Los correos del despacho de Montoro que sirven al juez Rus para apuntalar la acusación contra su equipo: "Un gabinete con acceso a Hacienda"

La causa que investiga por siete delitos de corrupción al exministro del PP Cristóbal Montoro y a casi todo el equipo que nombró en Hacienda, y que se centra en el despacho que fundó -- Equipo Económico-- por presuntos amaños en leyes para beneficiar a empresas gasistas "a cambio de un precio", se sustenta en los correos electrónicos intercambiados entre los responsables públicos y también entre éstos y los propios empresarios. Pese a la carencia de escuchas telefónicas o incautación de dispositivos, al juez de Instrucción número 2 de Tarragona le ha bastado este tráfico de mails para tener claro el modus operandi de la organización.

Al inicio de su investigación el juez buscó grabar las conversaciones telefónicas que mantenían varios de los sospechosos que trabajaban en el despacho fundado por Montoro, pero estas diligencias fueron recurridas por la propia Fiscalía Anticorrupción, que logró impedirlas apelando ante la Audiencia Provincial. Tal y como informó este diario, el teniente fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, consideraba que el instructor no había valorado "de forma correcta los diferentes indicios" descubiertos por los agentes y "la adopción de una medida tan injerente en los derechos fundamentales" como es controlar el contenido de las llamadas no estaba justificada. La Audiencia le dio la razón a Anticorrupción considerar que la decisión del instructor se sustentaba en una denuncia anónima, por lo que los sospechosos no fueron grabados por la policía judicial.

Por esta razón, Rus se centra en los mensajes de correo y destaca en su auto uno en concreto que ilustra cómo la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), tras no conseguir la reforma que pretendía para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, decidió cambiar su estrategia y contratar a Equipo Económico. Los textuales utilizados demuestran que lo hizo a sabiendas de que "se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva".

En otro de los mensajes, igualmente destacado por el juez en su auto, se llega a expresar de forma textual que "la vía más directa, como siempre, es pagar a este EE (Equipo Económico) que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

Otro de los correos destacados por el juez implica directamente a Miguel Ferré, que fue secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, cuya importancia es decisiva para que los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento a elevar al Consejo de Ministros o las instancias competentes recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas, tal y como evidencian los correos que remitió.

Imputados con correos sospechosos

Así, se cita un mensaje que Ferré envió el 16 de octubre de 2013 al entonces Director General de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQuE) en la que le expone las razones por las que no cabe atender a sus pretensiones con respecto al impuestos eléctrico. Casualmente, estas mismas razones desaparecen unos meses más tarde con respecto a las gasísticas, coincidiendo con la intervención de Equpo Económico, durante la tramitación y aprobación por la vía de urgencia de la ley que les terminó favoreciendo.

En cuanto al resto de implicados, el juez destaca los correos que implican a Oscar del Olmo, el subdirector General de Tributos Locales nombrado en 2011. Los mensajes le implican en la aprobación de la reforma de Ley de Presupuestos Generales de 2018 que modificó varios epígrafes sobre el Impuesto de Actividades Económicas a gusto también de las empresas que contrataron con el despacho fundado por el ministro.

Estos correos revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del impuesto. Pero poco después, y tras la intervención de Equipo Económico, se producen nuevos contactos y reuniones, esta vez, las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida. Otro bloque de correos electrónicos revela no sólo que Oscar del Amo Galán recibió de las gasistas las redacciones del texto legal a reformar, sino que además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos.

Los correos también son centrales para implicar en la trama a la trabajadora de Estudio Económico Covadonga Gómez Garrida, encargada de realizar las facturaciones y reclamar los pagos. El juez también cita en su auto la importancia de los correos intervenidos para imputar a empresarios como Patrick Emmanuel Marcel, director General de Air Liquide Ibérica desde octubre de 2012, la presidenta del Consejo de Administración de esta compañía Teresa Rasero y Eduardo Gil, de Nippon Gases Europe, por las conversaciones que mantuvieron con el despacho.

Igualmente, destaca también en el caso de Jacobina Escámez, responsable fiscal de Praxair para España y Portugal. Los correos acreditan que fue la persona responsable de preparar el texto a presentar al Secretario de Estado de Hacienda para obtener los cambios deseados. Igualmente destacan los correos de Rubén Folgado, director técnico de Messer Ibérica que envió el correo en el que urgía a contactar "con un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio, en concreto a contactar con Equipo Económico".

Otro correo destacado por el enviado el 27 de febrero de 2017 por el director de Personal y Servicios Legales de Praxair, Carlos Romero, convocando a una reunión en marzo siguiente en el que se le adjuntaba el Acta de la Junta Directiva de la en la que se dejaba constancia del acuerdo para contactar con el despacho creado por Montoro para obtener la modificación legislativa del IAE.

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