El tribunal que juzga a los Pujol admite el testimonio de Villarejo para determinar la incidencia de la ‘Operación Cataluña’ en el caso

El presidente del tribunal que juzga a los Pujol, José Ricardo de Prada, ha decidido posponer hasta la redacción de la sentencia la resolución de prácticamente todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol y los empresarios con los que comparte banquillo para tratar de evitar 'in extremis' el juicio, incluida la posible incidencia de la 'Operación Cataluña', porque "no puede pronunciarse sobre ellas sin conocer toda la prueba". Los magistrados, sin embargo, han dando un importante espaldarazo a la alegación de los abogados de los acusados, que alegaron en las primeras sesiones un presunto "origen político" del procedimiento, al aceptar escuchar a los cinco testigos que proponían, entre los que se encuentra el excomisario José Manuel Villarejo.

La única salvedad que ha puesto De Prada ha sido que sus declaraciones deben estar relacionadas con el caso para evitar que "se cree un proceso dentro del procedimiento", es decir, que el caso a los Pujol acabe siendo el de la 'Operación Cataluña'. Para ello solo se podrá preguntar sobre lo relacionado con la fortuna en Andorra del expresidente catalán y sus hijos. Los otros testigos aceptados este miércoles por el presidente del tribunal son también comisarios imputados en distintos episodios de las presuntas cloacas policiales del Gobierno de Mariano Rajoy.

Además de a Villarejo, el tribunal ha reconsiderado su negativa inicial y sí tomará declaración como testigo al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, condenado a un año de prisión por la introducción de un pendrive de origen dudoso en el caso Pujol, y a Bonifacio Díaz Sevillano y Celestino Barroso, que fueron agregados de Interior en la embajada española en Andorra y, por ello, están imputados en los juzgados del principado por presuntas coacciones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información sobre independentistas catalanes.

Es el procedimiento en el que también están imputados el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. El presidente del tribunal también ha admitido que se incorpore documentación procedente de esa causa.

A la vez, ha aceptado a última hora el testimonio de Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policía entre 2012 y 2014. En la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña' del Congreso, Martín Blas respondió a la acusación que le dirige el exCEO de BPA Joan Pau Miquel de que le coaccionó para obtener información sobre líderes independentistas. Admitió que Miquel -que sitúa el encuentro que mantuvieron en 2014, pero no fue denunciado por los hermanos máximos accionistas de la entidad andorrana hasta 2016- le entregó una cuartilla amarillenta en la que decía que la familia del expresidente de la Generalitat tenía un millón de pesetas en Andorra.

"¿Ha visto esa información en algún medio?", sostuvo el comisario jubilado ante los diputados para argumentar que él no había cometido delito con esa actuación porque nunca se judicializó la supuesta prueba, que no contaba con membrete, fecha o firma, a diferencia de lo que ocurrió con informes de la UDEF que llegaron a publicarse y que, al tener conocimiento de ellas, señaló que intentó investigar. Tanto él como Pino están imputados en el caso Kitchen, en el que se investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Sin elementos suficientes

Como estaba previsto, el juicio se ha reanudado con el pronunciamiento por parte del tribunal de las cuestiones previas, pero De Prada ha resuelto que "no se tienen elementos suficientes para llegar a una posición" sobre la mayoría de ellas, por lo que no habrá un pronunciamiento definitivo hasta escuchar las declaraciones de los testigos, los acusados y hasta se practique el resto de prueba prevista, en el momento de dictar sentencia.

Esto quiere decir que las alegaciones sobre la incidencia de la 'Operación Cataluña' en el caso o "el origen político de la causa y la denuncia de Victoria Álvarez" (la examante de Jordi Pujol Ferrusola) son una cuestión sobre la que el tribunal tendrá que pronunciarse en sentencia. La misma decisión ha adoptado sobre la licitud de los registros y de la documentación remitida por Andorra, que formarán parte del fallo que se dicte para condenar o absolver a los miembros de la familia Pujol.

Salvo la aceptación de los testigos, la única cuestión previa que ha admitido el tribunal ha sido corroborar la competencia objetiva de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos, no solo por la posición ya avalada en distintas resoluciones por el tribunal, sino también porque los delitos que se juzgan pudieron haberse cometido en el extranjero. La fortuna, cuyo origen se considera ilícito por las acusaciones, estaba en Andorra y se trasladó una parte a Panamá. Además, el primogénito del matrimonio Pujol Ferrusola disponía de sociedades en México o Argentina.

Pese a que los acusados están eximidos de personarse en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) varios de los hermanos Pujol han acudido, como Jordi, Oleguer, Pere y Marta Pujol Ferrusola, así como dos de los 10 empresarios acusados.

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