Un juzgado investiga por primera vez a la Guardia Civil por el espionaje de Pegasus y con el programa Candiru

Un juzgado ha abierto la primera investigación contra la Guardia Civil por el espionaje con los sistemas Pegasus y Candiru. Ha sido el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona el que ha admitido a trámite la querella presentada el pasado mes de abril por cinco empresarios y desarrolladores tecnológicos contra exaltos cargos del CNI, el instituto armado y las empresas fabricantes del software espía Pegasus (NSO Group) y Candiru (Saito Tech Ltd.). Se les acusa los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos. Esta acción legal, coordinada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.

En la querella, que antes se había presentado en la Audiencia Nacional, también se requería por primera vez a la justicia que investigue el uso de Candiru, un software espía de alto impacto del cual el gobierno español no ha admitido la adquisición o el uso hasta ahora. De hecho, fue el descubrimiento de una infección activa en uno de los querellantes, el empresario y amigo del expresidente Carles Pugidemont, Joan Matamala, el que permitió a Microsoft lanzar una actualización de seguridad crítica que protegió más de 1.300 millones de dispositivos en todo el mundo.

La querella documenta también que uno de los querellantes, Jordi Baylina, fue objeto de espionaje mientras se encontraba en territorio suizo. Este hecho añade una dimensión internacional al caso, puesto que la acción constituiría una vulneración de la soberanía y la legislación de la Confederación Helvética, según apunta la asociación Sentinel Alliance, cuya sede está en Suiza. Candiru es un programa de la segunda compañía de ciberespionaje más poderosa de Israel con el que se ha infectado los teléfonos móviles de líderes políticos y activistas independentistas. Su presidente y principal accionista, Isaac Zack, es también uno de los fundadores de NSO Group, fabricante del célebre 'spyware' Pegasus. Además de Matamala y Baylina, figuran como querellantes Joan Arús, Pau Escrich y Xavier Vives.

Por ahora, la media docena de procesos judiciales abiertos en los juzgados de Barcelona por Pegasus implican solo al CNI, no a la Guardia Civil, que, según la asociación Sentinel, también utiliza este tipo de programas para controlar los teléfonos móvil y acceder a la información, tanto personal como profesional o del ámbito político.

Desclasificación de documentos

La jueza de Barcelona que ha abierto la investigación, Miriam de Rosa Palacio, ha dado cinco días a la fiscalía para que informe sobre las diligencias que considera necesarias. Los querellantes, de entrada, han solicitado una serie de actuaciones para identificar el alcance del espionaje y a sus responsables. Una de las principales es que se solicite al Consejo de Ministros la desclasificación de toda la documentación sobre el uso de Pegasus y Candiru contra las víctimas, incluyendo las autorizaciones judiciales o administrativas, el coste de las operaciones y los expedientes generados.

Los querellantes también requieren que se citen a declarar a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón Vilas y María Gámez Gámez y los directivos de NSO Group (Shalev Hulio y Omri Lavie) y Saito Tech Ltd (Isaac Zack), así como que se emitan órdenes europeas de investigación a Luxemburgo y comisiones rogatorias a Israel para obtener documentación y testigos de las sedes de las empresas de software espía y sus filiales. Además, considera necesario que los Mossos d'Esquadra realicen un informe pericial sobre los dispositivos móviles de las personas infectadas con esos programas y que se requiera a la Audiencia Nacional que remita las actuaciones de las causas Tsunami Democrático y Judas, en las cuales los querellantes fueron supuestamente investigados.

Joan Arús, presidente de Sentinel Alliance y uno de los querellantes, sostiene que "la querella no solo busca una reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con que se degrada la democracia desde dentro. La admisión a trámite abre un debate inaplazable sobre cómo se fiscaliza el Estado. Necesitamos garantías judiciales previas que sean efectivas y una rendición de cuentas posterior que sea real, dos cosas imposibles bajo una Ley de secretos oficiales de 1968 que es una reliquia antidemocrática. No hay Estado de derecho sin una correcta fiscalización del poder público".

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