El Gobierno mide sus reformas anticorrupción para no “estrangular” la contratación pública y plantea mayor castigo a los corruptores

El Gobierno sigue concretando el paquete de medidas anticorrupción que dará a conocer Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso. Una comparecencia que, pasado el trámite del comité federal, será la verdadera prueba de fuego para el jefe del Ejecutivo. Los socialistas califican de “potentes” las reformas en las que están trabajando y confían en atar el apoyo imprescindible de sus socios para sobrevivir parlamentariamente al ‘caso Cerdán’. Sin embargo, este lunes todavía no las habían compartido con los socios de coalición, generando suspicacias y dudas en Sumar. Tampoco se han producido todavía llamadas a los socios de la mayoría de investidura, según fuentes de los grupos, aunque a formaciones como ERC se les fue adelantando la intención de recoger propuestas que pusieron sobre la mesa. Asimismo, a los de Yolanda Díaz se le trasladó de forma genérica que de las medidas exigidas, algunas ya estaban en tramitación y el resto se comprometieron a “estudiarlas”.

En Moncloa están midiendo sus reformas para compaginar la “contundencia” en la lucha contra la corrupción con el reto de no “estrangular” a la Administración en los procesos de contratación pública. Desde formaciones como EH Bildu se ha propuesto, precisamente, modificar las leyes de contratación pública, prohibir la externalización de planes políticos públicos a consultoras o aumentar las sanciones a las empresas corruptoras. Esta última propuesta es compartida por la mayoría de grupos y en el Ejecutivo han anticipado su intención de endurecer los castigos a las empresas que pagan mordidas para conseguir o facilitar su acceso a obra pública. Algo no siempre fácil de identificar y que se refleje en las sentencias con tipos delictivos específicos, como exige la normativa actual.

El PSOE confía en atar a los socios con el paquete de medidas anticorrupción que anunciará Sánchez en el Congreso

Ante esta realidad, desde Sumar se pretende que la prohibición para concurrir a concursos públicos de contratación, durante 20 años, se aplique a empresas condenadas por corrupción, sin especificar que tengan que especificarse delitos de cohecho o tráfico de influencias. Una prohibición que buscan ampliar a empresas vinculadas, por participación en capital, derechos de voto, filiales, grupos de empresas, control efectivo o vinculación contractual dominante, así como las UTE. Los abertzales, por su parte, se refieren a castigar con la prohibición de concurrir a adjudicaciones públicas “a quien incurre en prácticas ilegales”. Este mismo lunes declararon en el Supremo dos empresarios imputados en la causa para intentar aclarar si pagaron comisiones ilegales a cambio de obra pública licitada por el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro.

El paquete de medidas que se anunciará este miércoles lo están desarrollando los principales colaboradores del presidente del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Este último, reconocía ayer que la batería de medidas en las que trabajan son cruciales para recuperar la confianza de la ciudadanía y que la presunta trama de corrupción en sus filas “no manchen la acción de este Gobierno”.

La nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se estrenaba tras reestructurarse la ejecutiva lanzando un mensaje de tranquilidad y mostrando su “confianza en que el debate de este miércoles va a ser positivo”. “Vamos a salir más reforzados como Estado”, garantizó en rueda de prensa desde Ferraz tras la ejecutiva socialista.

Línea roja de los socios

Tanto los socios de coalición, como los socios parlamentarios, exigen un giro y decisiones contundentes que no se queden en medidas cosméticas. La portavoz socialista, que compagina estas nuevas responsabilidades con la secretaría general del grupo en el Congreso, tiraba de la receta de la que suelen hacer gala los socialistas: “escuchar y proponer”, con la promesa de que las medidas que se tengan que aprobar “serán trabajadas con los diferentes grupos”.

En Ferraz reconocían la falta de contactos este lunes, pero deslizaban la posibilidad de hacerlo en las próximas horas. En Moncloa, por su parte, ya avanzaban la pasada semana que el presidente del Gobierno “intentará incorporar todo lo que los socios le han trasladado”.

Más allá de las medidas anticorrupción, la línea roja de los socios es que la corrupción escale más allá del denominado “triángulo tóxico” o se convierta en un caso de financiación irregular del PSOE. Esto es, que acaben visibilizándose como cómplices de la presunta corrupción del PSOE. De ahí la insistencia desde Ferraz y también desde la parte socialista del Ejecutivo en negar cualquier indicio en este sentido. "Hemos revisado las cuentas del partido y estamos tranquilos", aseguraba Bolaños en un mensaje a sus socios, concluyendo que "si se llevaron algo, se lo llevaron para ellos, no afectó PSOE.

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