Defensa se enfrenta a Presidencia por quitarle la competencia sobre secretos oficiales en la nueva reforma

El pilotaje de la ley de secretos oficiales ha sido una fuente de disputa entre Defensa y Presidencia desde que en la anterior legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez la incluyó en su agenda para superar la actual norma franquista. En el primer intento de sacar adelante esta reforma, en el año 2020, la redacción del proyecto la asumió en solitario el departamento de Margarita Robles, aunque unos meses después pasó a manos de una comisión ministerial encabezada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Desde entonces, Defensa figuró como coproponente, junto a Exteriores e Interior, pero blindó su competencia en la desclasificación de secretos oficiales. Una potestad que en la nueva reforma ha pasado a manos del Consejo de Ministros. La principal reclamación por parte del PNV, junto a los automatismos en los plazos de desclasificación para pactar esta medida del acuerdo de investidura, y que ha provocado un enfrentamiento entre ministerios levantando al departamento de Defensa.

“Me parece bien que desde lo más civil, que es Presidencia, se pueda llevar ese control”, celebraba el presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, durante una entrevista esta mañana en la 'Cadena Ser'. La norma también contempla que el órgano para regular las competencias en la materia, la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada dependerá del Ministerio de la Presidencia. En Moncloa reconocen que se trata de un guiño al PNV y otros socios que abogaban por dejar estos mecanismos en manos de decisiones políticas en lugar de organismos como el CNI.

El cambio de titularidad de la competencia de fijar qué es secreto de Estado está así en el centro de la fuerte disensión en el seno del Gobierno y del disgusto de Defensa con la nueva ley presentada este martes por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. En el departamento de este último lo justifican al argumentar que su departamento es “transversal” y que esto ya sucede en gran parte de los países europeos y de la OTAN, donde se atribuye esta facultad al departamento encargado de la coordinación interministerial “debido a la transversalidad de la información que puede ser clasificada”. Además, sostienen que los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores podrán seguir, con arreglo a la norma, clasificando documentación.

En Defensa consideraban las aguas quietas en torno a este asunto desde mayo de 2023, fecha en la que se creyó zanjada una discusión similar sobre la competencia, y también suscitada en origen por la presión del PNV como aliado parlamentario del Ejecutivo. Fuentes del ministerio relatan que el asunto de la desclasificación de secretos no se movió desde entonces y “todo estaba en paz hasta que llega el lunes 14”.

En esa fecha, según esta versión, Presidencia cuenta a los demás ministerios el proyecto. “Dan solo 24 horas para informar a los ministerios, y va sí o sí a comisión”, cuentan las mencionadas fuentes.

Según esta versión, el martes 15 entró el asunto enteramente redactado en la reunión de secretarios y subsecretarios de Estado que ha preparado el último Consejo de Ministros. La incomodidad de Defensa se hace patente, pero no es la única. También brotan las reticencias de Interior. “Es lógico -comenta un ejecutivo de ese ministerio-. Imagínese que a la Policía le quitaran Extranjería… o a la Guardia Civil el Servicio Marítimo”. Desde el PNV han reconocido que desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha habido incluso "más resistencias" a aceptar sus reivindicaciones que en el Defensa.

Pese a la tensión, el asunto termina yendo en rojo al Consejo de Ministros. En el orden del día, los temas van en verde o en rojo. Colorados son los temas más importantes, los que son además susceptibles de explicarse en rueda de prensa.

Secretos militares

Entrando en Madrid por el Noroeste, en torno a la autopista A6, están las dos sedes en disputa. A la izquierda, el complejo del CNI, dependiente del Ministerio de Defensa y donde actualmente se alberga la Oficina Nacional de Seguridad, que custodia los secretos oficiales. A la derecha, la Moncloa y sus edificios de oficinas, adonde el ministro Bolaños quiere trasladar esa oficina.

La cuestión no es solo el cambio de acera, es también de personal. Actualmente, un centenar de funcionarios estatutarios del Centro Nacional de Inteligencia trabajan en la tramitación de los secretos del Estado.

Su dilución en el engranaje de Moncloa inquieta mucho en Defensa, y no solo por lo que hace referencia a secretos militares. Si finalmente el proyecto de ley prospera en su actual redacción, “espero que no metan personal eventual a trabajar en eso, que en Moncloa abunda, pues sería una vulnerabilidad de seguridad muy grande”, sopesa otra fuente afectada, y asombrada con las prisas de la nueva ley.

Plazos de desclasificación

La norma establece así quién o quienes tendrán la competencia para clasificar y desclasificar la información, siendo exclusiva del Gobierno a propuesta del jefe del Ejecutivo o de los ministros, las de mayor protección. Solo excepcionalmente, por ley, se podrá establecer algún documento como de alto secreto.

Para el “alto secreto” se estipula la desclasificación automática transcurridos 45 años, que solo se podrán prorrogar una vez y de forma motivada por 15 años más. La información clasificada como “secreto” se desclasificará pasados 35 años y solo será prorrogable diez años más, también de forma excepcional y motivada. En la categoría de “confidencial” se establece un plazo de desclasificación automática de entre siete y nueve años no prorrogables. Y, por último, la información clasificada como “restringido” se desclasificará en un plazo de cuatro y cinco años, que tampoco se podrán prorrogar.

Suscríbete para seguir leyendo