Yolanda Díaz amenaza a Junts con un decreto de control horario sin pasar por el Congreso si tumba la reducción de jornada

Yolanda Díaz eleva la presión sobre Junts para que desbloquee la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas y le amenaza con aprobar un decreto sin pasar por el Congreso para endurecer el control horario de las empresas, en caso de que Carles Puigdemont tumbe su medida. La medida estrella del Ministerio de Trabajo debía someterse a su primer examen parlamentario esta misma semana, pero la vicepresidenta segunda pospuso su votación a septiembre ante el rechazo de los posconvergentes, necesarios para que la norma salga adelante.

La ministra de Trabajo ha cambiado ostensiblemente el tono hacia los posconvergentes, con quienes ha mantenido una política de no agresión y de guante blanco durante las negociaciones. Una tendencia que se rompió este jueves, donde se vio un cambio discursivo de Díaz. La dirigente no dudó en apelar directamente a Junts: "Si deciden votar en contra de la reducción de jornada, voy a hacer como país lo que tengo que hacer", advirtió la vicepresidenta segunda del Gobierno en los micrófonos de Cadena Ser, amenazando directamente al partido de Puigdemont con endurecer el registro horario en caso de no salir adelante su medida estrella.

Quiso también dejar claro que está dispuesta a hacer esa reforma sin los votos de Junts, puesto que la medida no debe votarse en el Congreso: "Es un decreto que tiene rango reglamentario, no hay que convalidarlo [en el Congreso]. El reglamento lo firmo yo", advirtió.

"O sea, que o se pacta en el Congreso o se aplica sí o sí", zanjó Díaz. La líder de Sumar en el Gobierno ha advertido que "podría hacerlo ya" y ha defendido su "paciencia" en estas negociaciones. "No ha habido el debate el día 22, es verdad, pero yo tengo una paciencia y me critican muchísimo porque voy lenta", comenzó, antes de justificar el retraso de la aprobación: "Prefiero esperar e intentarlo".

Registro electrónico

El cambio en el registro horario es una de las medidas que se contemplaban en la ley de reducción de jornada, que obliga a las empresas a establecer un control electrónico de presencialidad para que la Inspección de Trabajo pueda acceder en remoto a las horas realizadas y controlar si existe fraude.

Desde 2019, todas las empresas tienen la obligación de hacer fichar a sus empleados y contar cuántas horas hacen cada día, pero este cambio estrecharía el cerco para que el registro fuera más sea más accesible y controlable a la hora de establecer sanciones, que en el texto pueden ascender hasta los 10.000 euros.

Después de meses defendiendo que la reducción de jornada saldría adelante, la dirigente evitó esta vez avanzar el sentido de la votación, después del rechazo abierto mostrado por Junts. Ahora, avanzar el resultado de la norma "sería imprudente". Un cambio de discurso que parece preparar el terreno para una derrota parlamentaria, ante la falta de avance en las negociaciones con Junts.