La Asociación de Abogados del Estado avala ante Peinado la legalidad de los contratos que elaboró Begoña Gómez

La Asociación de Abogados del Estado ha informado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, que para elaborar los pliegos de prescripciones técnicas en las contrataciones públicas "no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto y determinado, ni se exige una titulación concreta para su redacción", según especifica un escrito de 2 de diciembre, al que ha tenido acceso esta redacción.

Estos funcionarios públicos responden de esta forma al requerimiento del magistrado, que investiga si la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cometido el delito de intrusismo que le atribuye a Begoña Gómez por haber firmado pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En el escrito, firmado por Lucía Pedreño Navarro en nombre y representación de la Asociación de Abogados del Estado, se concreta que "ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o su asesoramiento durante la preparación del procedimiento de contratación".

Un "conflicto de interés"

Al mismo tiempo que informa a Peinado de esa cuestión, la Asociación de Abogado del Estado advierte al magistrado de que el encargo que le ha realizado de determinar le podría generar un "conflicto de interés" que "determinaría que la Asociación de Abogados del Estado se encontraría impedida jurídicamente para emitir un informe técnico de carácter pericial en un procedimiento judicial en el que interviene como parte el Abogado del Estado".

En concreto, la asociación explica que en sus fines existe "un interés institucional en proteger el criterio profesional, la actuación o posición jurídica de los Abogados del Estado" y por eso aunque el juez le ha pedido un informe sobre una cuestión técnica ajena en relación con sus fines profesionales y sindicales, "sin embargo, al estar personado el Abogado del Estado en el procedimiento penal, la Asociación queda comprometida institucionalmente, siendo así que su actuación como perito tendría implicaciones por cuanto podría beneficiar o perjudicar a la postulación procesal del Abogado del Estado personado en el proceso, comprometiendo la imparcialidad o neutralidad que se exige de un servicio pericial".

El contenido de este escrito se conoce después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se haya dirigido a la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) "a fin de que a la mayor brevedad posible emitan un informe con la relación de personas que, careciendo de la titulación académica superior, han suscrito cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones técnico-facultativas para la licitación de procesos de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de Contratos Públicos de servicios, suministros u obras públicas", según especifica una providencia de 2 de diciembre.

El letrado de Begoña Gómez

En un escrito dirigido al propio Peinado, el letrado defensor de Begoña Gómez, Antonio Camacho, recordaba que el pasado 26 de febrero la interventora de la Universidad Complutense de Madrid, María Elvira Gutiérrez-Vierna declaró "con rotundidad que el pliego técnico de la licitación que sale en abierto lo firma Begoña Gómez como responsable de la unidad de gasto porque así se dice, se exige en la norma de Ejecución Presupuestaria".

"Es obvio que el magistrado instructor puede no estar de acuerdo con esta afirmación, pero lo que no cabe es que intente neutralizar la misma acudiendo a una pericial jurídica interesada a una Asociación Profesional de Abogados del Estado". Ello va directamente en contra de los principios que informan nuestro Derecho Penal y en contra de principios esenciales inherentes a la función jurisdiccional", lamenta Camacho, que sostiene que de acuerdo con la normativa de la Universidad Complutense correspondía a su clienta la firma del citado Pliego de Prescripciones Técnicas.

Por eso, destaca el letrado, "son los propios servicios centrales de la Universidad Complutense los que expresamente le piden que firme el Pliego de Prescripciones Técnicas" por lo que no se le puede atribuir el delito de intrusismo.

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