El juez del caso Montoro prorroga la instrucción hasta enero de 2026 para interrogar a los investigados

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha prorrogado hasta el 26 de enero de 2026 el caso Montoro, según especifica un auto de 26 de julio al que ha tenido acceso esta redacción. En la resolución el instructor justifica esta decisión porque "en fechas recientes se ha comunicado la imputación a una treintena de personas, tanto físicas como jurídicas".

En este sentido, en el auto el juez recuerda que por ello "queda pendiente la práctica de las declaraciones de todos los investigados y se está pendiente de recibir un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria", completa. El instructor también anuncia que en su juzgado ha recibido "numerosos escritos" de personas jurídicas que pretenden constituirse como acusaciones populares. Precisamente, el pasado 31 de julio el juez aceptó la personación de Podemos como acusación popular en la causa, en la que ya figuran partidos como PSOE y Vox.

Este es el motivo por el que el instructor ve preciso prorrogar el plazo de instrucción, "ya que de no hacerlo se estaría impidiendo a los investigados la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de instrucción, de la misma manera, que es previsible que, del contenido de las declaraciones pudiera derivarse la necesidad de acordar nuevas diligencias de instrucción que en este momento no pueden ser acordadas al ser ignorado el contenido de las mismas", dice la resolución.

El PSOE también lo pide

Por su parte, la representación procesal del PSOE ya había solicitado la ampliación de seis meses atendiendo a "la complejidad de la causa, la multiplicidad de investigados, la necesidad de practicar diligencias ya acordadas y no ejecutadas", con el fin de dar cumplimiento a "los fines constitucionales del proceso penal".

En el escrito en el que realizan esta petición, los de Pedro Sánchez aludían igualmente a determinadas informaciones adelantadas por EL PERIÓDICO en relación con correos electrónicos obrantes en la causa relativos a actuaciones del exministro Montoro con relación a la situación fiscal del que fuera su compañero en el Gobierno Rodrigo Rato o rivales políticos como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que habrían pedido su personación en la causa.

Los socialistas se quejan de que el juez no les había dado traslado de las citadas personaciones ni de la decisión del juez al respecto de las mismas, "a fin de salvaguardar el principio de igualdad de armas y evitar cualquier situación de indefensión". Instaba igualmente a la citación ya de las 29 personas físicas y seis personas jurídicas imputadas y se quejaba de que gran parte de las actuaciones no era comunicada a las partes.

"Investigación sumamente compleja"

"La investigación", que el instructor define como "sumamente compleja, ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

En concreto, prosigue el juez, "las gasísticas asociadas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que esta empresa interviniese en el procedimiento legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de manera que se llevasen a cabo modificaciones legales".

Los delitos investigados de forma indiciaria son cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, falsedad en documentos, contra la libre competencia y de pertenencia a organización criminal".

Dudas de la Fiscalía

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro creó en 2006 la mercantil Equipo Económico, de la que se desligó en 2008. Sin embargo, la fiscal de anticorrupción adscrita a la causa, Carmen García Cerdá, duda de esta separación, pues considera sospechoso que cuando Montoro se desprendió de su participación "no se ejercitaran derechos de adquisición preferente".

Para esta fiscal "llama la atención" que el paquete de acciones de Montoro "acabara en manos del señor Martínez Rico (que parece no detraía ingresos del despacho acorde al porcentaje de participación formal), así como en las de su hermano (Ricardo Montoro, del que no consta el ejercicio de funciones, ni toma de decisiones, ni representaciones o autorizaciones en cuentas, ni flujos de renta inherentes a su participación, por otro lado, nada desdeñable)".