La Audiencia Nacional rechaza liberar al líder de una trama que confesó un fraude de 255 millones con el IVA de los hidrocarburos

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad a Javier G.P., uno de los presuntos líderes de una organización criminal a la que se le acusa de haber cometido un fraude de 255.068.089 euros con el IVA de los hidrocarburos, según especifica un auto de 8 de agosto que confirma la decisión que adoptó el pasado 24 de julio el magistrado José Luis Calama.

"No ha lugar a la modificación de la prisión provisional incondicional acordada mediante auto de fecha 7 de febrero de 2025", especifica la resolución de los magistrados, que comparte el criterio del instructor, al considerar que el investigado no ha acreditado "de forma suficiente una alteración relevante de las circunstancias tenidas en cuenta para adoptar y mantener la situación de prisión provisional".

La defensa de Javier G.P. había reclamado la excarcelación de su cliente después de que este reconociera el pasado 3 de julio, "sin cortapisas, su participación directa y consciente en los hechos investigados, así como la obtención de un elevado beneficio patrimonial ilícito". Además, habría aportado "información relevante sobre la trama defraudatoria y de blanqueo", según su abogado. En concreto, "redactó a mano una confesión de 63 páginas con un elevadísimo nivel de detalle que fue aportado por esta parte al procedimiento mediante escrito de 15 de julio de 2025", prosigue el auto.

No es una colaboración "relevante"

Sin embargo, la Sala considera "plenamente conforme a la razón el argumento" del instructor, que denegó la existencia de una colaboración "relevante" para la justicia. En concreto, sostiene que "ninguno de los datos revelados tiene una especial repercusión en la investigación de los hechos, pues del análisis del contenido de los múltiples dispositivos de almacenamiento masivo de información está aflorando una gran cantidad de información sobre la que se están deshilvanando los detalles de la estructura criminal diseñada por Javier G.P. y el resto de los miembros de la organización criminal investigada".

Y según el auto, este cabecilla de la trama es consciente del avance de la investigación: "Así pues, en buena lógica es presumible que en un plazo relativamente corto dispongamos de mayores datos aún sobre el funcionamiento de la trama defraudatoria". En el registro de los inmuebles de la supuesta organización criminal la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó de 7 millones de euros en criptomonedas.

De esta forma, la Sala no se cree el argumento de Javier G.P., que había reclamado que le dejaran libre para poder aportar mayores detalles de los supuestos cobros irregulares. En este sentido, advierten del peligro de reiteración delictiva del empresario, que también está investigado por juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, y por el también magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña Alonso, por otras defraudaciones en el IVA en los hidrocarburos y el posterior blanqueo de los fondos.

Uno de los cabecillas

A Javier G.P. se le imputan varios delitos fiscales, al mismo tiempo que se le atribuye ser uno de los tres jefes de la organización criminal que se valió de "personas físicas y jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos".

Y estos hechos, prosigue la Audiencia Nacional, podrían constituir cuatro delitos contra la hacienda pública, sancionados con penas que van de 2 a 6 años de prisión por cada uno de los mismos; un delito de organización criminal, castigado con la pena de 4 a 8 años de cárcel; y un delito de delito de blanqueo de capitales, sancionado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años.

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