Propuesta de sentencia
El abogado general de la UE dará a conocer sus conclusiones sobre la amnistía el 13 de noviembre
Sus propuestas de resolución ayudarán al Tribunal de Justicia de la UE a despejar las dudas suscitadas en España sobre la medida de gracia, al resolver las del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional

La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo. / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann dará a conocer sus conclusiones sobre la amnistía el próximo 13 de noviembre. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se ayudará de ellas para resolver las cuestiones prejudiciales que le elevaron tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional a la hora de aplicar la medida de gracia impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Lo habitual es que el abogado general -figura que no existe en el sistema judicial español y que propone sentencias para facilitar al tribunal europeo su labor, aunque este puede seguir su criterio o distanciarse de él- anuncie al final de las vistas cuándo se pronunciará, pero en esta ocasión prefirió revisar todo lo escuchado en las celebradas el pasado 15 de julio antes de fijar una fecha para dar a conocer sus propias conclusiones.
En la primera de esas vistas se estudió la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Cuentas cuando estaba a punto de dictar la sentencia correspondiente al procedimiento que había seguido por responsabilidad contable en el 1-O y la acción exterior del Govern, por el que se reclamaban 3,4 millones de euros a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a una treintena de cargos políticos y administrativos de la Generalitat.
En la segunda, la Audiencia Nacional se dirigió al TJUE a la hora de aplicar la amnistía a los 12 presuntos miembros de una célula de los CDR acusados de los delitos de integración en organización terrorista y fabricación y tenencia de sustancias explosivas. La fiscalía de la Audiencia Nacional pedía 27 años de cárcel para ocho de ellos antes de la promulgación de la ley.
Aunque las dos vistas del día 15 se referían a la amnistía en relación con dos aspectos diferentes, el representante de la Comisión Europea destacó en ambas que la norma "no parecía responder a un interés general", sino a la investidura del presidente del Gobierno. "¿Es compatible con los valores de la Unión conceder una amnistía a cambio del apoyo de un Gobierno? La Comisión Europea cree que no", aseguró ya por la tarde.
Su argumento pasaba por señalar que "las autoamnistías son contrarias a los principios del Estado de Derecho" y "el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario".
En lo único que Bruselas coincidió con el Reino de España, representado por la abogada del Estado ante la UE, Andrea Gavela, y la fiscalía fue en negar una supuesta afectación a los intereses de la Unión, lo que invalidaría las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas. En palabras de Gavela: "No existe vínculo entre con los intereses de la Unión. El daño fue para la Generalitat”, aunque el Ejecutivo catalán renunció a hacer reclamación alguna.
El representante de la Comisión Europea, el español Carlos Urraca, también admitió ante el TJUE la posibilidad de amnistiar delitos de terrorismo, si la ley no incluye un ámbito excesivamente amplio y ello no conlleva que la seguridad jurídica se vea afectada, extremo que en última instancia deberán determinar los jueces nacionales, señaló. "El hecho de que la amnistía pueda infringir los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley, no es una condición para violar el efecto útil de directiva de terrorismo", aseveró, lo que podría también podría llevar a descartar la consulta de la Audiencia Nacional.
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