El juez abre juicio oral contra el hermano de Ximo Puig por irregularidades en el cobro de subvenciones

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, los dos empresarios audiovisuales encausados por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 4, marido de la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada.

En un auto notificado este martes a las partes, el instructor fija para los acusados, Francis Puig -hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig- y Juan Enrique Adell Bover, fianzas de 147.589,29 (58.866,69 euros de la Generalitat Valenciana y 51.825, 88 euros de la catalana, a pesar de que no reclama cantidad alguna) y 99.614,33 euros, respectivamente. De esas cantidades, como recoge la resolución, serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.

El juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos, antes de la reforma de la ley de 2019, "como norma más beneficiosa para los reos, al establecer que la defraudación de las subvenciones debía ser superior a los 120.000 euros".

Asimismo, señala como órgano competente para celebrar el juicio y dictar la correspondiente sentencia la Audiencia Provincial de Valencia. El auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo que relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.

Esta causa se investiga desde 2019 tras la denuncia de la diputada del PP, Eva Ortiz, que denunció los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública de los que sólo se han hallado indicios de una posible estafa y falsedad documental en las ayudas al valenciano concedidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya de 2015 a 2019. El PP insistía en su escrito de acusación de imputar a ambos empresarios el presunto delito de fraude de suvenciones, descartado ahora por el magistrado, al aplicar el Código Penal más favorable a los acusados.

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