El Congreso da el último paso para poder sancionar a agitadores ultras entre críticas del PP

En su primera reunión tras el verano, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha aprobado una instrucción para desarrollar la modificación del Reglamento de la Cámara que establece una serie de normas básicas de comportamiento para evitar los insultos, amenazas e interrupciones por parte de agitadores ultras acreditados como periodista. El texto concreta la reforma que ya aprobó el Congreso a finales de julio y establece la existencia de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria en la que estarán representados todos los grupos políticos para la elaboración de los informes ante posibles incumplimientos de la norma. No obstante, la decisión final recaerá en la Mesa del Congreso, algo que el PP critica duramente.

Tras años de reclamaciones por parte de todas las asociaciones de periodistas y por profesionales de medios de comunicación de toda ideología política, el Congreso aprobó en julio la reforma del reglamento para sancionar a aquellas personas que, acreditadas como periodistas, se dedican a insultar, amenazar o interrumpir las ruedas de prensa. Las infracciones, que se dividen en leves, graves o muy graves, van desde el acceso a espacios del Congreso sin el permiso necesario a proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas.

Todo esto puede acabar con sanciones que, de acorde a la gravedad de la infracción, conllevarán una suspensión de la credencial desde 10 días hábiles a tres años o la revocación definitiva de la credencia. La instrucción aprobada este martes detalla que ante una denuncia se abrirá un procedimiento sancionador y el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria deberá elaborar un informe. Este órgano estará formado por la presidencia de la Cámara y la vicepresidencia segunda (suele ostentarlo el primer partido de la oposición), un miembro de cada grupo parlamentario, dos representantes de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, el letrado mayor y quien ostente la Dirección de Comunicación del Congreso.

Críticas populares

No obstante, solo serán los representantes de los grupos parlamentarios los que podrán participar en la votación para elevar el informe a la Mesa de la Cámara baja. Será este último órgano quien deberá resolver el procedimiento y después se abrirá un plazo de 15 días para presentar un recurso. Fuentes del PP han criticado duramente que sea la Mesa, un órgano político, quien adopte esta decisión y consideran que se trata de "supone un ataque sin precedentes al derecho fundamental a la libertad de información y a la independencia de los medios de comunicación".

En concreto, los populares denuncian que la Mesa pueda "actuar de oficio"; que la regulación impone un sistema de "declaraciones responsables" para periodistas, vigilando y controlando sus actividades profesionales; y la "exclusión de medios de forma arbitraria" al establecer que deben de contar con un mínimo de 10 trabajadores para poder obtener una credencial del Congreso.

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