CASO FISCAL GENERAL
La jueza que archivó el caso Tsunami a Puigdemont redactará la sentencia del fiscal general
Susana Polo, de sensibilidad progresista, será la ponente de la resolución que dictará el Supremo por la revelación de secretos de González Amador por la que se juzgará a García Ortiz

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, durante su comparecencia en el Senado. / José Luis Roca

La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo será la encargada de redactar la sentencia que determinará si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió o no un delito de revelación de secretos por la filtración de datos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, en concreto, del correo electrónico en el que asumía haber cometido dos delitos fiscales para evitar el juicio.
Susana Polo, afiliada a la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, fue la magistrada encargada de archivar el caso Tsunami Democràtic en el que se imputaba terrorismo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, después de que el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón hubiera prorrogado la instrucción de la que procedía el procedimiento un día después de que venciera el plazo.
Polo es una de los siete magistrados que forman el tribunal, adelantado por EL PERIÓDICO, que juzgará a García Ortiz en la vista oral que se celebrará previsiblemente el próximo mes de noviembre. Además de ella, lo constituirán Andrés Martínez Arrieta, como presidente, y los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Ana Ferrer.ç
Eres y Podemos
Susana Polo y Ana Ferrer son las únicas consideradas de sensibilidad progresista en el tribunal de la Sala Segunda designado para juzgar al fiscal general, compuesto por quienes forman la Sala de Admisión más Ferrer, con la que serán siete los magistrados en estrados. Ambas firmaron un voto particular a la sentencia de sus compañeros por el caso de los Ere. Ambas se mostraron a favor de la absolución de la malversación por la que había sido condenado el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, criterio que luego siguió el Tribunal Constitucional, al anular su condena y la de su antecesor, Manuel Chaves.
También suscribió un voto particular junto a Leopoldo Puente, el instructor del caso Koldo en el alto tribunal, contra la condena del exdirigente de Podemos Alberto Rodríguez por propinarle una patada a un policía durante una manifestación en Canarias antes de ser elegido diputado. El Constitucional, como planteaban ambos magistrados en su voto, terminó absolviéndole.
Todo ello pese a que Polo fue la ponente del auto de la Sala de Admisión que abrió causa contra García Ortiz, al aceptar la exposición razonada remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dada la condición de aforado ante la Sala Segunda del fiscal general del Estado. En el caso de que su posición a favor de la absolución o de la condena de García Ortiz, tras la celebración del juicio, quede en minoría, la práctica habitual es que traspase la ponencia a alguno de los magistrados de la posición mayoritaria y ella deje constancia de su discrepancia a través del correspondiente voto particular.
Tras conocerse oficialmente la composición del tribunal que juzgará a García Ortiz, el Tribunal Supremo tiene que resolver los recursos presentados contra la fianza impuesta en concepto de responsabilidad civil al fiscal general y la decisión del instructor de no suspenderle de funciones. Además, el tribunal debe pronunciarse sobre qué testigos propuestos por las partes declararán en el juicio y en qué fecha, aunque se prevé durante una semana para el próximo mes de noviembre.
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