato por el que supuestamente Alonso vendió a su amigo casi la mitad de Servinabar.

Durante su comparecencia de este lunes, Alonso hizo suya la explicación que ya diera Cerdán sobre la frustrada cesión de participaciones de Servinabar, que pasa por negar efectos jurídicos al contrato privado que la Guardia Civil encontró en su domicilio, con fecha de junio de 2016, según el cual Cerdán adquiría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones -el 45%- de la sociedad. Ambos afirman que el documento se preparó después de que el PSOE cosechara el peor resultado de la historia", en Navarra lo que habría llevado a Cerdán a pensar en "abandonar la política". Por ello Alonso le habría ofrecido ser su socio, aunque el entonces dirigente del PSOE lo desechó tras hablarlo con su mujer.

Por parte de Servinabar

Según señala el magistrado en su auto, sin embargo, ninguno de los dos ha logrado explicar fácilmente el motivo por el cual Antxon, "buen amigo de don Santos según se proclama", conservaba el citado contrato "tantos años después, en su propio domicilio"; como tampoco que dos años después de la fecha en que se firmó el contrato, ya en el mes de julio del año 2018, Cerdán interviniera "activamente" en la donación a Fiadelso. Dicho pago ha sido expresamente reconocido por Antxon Alonso ante el juez instructor.

Antxon Alonso sostiene en el Supremo que Cerdán no participó en Servinabar y el juez le retira el pasaporte

Según consta en el informe de la UCO, una hija de Ábalos, Tatiana, reclamó en junio de 208 al asesor de su padre Koldo García un pago por importe de 4.472 euros, facilitándole el número de cuenta al que debía realizarse la transferencia, así como el nombre completo de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social (Fiadelso). El informe recoge un mensaje de Santos a Koldo de unos días después, el 2 de julio, en el que el entonces secretario de Coordinación territorial del PSOE le solicita al asistente de Ábalos el CIF de Fiadelso.

Reclamaciones de Tatiana

La secuencia se completa días más tarde, cuando Tatiana Ábalos vuelve a escribir a Koldo para indicarle que aún no había recibido ningún pago y Santos le remite a éste una captura de pantalla de un correo electrónico corporativo de Servinabar recibido por el propio Antxon en el que se indicaba que esta empresa había efectuado una transferencia de 4.500 euros a una cuenta del banco BBVA. Koldo le reenvía la captura a Tatiana disculpándose por la tardanza y alegando que este retraso no se volvería a repetir, lo que hace pensar a los investigadores que los pagos podrían ser periódicos.

"En efecto, ya tras haber accedido don Koldo García Izaguirre al cargo de asesor del Ministro de Transportes --el también investigado en esta causa don José Luis Ábalos Meco--, conforme consta en el tan mencionado informe policial, y el investigado reconoce, la compañía Servinabar 2000 habría efectuado una trasferencia por importe de 4.500 euros, en concepto de donación, a la fundación Fiadelso vinculada con el investigado en esta causa don José Luis Ábalos Meco y otros miembros de su familia (...) donación en la que habría intervenido activamente don Santos Cerdán, y que, por el contexto de los mensajes a los que se refiere y describe el informe policial, aunque el aquí investigado lo niega, podría haber tenido un carácter repetido o periódico", concluye el magistrado en el auto en el que impone a Alonso la prohibición de salir del país.

Todo ello, más los indicios referidos a la actuación en UTE de Servinabar junto con Acciona para la obtención de adjudicaciones públicas, determina para el juez la existencia de indicios bastantes para poder considerar que el mencionado don Joseba Antxon Alonso Egurrola podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración, al menos, con los investigados don Santos Cerdán León, don Koldo García Izaguirre y don José Luis Ábalos Meco, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promoví". Por ello, le atribuye inicialmente delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo y le obliga a comparecer quincenalmente ante la justicia, además de retener su pasaporte.

Suscríbete para seguir leyendo