La Abogacía del Estado pide 3 años y 9 meses de cárcel para el novio de Ayuso y la devolución de 448.000 euros por fraude a Hacienda

La Abogacía del Estado solicita penas de prisión de 3 años y 10 meses de cárcel para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, por defraudar casi 449.000 euros del Impuesto de Sociedades por la actividad de su empresa Maxwell Cremona en los años 2020 y 2021, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Solicita igualmente que el empresario y sus socios indemnicen a la Hacienda pública por la cantidad defraudada en concepto de responsabilidad civil. Les atribuye dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad.

Además de la pena de prisión, la Abogacía del Estado solicita que se imponga al empresario pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de 3 años. Para su socio Maximiliano Eduardo Niederer se piden dos años de cárcel mientras que para otros empresarios acusados de facilitarle la facturación falsa necesaria para cometer el fraude --David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo-- los Servicios Jurídicos del Estado piden 1 año de cárcel.

En el caso de la pareja de la presidenta madrileña concurre la atenuante simple de reparación del daño porque González Amador ya pagó a Hacienda lo que se le debía, aunque su conducta sigue siendo delito al superarse los 120.000 euros de fraude en un solo ejercicio. Se pide para sus socios menor pena al no ser los autores directos del fraude cometido, sino cooperadores necesarios del mismo.

Se trata de la causa que, al informar la Fiscalía sobre la propuesta de la defensa del empresario de un pacto para evitar el juicio, dio lugar a una causa en la que ha acabado procesado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. por revelación de sus datos personales. Además de este asunto, investigado por el Juzgado de Instrucción número 19 Madrid, González Amador tiene pendiente una segunda causa por varios delitos de corrupción por el uso de empresas pantalla y presunto cobro de comisiones relacionados con su actividad empresarial.

"Gastos ficticios"

La denuncia de la Fiscalía de Madrid, que solicita los mismos años para González Amador que la Abogacía del Estado, se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". Según la investigación, estos gastos presuntamente no se corresponden con servicios realmente prestados "y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021".

En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente que apuntaba a "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil, al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".

La Abogacía del Estado abunda en su escrito de calificación provisional en que "con ánimo de seleccionar de manera arbitraria la sociedad en que quiere que tributen determinados ingresos", trasladó "artificialmente" parte de la actividad de Maxwell a la mercantil también de su propiedad Masterman & Whitaker (que carecía de toda estructura societaria que permitiera diferenciarla de su socio único y administrador único) "simulando que los servicios se prestaban por Masterman cuando en realidad, según las comprobaciones realizadas por la Agencia Tributaria, resulta que fueron ejecutados con medios personales de Maxwell, generando de forma indebida créditos fiscales en sede de Masterman a aplicar en ejercicios futuros".

"El acusado era plenamente consciente de la falta de realidad de las facturas contabilizadas y de los consiguientes gastos indebidamente deducidos en el Impuesto sobre Sociedades, ejecutando la conducta descrita con el ánimo de escapar la tributación correspondiente", concluye el escrito de los Servicios Jurídicos del Estado.