El Gobierno iniciará el traslado de menores migrantes el 28 de agosto pese al ‘boicot’ del PP: “La ley se cumplirá”

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores migrantes prevista para este jueves no se ha podido celebrar después de que el Gobierno haya comprobado la falta de quorum para llevarla a cabo debido al plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita "ilegal". Pese al boicot, desde el Ejecutivo seguirán su hoja de ruta y el próximo 28 de agosto se iniciará la distribución a las comunidades autónomas de un máximo 3.900 menores migrantes. Se establece el plazo de un año para materializarlos.

"La ley se va a cumplir", ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Para ello, se aprobará en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, en su reunión del 26 de agosto, el reglamento de aplicación de la reforma y los procedimientos para aplicarla, así como el decreto donde se fijará el número de menores que acogerá cada comunidad autónomas. Dos días después y tras su publicación en el BOE, comenzarán los traslados. El reglamento de desarrollo que aprobará el Consejo de Ministros busca blindar la operatividad de la distribución contra eventuales acciones de las comunidades que se muestren beligerantes.

En el Ejecutivo evitan adelantarse al escenario en el que una comunidad autónoma bloquee el traslado de migrantes cuando se inicien a finales del próximo mes de agosto, pero advierten que la norma cuenta con una serie de garantías de aplicación. Entre ellas, la posibilidad de interponer recursos ante la Fiscalía de Menores, que además se baraja su implicación en el proceso y capacidad de actuar de oficio.

Rego ha tildado directamente al PP de mantener una "posición racista", frente a la que ha opuesto la agenda del Gobierno ante "unos niños que tienen derechos y debemos de ser capaces de acoger con dignidad". La titular de Juventud e Infancia abrió así una espita tras la que el Gobierno salió en tromba. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recordó que es "obligatorio" el cumplimiento de la ley y acusó a Alberto Núñez Feijóo, de "abrazar la xenofobia que le marca Vox" y utilizar a los menores migrantes como "chivo expiatorio" en una estrategia dirigida a "intentar erosionar al Gobierno".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reprochó por su parte que el plantón de las comunidades del PP no es al Gobierno, sino "a Canarias y a los niños y niñas que hay en las islas. Unos menores que, añadió, "deben ser acogidos por ley en el resto de comunidades autónomas". Ya durante las últimas semanas, desde el Ejecutivo se ha avisado abiertamente sobre las consecuencias por "incumplimientos administrativos", incluso "de carácter penal". Los populares gobiernan en 11 de las 17 comunidades, además de en Ceuta y Melilla.

A la cita de este jueves sí han asistido de forma presencial el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha. En esta conferencia estaba previsto tratar con las autonomías el plan del Gobierno de trasladar unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, para aliviar los recursos saturados de las zonas de llegadas.

Recursos al Constitucional

Las comunidades presididas por el PP han mostrado desde el principio una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno. De hecho, 10 de estas autonomías y Castilla-La Mancha han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno se apoyan en el dictamen del Consejo de Estado para seguir adelante con la aplicación de esta reforma. Asimismo advierten que deberán ser los jueces quienes determinen el resultado de los recursos presentados por las comunidades, sin que su mera presentación habilite a no cumplir la ley.

Ahora estas comunidades han dado un paso más al negarse a acudir a una reunión de estas características, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es "ilegal", algo que desde el Ministerio niegan tajantemente. La propuesta definitiva que se llevará al Consejo de Ministros para activar acto seguido los primeros traslados estará acompañada de un plan con 100 millones de euros de financiación, al que se añadirán planes voluntarios para facilitar el desarrollo de estos menores en lo que se denomina "transición a la vida adulta".

El Gobierno ultima la aprobación de otro decreto, ya trabajado con el sector durante los últimos meses, para marcar a las comunidades autónomas unos protocolos comunes en sus respectivos sistemas de acogida. El denominado ‘real decreto de determinación de estándares mínimos en el sistema de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes’ marcará unas exigencias de mínimos en lo referente al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, pero sobre todo respecto a las ratios sobre el número de menores, para rebajarlas, y de los trabajadores sociales asignados.