Cerdán eleva el tono contra el juez del Supremo: le acusa de "distorsionar la realidad" al negar que le investigó siendo aforado

La defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio por su presunta implicación el la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, ha respondido de forma contundente a la negativa del magistrado Leopoldo Puente a realizar varias pruebas.

En un escrito de reforma contra el auto dictado el pasado lunes por el instructor de la causa en el Supremo los abogados le acusan de "distorsionar la realidad" al negar que, según mantiene esta parte, la investigación se inició contra el entonces diputado vulnerando sus derechos como parlamentario.

En el escrito, que firman los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, se insiste en que, con independencia de las consideraciones vertidas por el juez en su auto de denegación de prueba, "el debate en este punto es si se investigó restringiendo los derechos fundamentales a parlamentarios inmunes sin suplicatorio y autorización previa o no".

La defensa mantiene que las pesquisas contra Cerdán comenzaron realmente en un auto del pasado mes de febrero --cuando se ordenó analizar determinadas conversaciones intervenidas a varios miembros de la trama tras la confesión del comisionista Víctor de Aldama-- algo que ocurrió mucho antes de que el ex número 3 del PSOE dejara su escaño el 16 de junio.

Se llega a preguntar que, si no fue una decisión del juez dirigirse en dicho momento ya contra Cerdán, puede hablarse de "una actuación incontrolada realizada por la Guardia Civil" y afirma que el auto del pasado lunes "se caracteriza por distorsionar el contenido del auto de febrero, lo que ya implica reconocer la vulneración de sus derechos como aforado".

Así, la mayor parte del recurso viene a responder a una afirmación incluida por el magistrado del alto tribunal el pasado lunes y que los abogados señalan que deben entender que es "irónica", al manifestar Puente que la defensa "parece erigirse aquí la defensa del señor Cerdán León, más allá de sus propios y particulares intereses, en paladín de los derechos parlamentarios o, más genéricamente, del adecuado funcionamiento de la estructura constitucional”. A ello responden que "desde luego" al defender las garantías de Cerdán defienden también "las del resto de los ciudadanos frente a eventuales abusos o violaciones".

En otro momento del escrito, y tras negarse el juez a aportar a la causa determinada documentación procedente del caso hidrocarburos, donde se investiga a Aldama en la Audiencia Nacional, alegando que ello dilataría la investigación, la defensa responde: "En los juicios sumarísimos de la dictadura no había dilaciones".

Verdaderos peritos

Otro de los puntos del recurso alude a la elaboración por parte de la UCO de determinados peritajes que implican "valoraciones económicas", y que según la defensa deberían ser realizados "por peritos capacitados para ello, no por guardias de los que no se conoce su ciencia o arte sobre el particular". El valor de dichos informes policiales es, para la defensa "de argumentum ad baculum" --expresión latina que alude a una falacia, a un argumento que se expone a la fuerza en vez de razonarse --, y dichos análisis deberían realizarse por "personas de capacidad acreditada, verdaderos peritos".

También atacan el informe pericial sobre la autenticidad de los audios del asesor ministerial Koldo García, que descarta manipulaciones. En este sentido, el recurso incide en que los expertos lejos de descartar manipulaciones en las grabaciones que incriminan a Cerdán señalan que existen "archivos editados, es decir, modificados", así como "ausencia de fechas de creación y reconocimiento de que su revisión ha excluido el 75% del material". "Es una lectura superficial", aducen los letrados.