El Consejo del Poder Judicial alertó a Igualdad sobre incidencias en las pulseras antimaltrato detectadas por jueces de Granada y Galicia

 El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de problemas que determinados órganos judiciales estaban detectando en relación con el funcionamiento de las pulseras de control de agresores machistas. Lo hizo a través de varios oficios en enero y febrero de este año que incluían deficiencias realizadas por jueces de Granada y Galicia.

La presidenta del Observatorio, la vocal Esther Erice, ha remitido este lunes una carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la que le recuerda que la instalación de dichos dispositivos es una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar y que las incidencias que se puedan ocasionar deben comunicarse al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial.

Según Erice, las comunicaciones sobre incidencias que recibe el Observatorio “son trasladadas a los organismos competentes” y así sucedió con los dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025. Ocurrió lo mismo con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025.

Avisos de las Audiencias Provinciales

De los fallos en las pulseras advirtieron también en marzo las Audiencias provinciales, que en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas alertaron de "fallos técnicos" en los dispositivos por "localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados". Concretamente, los presidentes de las Audiencias provinciales solicitaban corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa --encargado de gestionar los avisos por el uso de pulseras-- ante las dilaciones para colocar los dispositivos cuya colocación es ordenada por un órgano judicial.

Estos avisos han trascendido tras la polémica abierta después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.

Cambio en la adjudicación

Estos problemas, detectados tras cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone), condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en la Memoria.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.

Tratamiento "exhaustivo" en febrero

Además, Erice recuerda a Igualdad que la cuestión relativa a "los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos fue tratada "de forma exhaustiva" en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año. En el curso de dicha reunión, señala la carta, "intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse".

En concreto, Erice destaca que por parte del Observatorio "se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas". Igualmente, indica que, en esa misma reunión, el Observatorio dio cuenta de la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, iniciativa que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo y de cuyo resultado tienen previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará previsiblemente el próximo mes de octubre.

Colectivos como la Fundación Mujeres ha solicitado por su parte al Ministerio de Igualdad que proporcione "información real y concreta" sobre las incidencias detectadas en los dispositivos, tras las "dudas" surgidas en los últimos días sobre su funcionamiento.  "Las mujeres que portan un dispositivo de geolocalización para el control de su agresor están sometidas de forma permanente a la tensión de la posibilidad de una alarma y necesitan la mayor fiabilidad y confianza en el sistema para evitar situaciones de victimización secundaria", recalcan desde esta organización.

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