Los expertos detectan falta de concreciones y de fiscalización en el plan anticorrupción de Sánchez

Más allá de los reproches múltiples y cruzados, el pleno sobre la trama de corrupción que impacta en el PSOE ha servido para que el presidente Pedro Sánchez presentara en sociedad un plan de 15 medidas para luchar contra la corrupción que pone en el punto de mira a partidos políticos, cargos públicos, instituciones y empresas que contratan con la administración. ¿Son unas medidas adecuadas y suficientes? Los expertos consultados por EL PERIÓDICO apuntan que hay algunas que van en la buena dirección, pero también señalan carencias y la falta de concreción en varios puntos.

Valoración general de las medidas

"Hay muchas medidas esperanzadoras, pero como siempre el diablo está en los detalles". Esta la primera impresión de la activista e impulsora de la plataforma Xnet, Simona Levi. Ella quiere huir de los agoreros que siempre consideran que está "todo mal", pero pide que las promesas no queden en "agua de borrajas". "Actualmente, ya hay mucha legislación [sobre el mismo tema], pero simplemente no se aplica o no tiene régimen sancionador", lamenta.

Itziar González, presidenta del Observatori contra la Corrupció, admite que la sensación es "agridulce". Por un lado, celebra que por fin medidas que eran exigidas por Europa se pongan en marcha, pero por el otro lamenta que no se las hayan tomado "en serio" hasta ahora y que se activen como "herramienta de legitimación" del partido que gobierna, además de señalar que se haya obviado tanto los organismos autonómicos ya existentes como las plataformas ciudadanas que hace años que se dedican al combate contra la corrupción. Por su parte, Jaume López, exdirector general de Bon Govern y profesor de ciencia política en la UPF apunta que el problema de estas medidas, que considera "positivas" aunque para nada nuevas, es que se acaben realizando.

Es una sensación agridulce. Las medidas se impulsan como herramienta de legitimación del partido que gobierna

Itziar González

— Presidenta del Observatori contra la Corrupció

Los puntos débiles

El plan de Sánchez se resume en 15 medidas y se desarrolla en un total de 34 páginas. Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Ridao, es un compendio de medidas algunas de las cuales "están bien, otras se tiene que ver cómo se concretan y otras que son muy voluntaristas". Según él, autor del libro 'Contra la corrupció. Una reflexió sobre l'ètica i el poder' (Angle), cojea en la vigilancia de los procesos de licitación de las grandes infraestructuras y también echa en falta "una vuelta de tuerca más" en la supervisión de la financiación de los partidos.

Comparte López esa tesis, que considera que el plan de choque se queda "corto" apuntando solo a una segunda auditoría externa y teniendo presente que, además de la financiación, son actores de riesgo de corrupción porque ejercen de proveedores de cargos públicos de la administración. González, por su parte, es tajante a la hora de advertir que sin que se ponga dotación económica, personas, calendario y organismos independientes de control ciudadano es fácil que todo acabe quedando en papel mojado.

La Agencia Independiente de Integridad Pública

Una de las medidas estrellas del plan es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública especializada en la prevención, la supervisión y la persecución de la corrupción. Para Ridao es una "buena medida" que se inspira en precedentes como la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Eso sí, avisa de que faltan detalles sobre "qué encaje tiene" en el ordenamiento actual y, sobre todo, si "depende orgánicamente del Gobierno o es realmente una autoridad independiente".

Falta saber si la Agencia Independiente de Integridad Pública depende orgánicamente del Gobierno o es realmente una autoridad independiente

Joan Ridao

— Profesor de Derecho Constitucional de la UB

En el documento no se precisa, y por eso también González frunce el ceño. "Cuando una institución se crea de arriba a abajo ya no es independiente. Los directores acaban escogiéndose fruto de negociaciones políticas", asegura, además de plantear que la sociedad civil pueda formar parte del órgano y proponer nombres para dirigirla. En todo caso, recela de un modelo vertical de centralización del control y aboga por uno basado en la "capilaridad" con una red musculada y coordinada de organismos autonómicos y asociaciones de alertadores y de trabajadores públicos.

Levi reclama saber "quién vigilará al vigilante", es decir, que contrapesos tendrá la agencia. "En Catalunya tuvimos problemas porque el poder de la Oficina Antifrau no se utilizaba para el bien común", recuerda. Uno de sus exdirectores, Daniel de Alfonso (2011-2016), fue cesado del cargo cuando se descubrió que conspiraba con el entonces ministro del Interior contra dirigentes soberanistas. Para López, la agencia estatal puede no ser necesaria en casos como el de Catalunya, donde ya hay un ente propio, pero sí defiende que a este se le dote de una nueva estructura y recursos porque en estos momentos "no cumple correctamente" con la protección de las personas alertadoras.

El control a las empresas

Detrás de un corrupto hay siempre un corruptor, a menudo empresas que dan mordidas a cambio de concesiones en obra pública. El plan de Sánchez prevé una lista negra de compañías para impedir que aquellas que sean condenadas puedan volver a tener contratos con la administración. Ningún experto lo objeta, pero para Ridao habría que controlar más las mesas de contratación donde se discuten las licitaciones: "Deberían ser [su composición] absolutamente técnica. Actualmente, aún hay, margen de discrecionalidad". Y por allí hay una puerta de entrada a la corrupción.

López también avala como útil la 'black list', aunque Itziar González la tacha de "naíf" porque, a partir de su experiencia, constata que "la ingeniería de las empresas" para cambiarse de nombre y así poder continuar presentándose a concursos es sofisticada. "Es una medida para blanquear el impacto y el descrédito que tienen los gobiernos que las contratan", sentencia.

Hay que aplicar un régimen sancionador a los cargos institucionales que no cumplen con la obligación de hacer públicas sus agendas

Simona Levi

— Impulsora de la plataforma Xnet

El control a los partidos

Otra de las claves de la lucha contra la corrupción es la financiación de los partidos. Actualmente, proviene fundamentalmente de fondos públicos, pero Ridao considera que el plan debería haber puesto más el acento en el control en las entidades del entorno de las formaciones políticas como las fundaciones o los 'think tank' porque la legislación actual tiene "fugas". Levi critica que son muchos los cargos institucionales que no cumplen con la obligación de hacer públicas sus agendas: "Y aquí hay que aplicar un régimen sancionador".

Para González, reformar la ley de financiación de los partidos es clave, así como elaborar "un código ético de servicio" y que las formaciones entreguen los mapas de su "casa interna" para saber qué circuitos de control tienen. También defiende que si reciben dinero público se sometan a una auditoría ciudadana, además de pedir que se protejan realmente a las personas alertadoras, que considera "el auténtico ejército contra la corrupción".

Suscríbete para seguir leyendo