El Consejo del Poder Judicial otorga la presidencia de las salas clave del Supremo a los candidatos de los conservadores Lucas y Martínez Arrieta

El Pleno del  Consejo General del Poder Judicial, ha designado a Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta para la presidencia de las salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Penal del Tribunal Supremo, el primero con 16 votos a favor y el segundo con 15, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultados por EL PERIÓDICO.

Hasta este momento el Consejo, fuertemente dividido en bloques, había sido incapaz de alcanzar el consenso necesario para los nombramientos clave en el Tribunal Supremo --las presidencias de las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo-- lo que motivó la renuncia de las candidatas del sector progresista, Ana Ferrer y Pilar Teso. 

Su decisión dejó el camino libre para que el Pleno de este miércoles designara a los candidatos apoyados por el sector conservador Andrés Martínez Arrieta ( Penal) y Pablo Lucas (Contencioso), para una labor que ya ejercen en funciones. Las decisiones de estas Salas tienen especial trascendencia política y mediática al ser las encargadas de investigar a los aforados y revisar decisiones del Gobierno, y ello venía dificultando la designación de sus presidentes desde que comenzó a andar el actual Consejo

Tras producirse las votaciones, nueve de los vocales designados a propuesta del PSOE -- todos los de este bloque menos Carlos Hugo Preciado-- han firmado un "texto aclarativo" en el que justifican su apoyo a los candidatos propuestos por el sector conservador por "lealtad institucional". Aseguran que en ningún momento han puesto en duda su valía y su idoneidad, pero consideran que "se ha perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo" incrementando el número de mujeres en puestos de relevancia.

El órgano de gobierno de los jueces ha acordado este miércoles otros 24 nombramientos, entre ellos los de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y de Aragón. Del total de 161 nombramientos en la cúpula judicial realizados desde que este Consejo comenzó su mandato hace un año, la mayor parte han sido de los propuestos por los vocales designados a propuesta del PP. De ellos, 68 (un 42,2 %) han recaído en candidatas mujeres.

En busca de la paridad

Los firmantes de la nota aclarativa también recuerdan que durante estos meses como mínimo, una de las presidencias debía ser ocupada por una de las magistradas que concurrieron en el proceso selectivo para cumplir con una norma prevista en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que en los nombramientos discrecionales debe garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que ningún sexo supere el 60 % ni sea inferior al 40 %. "La representación equilibrada pretende romper inercias masculinas profundamente consolidadas, que perpetúan una situación en la que, pese a la feminización de la profesión, los cargos de poder siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres" inciden.

Con esta crítica incide la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que va incluso más allá y afirma El mensaje que transmite el órgano de gobierno del poder judicial es "desolador, dado que debe ser el primero en cumplir la Constitución y las normas a las que todo poder público está sujeto". El principio de legalidad exige un comportamiento leal que no ha existido, subrayan.

Sobre las candidatas que renunciaron, los vocales progresistas señalan que tanto Ferrer como Teso ya fueron propuestas en su día para la presidencia del Consejo y del Tribunal Supremo, "poniéndose de manifiesto su excelencia profesional y su idoneidad para liderar" ambos órganos. Además, estaban en disposición de cumplir el mandato de cinco años que la ley otorga a las presidencias, un elemento clave para garantizar la ejecución de sus proyectos a medio y largo plazo, cosa que no ocurre Martínez Arrieta y Lucas, que se jubilan por cumplir 72 años en julio de 2026 y a lo largo de 2027, respectivamente.

En el CGPJ hay diez vocales designados a propuesta del PSOE y otros 10 cuyo nombramiento fue avalado por el PP, a los que hay que sumar la presidenta Isabel Perelló y la legislación obliga a que este tipo de nombramientos reúna al menos 13 de los votos, por lo que el consenso es imprescindible.

El resto de nombramientos realizados en este Pleno son los de las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Andalucía y Aragón; las de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ de Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Cataluña y de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña; y las de las Audiencias Provinciales de Albacete, Baleares, A Coruña, Málaga, Soria, Valencia, Jaén, Las Palmas, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Badajoz y Castellón. Además, el Pleno ha nombrado a José Muñoz Pérez vocal togado del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla.

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